Telemaratones solidarios y neoliberalismo caritativo

Hace años la solidaridad de mercado se medía en base al dinero recaudado en los telemaratones, hoy parece computarse a partir de la cantidad de bolsas de comida que pueden donarse a las organizaciones asistencialistas. 

La globalización de la pobreza. Ramiro y Romero. Viento Sur. 10.07.2013.

Las extensión de la pobreza y la desigualdad en las Islas no son fenómenos nuevos consecuencia de los últimos cinco años de crisis. Ya existían en la época en que el Archipiélago crecía y generaba empleo. Entonces su mera existencia era un claro indicador de que había perdedores en el proceso de crecimiento económico. Sí, se creció y se generó empleo pero de forma desigual e injusta debido a la particular estructura productiva de las Islas y a las relaciones de poder que la hacían posible. Lejos de crear las condiciones para mitigar esas anomalías, el gobierno de Canarias y demás instituciones aplicaron diligentemente políticas que ignoraron dicha problemática.

Ahora, las reformas impuestas desde las instancias europeas y españolas han contribuido a que florezcan las bolsas de pobreza y desigualdad en las Islas, ocultas durante la etapa de euforia. Pero el seguidismo practicado por parte del gobierno canario en la aplicación de la ortodoxia neoliberal en su política económica, capaz de alardear de ser la comunidad española que mejores resultados obtenía en la aplicación del objetivo de déficit impuesto por Hacienda, lo que no era más que la manifestación de la envergadura de los recortes, han favorecido el deterioro de la situación social en la región. Interpretar el problema de la pobreza y la desigualdad en las Islas como resultado exclusivo de las decisiones tomadas desde el gobierno nacional o europeo, tal como intenta hacernos creer el grupo de gobierno regional (CC-PSOE), es una burda simplificación de este fenómeno que responde a intereses partidistas y no contribuye a entender el problema para solucionarlo.

La pobreza y la desigualdad en Canarias son la consecuencia del paro masivo y de larga duración; de los recortes en los subsidios de desempleo; de la ausencia de una política de atención social solvente que no fuera considerada por sus promotores como un engorro; de una especialización contraproducente de la economía regional en actividades de bajo valor añadido; de la transformación en norma de los llamados trabajadores pobres (los que teniendo trabajo gozan de condiciones laborales precarias sometidos al poder negociador de la patronal); de la supresión de servicios públicos esenciales que han pasado a ser prestados por entidades privadas, con la consiguiente merma de calidad y aumento de tarifas; del desarme deliberado de la educación y la sanidad pública; de la aplicación insuficiente, mal y tarde de la Dependencia; de la configuración de un sistema fiscal regresivo y escasamente recaudador; del enorme poder que han logrado atesorar grupos concretos de la economía canaria; del uso indiscriminado de nuestro limitado territorio como sumidero de residuos.

Todas estas dinámicas responden a una lógica concreta de esta nueva etapa del capitalismo; el debilitamiento de las clases trabajadoras, la mercantilización de aquellas parcelas esenciales de la vida humana que quedaban al margen del mercado y la aceptación alegre y acrítica de que el crecimiento económico nos salvará. Canarias no es ajena a estas dinámicas y sus gobiernos, comandados por CC en los últimos veinte años, pero en los que han participado también el PP y el PSOE como socios, han hecho muy poco por contrarrestarlas.

El pasado 28 de octubre se dieron cita diferentes personalidades del mundo de la política, los medios de comunicación y las entidades financieras para decidir que el 21 de diciembre se celebrará, una vez más, el Telemaratón Solidario. De ello se congratularon los alcaldes presentes con los vicepresidentes insulares, estos con los presidentes de entidades financieras, aquellos con los responsables de los medios de comunicación y los presidentes de cabildos allí presentes. Es de un enorme cinismo que desde las instituciones públicas y los medios de comunicación (muchas veces voceros de estas dinámicas) se exhorte al ciudadano a participar solidariamente en eventos de carácter compasivo como el que se celebrará ese día. Lo es porque los individuos que toman las decisiones en esas instituciones públicas (con un mandato claro de representarnos) en connivencia con los grupos económicos de mayor influencia, son, precisamente, los que se han encargado de desmantelar las redes de protección social que debería garantizar un Estado social y de derecho fuerte y solvente. Su cometido es la reversión de las dinámicas de exclusión que genera este capitalismo, no prolongarlas.

