martes, 30 de junio de 2015

La comunidad del anillo (insular)


No, no es ese mercado el que hace que se reclasifiquen unos terrenos y no otros, que se promuevan aeropuertos sin aviones u otros proyectos extravagantes o absurdos, sino personas muy concretas con poder para lucrarse de ello. 


Los empresarios de la isla de Tenerife han cerrado filas contra el nuevo trazado del anillo insular propuesto por el Gobierno de Canarias. Dicen que el nuevo diseño es antiecológico porque transcurrirá por el espacio protegido del malpaís de Santiago del Teide, lo que es una aberración y agresión al medio ambiente (Delgado, exconsejero de carreteras del Cabildo, dixit). La negativa a este nuevo discurrir del proyecto también la han dado los alcaldes de los municipios del sur de la Isla por donde pasa dicha infraestructura. Tiene sorna. Después de recortar los límites de la Reserva Natural Especial de El Chinyero para encajar la trayectoria del tramo norte del anillo insular, el que discurre entre Icod de los Vinos y el Tanque, nuestros representantes y el poder económico en la sombra que les maneja recurren al aspecto medioambiental para rechazar la alternativa. ¡Menos cinismo, por favor!

El verdadero temor de ambos actores es otro y ellos mismos lo han reconocido. Radica en que, de aceptar lo planteado por el ejecutivo regional, la nueva trayectoria exigiría comenzar de nuevo toda la tramitación del proyecto. Esto junto al rechazo que previsiblemente generaría dicho itinerario entre los movimientos ecologistas, retrasaría su construcción casi una década más y con ello la obtención de plusvalías. Por tanto, vemos que en realidad a lo que temen nuestros más conspicuos empresarios y parte de la pléyade política que nos gobierna es a lo mismo de siempre, las leyes que protegen nuestro territorio, el paquete de normas cuyo cumplimiento ha garantizado que la situación ambiental de Canarias no sea mucho peor de lo que es. De ahí las apelaciones a eliminar la COTMAC que oímos, por parte de empresarios y políticos, durante la campaña electoral o a simplificar (léase eliminar) la normativa que protege nuestro entorno. Con ello, esta clase de empresarios terminarían por destruir y mercantilizar una riqueza que no les corresponde, la riqueza medioambiental y paisajística de las Islas.

La unanimidad de criterios entre los políticos y la clase empresarial nos permite hablar sin tapujos de la comunidad del anillo. Una sociedad cuya formación no es nueva y que les agrupa en torno a la defensa del cierre del anillo insular por medio del proyecto aprobado en 2009, el que discurrirá entre El Tanque y Santiago del Teide por el interior de la montaña de Erjos. Un megaproyecto con una inversión prevista de unos 400 millones de euros (antes de sobrecostes e imprevistos). La plena complicidad entre políticos y empresarios de cara a promover este tipo de actuaciones es la primera condición que observa el profesor Naredo para que un megaproyecto se haga realidad. Una cooperación que se ha dirigido a la eliminación de otras alternativas posibles, a bombardear los debates sensatos e independientes, o a utilizar como arma arrojadiza esa idea de que el Gobierno central ha reducido el convenio de carreteras plurianual con Canarias. Es cierto que el convenio se ha dinamitado pero eso no da vía libre para que se acometa una infraestructura de dudosa necesidad social.

Dice el profesor Naredo que la clave del negocio de los megaproyectos constructivos pasa por inflar todo lo posible los presupuestos de obras o equipos suministrados. Con semejante nivel de presupuesto (insistimos, 400 millones de €, lo que es una estimación que no considera sobrecostes y eventualidades) solo falta una institución política que avale el proyecto declarándolo de interés general. Las constructoras y agentes económicos beneficiarios de dicha obra se asegurarían, así, acometer un proyecto con riesgo cero y con muchas opciones de exceder el presupuesto previsto, mientras las Administraciones pagan el coste con el dinero de todos los contribuyentes. La negativa de los empresarios de la construcción también es ilustrativa. Pues bien, a conseguir que el Gobierno central declare de interés general la obra, se afana, desde hace un tiempo, la institución central de la Isla, el Cabildo. Una corporación que se parece más al lobby de los empresarios que a la expresión de la soberanía popular en la Isla.

Con ello, al decir de Naredo, se oculta un juego de suma cero, en el que el lucro y las plusvalías obtenidos por algunos, han de acabarlos pagando otros.Y esto ocurre en plena constatación de que los megaproyectos constructivos han supuesto un ingente despilfarro de dinero público con gran coste medioambiental y social, además de crear el caldo de cultivo para que la corrupción brote por doquier. Nuestros políticos y empresarios, se arman de un lenguaje novedoso (perverso) para vender sus decisiones pero siguen impulsando el mismo modelo productivo. No quieren cambiarlo. Les reporta grandes réditos políticos y económicos.

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