Oleg Naydenov, segundo aviso

El hundimiento del pesquero ruso Oleg Naydenov, a unas quince millas de la costa sur de Gran Canaria, es el segundo aviso que reciben las Islas en relación a las consecuencias que podría tener un vertido de hidrocarburos sobre el territorio canario. El primero fue el derrame de fuel producido en la playa de El Cabrón, también en Gran Canaria, el pasado 16 de julio de 2014. Con todo el asunto de las prospecciones de Repsol frente a Lanzarote y Fuerteventura, pensamos, con razón, que un posible vertido vendría por esa vía. Y quizás, nos olvidamos de situar el foco de atención con igual intensidad sobre otras prácticas que también implican un riesgo enorme y permanente de vertido.

Es el caso del tráfico de buques contenedores que navegan a diario entre Tenerife y Gran Canaria o entre la isla redonda y Fuerteventura (casi 6.000 en 2013); o las tareas de carga y descarga de hidrocarburos que se hacen, a menudo y sin posibilidad de detección, en aguas cercanas al Archipiélago con buques gasolineras; o las actividades de reparación, limpieza o desguace de barcos que se efectúan en los mismos puertos canarios; o el mero transporte, carga y descarga en las Islas del petróleo que tratamos para consumo interno. Todas ellas prácticas propias de una sociedad que basa su supervivencia y progreso en la quema de combustibles fósiles, pero a las que no se les presta un seguimiento y un control más preciso. Algo impropio de una sociedad que vive de sus virtudes paisajísticas. Quizás, si Canarias avanzara hacia una sociedad asentada sobre renovables esos riesgos podrían (solo podrían) ser menores. Pero en todo caso parece que no hay suficientes controles, seguimientos o garantías, dados los errores cometidos en el caso del hundimiento del arrastrero ruso.

Mancha del 'Oleg Naydenov' vista desde el espacio. (EUROPA PRESS)

En septiembre de 2013, en relación a un hipotético vertido derivado de las prospecciones frente a las Islas orientales, nos preguntábamos sobre los planes de contingencia que el gobierno de Canarias tendría preparado para prevenir un hipotético derrame de crudo. Nos cuestionamos también cuáles serían las estrategias a aplicar para minimizar el impacto ambiental en caso de accidente grave. Y, más aún, si estaban claros los protocolos de coordinación entre las administraciones locales y centrales para reaccionar con garantías frente a un derrame de hidrocarburos. Y si algo ha quedado claro con estos dos avisos, es que la capacidad de reacción y de coordinación de las Administraciones no solo es limitada sino que, además, es totalmente insuficiente para afrontar sus consecuencias, pudiendo agravarlas de forma irreversible. Y si hay descoordinación es probable que sea compleja la posibilidad de combatir y evitar que se repitan catástrofes como las ocurridas, y con ello lo más importante, asignar responsabilidades.

Una vez más hay que lamentar perjuicios ambientales puesto que el hundimiento se ha producido en una zona de alto valor ecológico. Pérdidas irreversibles donde la biodiversidad se verá seriamente dañada porque la zona es un corredor migratorio para multitud de cetáceos y aves marinas. Pero al fin y al cabo daños accidentales en una guerra, la de la búsqueda y explotación de combustibles fósiles, que se libra a diario y de la que Canarias no es ajena. Ni al Gobierno autonómico ni al central parecen preocuparles demasiado estas pérdidas siempre y cuando no se vea afectado el sacrosanto sector turístico. Y este es otro gran problema, considerar el deterioro medioambiental como daños colaterales es reconocer y aceptar de antemano una distribución desigual de los quebrantos que conlleva un sistema económico como el actual, donde se carga a la naturaleza con los costes necesarios para su funcionamiento.