Obviamente vale más un poco de solidaridad que ninguna, aunque esta se ejecute dentro del marco del neoliberalismo caritativo, que, por otro lado, contribuye a no modificar en los sustancial las dinámicas de generación de desigualdad y pobreza. Pero ¿Realmente puede paliarse la pobreza y la desigualdad en las Islas mediante campañas caritativas y asistencialistas? El hecho de que el evento se celebre por quinta vez es un claro indicador de que se consolida en Canarias un entorno de convivencia profundamente injusto que no deberíamos permitir. ¿No será que lo que se pretende es rentabilizar electoralmente la pobreza y la desigualdad en las Islas o, al menos, apaciguar las conciencias de los que sí tienen con la pertinente dosis de compasión, medida por el volumen de donativos aportados? ¿Se puede revertir la pobreza y la desigualdad en las Islas sin poner las bases de un cambio en el modelo productivo regional, sin modificar una ley electoral de las más injustas del territorio nacional, sin limitar los privilegios de la élite económica de la Islas, sin modificar, en fin, las actuales bases de convivencia en el Archipiélago?

¡Cuánta cantidad de solidaridad se regalará ese día! Será mucha porque los canarios sabemos colaborar y cooperar cuando la situación así lo exige. Aquí no se cuestiona el carácter solidario de los canarios, tan necesario ante la emergencia social presente. Pero tras la fanfarria, las luces que iluminarán el decorado de la Plaza de España y los regalos donados, los factores que expanden la pobreza continuarán actuando de forma implacable. Y el gobierno encargado de sujetarlos seguirá mirando para otro lado.

La vacuidad de los discursos políticos

El presidente ha lamentado también el auge “perverso” de la construcción en los años anteriores a la crisis, ya que muchos jóvenes abandonaron la formación por salarios elevados y ahora eso supone un “lastre importante” para su reincorporación a la vida laboral. 

EFE. 26.11.2013. 

Los que estuvieron presentes en la jornada de inauguración de la Semana de las Enseñanzas Profesionales 2013 en Gran Canaria pudieron certificar una vez más el nivel de hipocresía y cinismo lanzado en los discursos políticos. En el evento de apertura estuvieron como ponentes Paulino Rivero y José Miguel Pérez, Presidente y Vicepresidente del gobierno canario. Estos no escatimaron en enumerar obviedades; que si reconocimiento institucional a la labor de los profesores en un contexto de escasez de recursos y polémica educativa; que si el trabajo de este colectivo es enorme porque permite a mucha gente aprovechar oportunidades; que si la formación es clave para explotar las nuevas oportunidades de la economía canaria; que si lamentos por el auge excesivo de la construcción en los años previos a la crisis….Discursos todos ellos políticamente correctos, donde la autocrítica está ausente y la dosis de sentimentalismo es alta. Aquí ya hablábamos de la inanidad y falsedad de esos discursos y la evidente contradicción con las decisiones que finalmente se toman.

Desconocemos si estas homilías son preparadas por su equipo de asesores o son cosecha propia. Es algo que siempre nos hemos preguntado, si los políticos se creen los alegatos que lanzan en cada acto público o si lo toman como un simple trámite que deben cumplir porque, en el fondo, el contenido de los mismos les resbala. En cualquier caso, resulta inevitable sentir vergüenza ajena cuando escuchas al Presidente y Vicepresidente de la autonomía canaria hablar sobre educación, empleo y oportunidades en cualquier foro en el que tienen que estar por protocolo, porque les invitan o porque les da la santa real gana.

Y sentimos indignación porque adoptan una y otra vez una posición tan desprendida sobre los temas objeto de sus discursos que parece que la realidad no va con ellos. Parecen vivir en un espacio paralelo donde todo es ideal y de color de rosas. Como si acabaran de aterrizar en sus puestos respectivos de responsabilidad y se encontraran de frente con el desaguisado. Como si la penosa situación actual no fuera consecuencia de sus propias decisiones tomadas durante años. La clase política en general pero en particular la canaria, ha llegado a un nivel de cinismo y desidia que cuando hablan se refieren a los problemas que afectan al ciudadano como algo extraño a ellos mismos. Una pena porque su fingimiento contribuye en buena medida al desprestigio de la política, justo en un momento donde hace falta más política que nunca para salir del atolladero en el que nos han metido.

Cuando nuestros políticos hablan de oportunidades, empleo y formación ¿de qué hablan realmente sino de su propio fracaso como gestores de la cosa pública dada la situación de deterioro en las Islas, precisamente, del empleo, las oportunidades o la formación de los canarios? ¡Pero si son ellos los que han recortado en educación! ¡Son ellos los que no garantizan la igualdad de oportunidades porque son incapaces de quebrar el círculo vicioso que va de la desigualdad social a las diferencias educativas! ¡Son ellos los que crearon por acción u omisión el monocultivo productivo basado en la construcción y el turismo de masas en las Islas! ¡Son ellos los que han dejado de avanzar en políticas alternativas factibles, más democráticas y más inclusivas!

Hay quienes piensan que escuchar a nuestros políticos hoy es un acto de autoflagelación. Pero si hemos llegado a ese pensamiento es porque los políticos y los que están tras ellos nos han vencido en la guerra de convertir la política en un espacio personal de aprovechamiento privado, tal y como demuestra la corrupción estructural que hoy campa a sus anchas. Nosotros nos negamos. Más que nunca, hoy resulta básico desmontar sus palabras y sus intenciones si queremos reclamar, no ya otros políticos, sino otro tipo de política. La que se hace hoy solo crea malestar.

Canarias deja atrás la recesión

Es muy difícil creer en el mensaje optimista que intenta hacer llegar el gobierno porque el campo de análisis sigue estando estrechado artificialmente: incluyan indicadores sociales fiables, solventes, y entonces podremos empezar a hablar de la salida de la crisis. 

Las salidas estadísticas de la crisis. Soledad Gallego-Díaz. El País. 08.09.13 

Era cuestión de tiempo que los principales grupos de poder en el Archipiélago se apuntaran al economicismo de moda a nivel nacional, declarando la salida de la recesión también en Canarias. Eso han hecho hace unos días las patronales provinciales de las Islas, certificando que la economía canaria crecerá en el tercer trimestre del presente año un +0,3%. Siguiendo su juego, tanto el gobierno como las propias patronales y demás agentes llevaban tiempo pregonando que Canarias iba a salir de la crisis antes que el resto del Estado español. Al final ha resultado que lo hemos hecho al mismo tiempo, durante el tercer trimestre del 2013.

Sin embargo, la teoría económica establece que una economía sale oficialmente de la recesión cuando se registran dos trimestres consecutivos de crecimiento positivo. ¿Se han registrado dos trimestres consecutivos de crecimiento en la economía canaria? Aún no. La variación intertrimestral del PIB regional en el Archipiélago fue del 0,0% para el primer trimestre de este año y de -0,1% para el segundo. Para el tercer trimestre los datos de la contabilidad trimestral de Canarias aún no han sido publicados por el ISTAC. La pregunta entonces es por qué interesa decir que Canarias ha salido de la recesión cuando técnicamente aún no se ha producido dicho efecto y cuando la propia patronal de Tenerife dice que cerraremos el año con un -0,4% de crecimiento. La respuesta hay que buscarla en la exaltación reiterada del concepto de crecimiento económico como solución divina a nuestros problemas. Ese debate contribuye a limitar el entendimiento de la problemática económica. El crecimiento económico no nos salvará de esta crisis porque hay evidencia suficiente que muestra que aunque se crezca no se crea empleo. Aunque se incremente el PIB regional no mejorarán con suficiencia ni los niveles de pobreza ni los de desigualdad ni los niveles de retribución del factor trabajo. Asimismo, más crecimiento económico implica mayor deterioro medioambiental, lo que en un territorio limitado como el de Canarias, que vive de sus privilegiados parajes, significará profundizar en la crisis ecológica que subyace a la económica.

Decía la economista Miren Etxezarreta en el encuentro Otra economía está en marcha, celebrado en Madrid los pasados días 15 y 16 de noviembre, que una sociedad no debería permitir ningún tipo de expresión de pobreza o desigualdad. Las ansias de contabilizar estos fenómenos son aceptables pero una sociedad sana y digna no debería admitir por principios ni un solo individuo con carencia de recursos, poniendo los medios para mitigar con celeridad este tipo de situaciones.

El anuncio de la salida de la recesión por parte de las patronales canarias se produce al mismo tiempo de la publicación, por parte del INE, de su Encuesta de Condiciones de Vida para 2012. En ese informe se indica que el nivel de pobreza en las Islas continúa en un porcentaje elevadísimo, un 33,2%, nada menos que 11 puntos por encima del indicador medio español. Pero hay otros datos que muestran que la situación económica de las familias canarias continúa deteriorándose; Canarias es la región española con mayor número de hogares sin capacidad para hacer frente a imprevistos (65,1% del total); el ingreso medio de los canarios se ha reducido un 7,66%, la tercera región española con un indicador tan bajo; el 54,8% de las familias canarias no tienen capacidad para irse una semana de vacaciones fuera de casa, la cuarta tasa más alta de España; el 15,1% de los hogares isleños reconocen que se retrasan con frecuencia en el pago de las obligaciones que implica la vivienda, la tercera región con el indicador más alto.

Recordemos, además, que el indicador de desempleo de la EPA, correspondiente al tercer trimestre, mostraba que durante la mejor época para crear empleo, se perdieron nada menos que 22.000 puestos de trabajo en el Archipiélago. La mayor subida de todo el territorio nacional. Y eso en un año donde el sector turístico, presuntamente el sector con mayor capacidad para absorber el déficit de empleo, se comporta como nunca. La propia patronal tinerfeña augura que en el último trimestre del presente año se batirán todos los récords de llegada de turistas. 

En este contexto, decir que hemos dejado atrás la recesión es un debate estéril para el ciudadano. Salvo que queramos continuar jugando a las estadísticas y glorificar incrementos imperceptibles de un indicador con muchas limitaciones como es el PIB, que representa muy poco la situación real de los canarios y contribuye a ocultar la acumulación de riqueza de los principales grupos sociales con mayor poder en las Islas.

Hacia el asistencialismo

Cada vez son más las organizaciones que critican la ayuda social basada en la caridad. El argumento es que crea una relación desigual y no implica necesariamente la puesta en cuestión de un sistema que se muestra incapaz de asegurar a la población sus derechos básicos 

Caridad, no gracias. Paz Vaello. El Diario. 18.11.13.  

En la política presupuestaria se puede gastar menos que es por lo que ha optado el Gobierno de este país desde hace tres años, con el argumento dogmático de que la austeridad traerá confianza y esta crecimiento y empleo. Pero también hay otras alternativas. Se puede optar por ingresar más, subiendo impuestos a las rentas más altas, creando nuevos tributos, impulsando la actividad económica, etc. Y también se puede elegir gastar mejor, analizando en profundidad cómo se gasta, en qué se gasta, si el gasto realizado tiene efectividad en términos de empleo, etc.

Padylla

Las decisiones sobre la configuración de un presupuesto autonómico competen a quien lo construye y ejecuta, en este caso el gobierno de Canarias. Está claro que esos presupuestos están sujetos a restricciones que no se pueden obviar; la crisis general que padecemos es una restricción; los recortes en los recursos transferidos a la Autonomía desde el Gobierno Central en virtud de la política de financiación pactada, es otro. Sin embargo, es la Autonomía la encargada de dotar sus cuentas de una filosofía más social o restrictiva, al ser esta la que decide en qué áreas se invierte, qué se subvenciona, en qué sectores se gasta más, en qué áreas se debe ingresar adicionalmente,...

En definitiva, el Gobierno de Canarias por medio de su Consejería de Economía y Hacienda y demás agentes políticos que participan en la configuración del presupuesto, pueden paliar o corregir, al menos en parte, las decisiones antisociales que provienen desde Madrid. ¿Qué política presupuestaria se sigue en las Islas? ¿Se gasta menos porque se recorta igual que a nivel nacional? ¿Se toman medidas para ingresa más? ¿Se analizan los flujos de gasto para confirmar si se está gastando bien y si hay margen para gastar mejor? A nuestro juicio, en Canarias se aplica una política similar a la desarrollada por el Gobierno central en el territorio nacional, una política basada en el recorte con escasa sensibilidad hacia las cuestiones sociales.

Esto explica los diferentes recortes del gobierno autonómico a las ayudas que reciben organizaciones sociales que hacen una gran labor de cobertura y amparo en las Islas. Recortes que no son los primeros; que entre 2009 y 2013 se haya recortado hasta un 64% la aportación de recursos públicos al sector público empresarial; que la Prestación Canaria de Inserción se esté incumpliendo; que Canarias sea la segunda comunidad con peores servicios sociales de España y la cuarta que más ha recortado su gasto en esta materia en los últimos cuatro años; la paralización de la inversión pública en infraestructuras sociales como hospitales mientras se siguen impulsando otras menos perentorias; que desde determinados sectores sociales se acuse al gobierno del Archipiélago de insuficiente compromiso con la cooperación.

Ahora el Gobierno de Canarias ha publicitado con gran bombo que los presupuestos de 2014 aumentan el gasto en políticas sociales y empleo. De este modo, crece el gasto en asistencia sanitaria y salud pública, el de acción social, el de vivienda y el de empleo. ¡Ojo! Esto es cierto. Pero el aumento en los presupuestos no se efectúa mediante un incremento en los ingresos públicos derivado de un crecimiento de la presión fiscal de los que más tienen en nuestra región, o de una lucha contra las enormes bolsas de fraude y la economía sumergida existentes. Esto sería lo lógico para garantizar la equidad, la justicia social y también la consolidación de dichas políticas. No. Se hace por medio del endeudamiento.

Una decisión perversa porque se pretende atender necesidades sociales de primer orden generando mayor deuda y, por tanto, mayor pago en concepto de intereses. Esto implica que el mantenimiento, la duración y en su caso la expansión de dichas políticas, ante la crítica situación del Archipiélago, dependerá de lo atractivas o no que sean las condiciones de financiación para Canarias. ¿No sería más sensato tomar esta decisiones con un poco más de legitimidad o al menos consensuarlas mejor?

La desatención de las políticas sociales y los presupuestos restrictivos por parte del gobierno canario no son dinámicas nuevas, es coherente con su ideología y con los años que gobernó la autonomía con el Partido Popular. Pero deja en mal situación a su actual socio en el gobierno, el PSOE, presuntamente más sensible a paliar las desigualdades y la pobreza en las Islas. Pero visto lo visto, todos sabemos ya desde hace tiempo que las políticas de izquierdas en el Archipiélago brillan por su ausencia.

Al igual que en el resto de España, se consolida en Canarias un nuevo modelo de convivencia basado en el asistencialismo. El sector público autonómico se desentiende de sus obligaciones sociales para con los sectores más vulnerables a la crisis y luego reclama caridad y solidaridad a los demás por medio de telemaratones y demás artefactos mediáticos de cariz compasivo. Se ensalza así la caridad y el asistencialismo pero no se pone en cuestión las dinámicas estructurales de generación de pobreza y desigualdad en las Islas. En una sociedad como la canaria, que aún en épocas de bonanza económica registraba indicadores de desigualdad y pobreza estimables, esta política puede ser fatal.

Prestige; la catástrofe que nunca existió

¿Cómo hablarle de derechos medioambientales, de responsabilidad en el uso de los recursos naturales, de estado de derecho, si el triste paisaje del chapapote en Galicia, de la negra marea de las minas de Aznalcóllar no ha recibido siquiera el más mínimo reproche penal en los tribunales de justicia? 

 Justicia y Gobierno ‘chapapotean’. Concha Caballero. El País. 17.11.13.  

Parece que a muchos ha sorprendido que el vertido de más de 77.000 toneladas de fuel frente a las costas gallegas provocado por el petrolero Prestige en noviembre de 2012, haya quedado impune. Como antídoto ante semejante desafuero es buen ejercicio revisar las hemerotecas. La historia está plagada de catástrofes ambientales y ecológicas provocadas por transnacionales que, o bien han quedado exentas de castigo, o la sanción que se les impuso fue despreciable dada la potencia económica y financiera de las compañías responsables. Algunos se agarran al principio de que quien contamina paga. Enarbolan una presunta legislación ambiental punitiva que permite resarcir el daño ecológico provocado por catástrofes. Pero ese principio es en sí mismo una burla. Primero porque la habilidad de las compañías les permite dar la vuelta al precepto, contaminando tanto como exija su estrategia de obtención de beneficios asumiendo luego unas multas irrisorias. Y en segundo lugar, porque el daño ecológico producido por una catástrofe incorpora intangibles que no pueden valorarse monetariamente. Reducir a esquemas económicos la fulminación de un paisaje es una trampa del propio sistema en el que vivimos que pretende circunscribir todo a la esfera monetaria. ¿Lo económico puede sustituir el menoscabo de la biodiversidad o la desaparición de por vida de un paraje?

Valgan dos ejemplos recientes para apuntalar la reiterada irresponsabilidad ecológica que sufrimos:

Gallego & Rey

En abril de 1998 una brecha de 50 metros de ancho se abrió en la balsa de la empresa Boliden. Contenía unos seis millones de metros cúbicos de residuos procedentes de su actividad minera (aguas ácidas, metales pesados, etc). La balsa estaba situada en las inmediaciones del Parque de Doñana y el río Guadiamar. El vertido alcanzó una superficie de 4.634 hectáreas repartidas por nueve municipios de la provincia de Sevilla. Las Administraciones Públicas se encargaron de la limpieza de casi el 80% de los lodos tóxicos. Boliden solo del 20% restante. Después de más de 15 años de pleitos y litigios entre la compañía y la Junta de Andalucía el problema fundamental, al parecer, fue encontrar un culpable de la catástrofe. Sorprendente pero real.

Se agotaron sin éxito las vías civil y penal. Finalmente, el Alto Tribunal eximió a Boliden de pagar casi 90 millones de € que la Junta de Andalucía le reclamaba vía administrativa por la limpieza del vertido tóxico. Durante todo el proceso la multinacional cerró la mina. Se produjeron más de 400 despidos y presentó un ERE en el 2002 con prejubilaciones. Dos terceras partes del coste fue asumido por la Junta. A día de hoy, lo único cierto son dos cosas: nunca sabremos con certeza el enorme impacto ecológico que tuvo el vertido sobre el medio natural (del que la zona afectada aún se recupera hoy) y que la catástrofe ha quedado impune.  

El otro ejemplo es aún más reciente. En Septiembre pasado la plataforma gasista Castor, de la empresa Escal UGS, propiedad a su vez de ACS, inyectaba gas en el lecho marino frente a la costa de Vinarós. La finalidad era utilizar como almacén de gas un antiguo depósito de crudo hoy vacío. Hay suficiente consenso para pensar que esas inyecciones han sido la causa de la sucesión de seísmos producidos en los meses de septiembre y octubre. Unos seísmos que a buen seguro han provocado fisuras en las profundidades marinas y consecuencias incalculables para la desaparición de especies y la biodiversidad de la zona.

Aunque los trabajos están paralizados y la fiscalía de Castellón ha iniciado una investigación, somos escépticos de que se responsabilice a la compañía de provocar los temblores. De hecho, el proyecto está blindado legalmente en origen, de tal forma que si se paralizan los trabajos de la compañía será el Estado el que tendrá que asumir el coste económico del proyecto, unos 2.000 millones de € hasta el momento. Es más, el Tribunal Supremo ya ha desestimado un recurso del Ministerio de Industria dirigido a anular la cláusula que le obligaba a asumir el coste de la paralización del proyecto. Por tanto, no solo no se imputan responsabilidades a quien daña el medio ambiente sino que la destrucción provocada la termina sufriendo la sociedad.

Somos víctimas de una irresponsabilidad ambiental organizada en la sombra por las compañías y admitida sumisamente por los Estados. Otras veces son los propios Estados los promotores de esa injusticia ambiental. Informes de impacto ambiental fraudulentos, incumplimientos legales, opacidad, incorporación de cláusulas contractuales que eliminan el riesgo operativo a las compañías y aseguran su actividad, ausencia de aplicación del principio de precaución, etc, lo demuestran.

Dos son las causas que a nuestro juicio favorecen estas cuestiones:

Greenpeace

La primera es que ni los tribunales, ni los gobiernos, ni buena parte de la ciudadanía, ni mucho menos las compañías multinacionales tienen interiorizado que el principal damnificado de este modelo económico es el medio ambiente donde se ejecutan las actividades productivas. La naturaleza se sigue utilizando como un contenedor de residuos sin límite, un sumidero con capacidad infinita para metabolizar los detritus que genera la actividad humana. En definitiva, un depósito capaz de ocultar los costes del desarrollo económico. Un desatino.

En segundo lugar, es necesario reiterar que hoy día las compañías transnacionales disponen de mucho más poder que los propios Estados. Su influencia es tal que se sirven de ellos para alcanzar sus intereses, para controlar las reglas del juego económico, para engordar sus cuentas de beneficios, para alargar hasta la saciedad procesos judiciales abiertos contra ellas por diferentes motivos. Cuanto más débiles sean los Estados, más se consolidará el dominio de las transnacionales. Mientras no exista una normativa legislativa global contra las agresiones del medio ambiente y unas instituciones con el mandato claro de aplicarla con firmeza, es difícil que se logre responsabilizar a las transnacionales de su violencia ambiental. ¿Qué tiene que decir la UE respecto al caso Prestige, esa UE presuntamente protectora del medio ambiente?

Para resolver estas dinámicas, no basta con garantizar el derecho del ser humano a un medio ambiente libre de residuos. Si la actividad económica continúa desarrollándose bajo el mandato de este capitalismo con ansias ilimitadas de beneficios y que considera a la naturaleza como un apéndice, continuaremos en las mismas. Es urgente otra economía y otra forma de actividad económica que privilegie el respeto por la naturaleza. Igual que es impostergable un nuevo sistema político que esté al servicio del ciudadano y no sea susceptible de manejo interesado de grupos oligárquicos.