domingo, 26 de abril de 2015

Informes técnicos: una herramienta al servicio de la tecnocracia


Hay algo que siempre me ha llamado la atención, y es que en España no es habitual que antes de emprender una obra pública se reflexione sobre ella, sobre los costes y beneficios. Sobre eso que llaman vertebración del territorio, que por otra parte me suena a naftalina franquista... pero bueno, comprometer miles de millones de euros y que no hagas un análisis coste-beneficio y lo compares con otras alternativas de transporte es una barbaridad.  


En una viñeta visionaria de El Roto, publicada en febrero del año 97, dos personas, que podrían ser dos políticos, hablan alrededor de una mesa. El que está sentado a la izquierda le dice al otro: el tema es muy complicado, necesitamos la opinión de un experto. A lo que le responde el de la derecha: de acuerdo, ¿a favor o en contra?.

Nos ha venido a la mente esta viñeta después de leer una noticia en la que se indica que un informe elaborado por un grupo de expertos, a petición del Cabildo de Tenerife, advierte de que el Aeropuerto Tenerife Sur está saturado y urge su ampliación. Según esta noticia, el informe concluye que ante la ausencia de espacio y servicios y el crecimiento del número de usuarios, es preciso poner en funcionamiento la segunda terminal del aeropuerto, ya construida, crear un nuevo edificio con este mismo fin e incrementar el campo de vuelo con la construcción de la segunda pista.

Estas son viejas demandas del Cabildo y del aparato empresarial tinerfeño, que hábilmente ha logrado influir en las decisiones de inversión de la máxima institución de la isla picuda. De lo contrario, no se entiende que obras tan caras e impactantes medioambientalmente como el puerto de Granadilla, las diferentes fases del anillo insular o determinados puertos deportivos, hayan salido adelante a pesar de la crisis, de la ausencia de una justificación solvente de su necesidad, y de la manifiesta existencia de otras exigencias sociales de mucha mayor urgencia.

Ampliación de la Terminal del Aeropuerto Tenerife Sur
Tal como indica el profesor Javier Díaz-Giménez en un reportaje sobre el AVE, en España no es nada común reflexionar y pensar sobre la idoneidad de determinadas obras públicas antes de acometerlas. En Canarias conocemos muy bien esta carencia que intenta apuntalarse con apelaciones más o menos directas a un concepto de progreso muy discutible. También, como es el caso, con informes ad hoc, sesgados desde el punto de vista economicista y que dejan fuera del análisis determinadas preguntas cuya no formulación es gravísima. Con ello estos informes se convierten en instrumentos al servicio de la tecnocracia económica y política.

Es penoso que después de una crisis como la que estamos sufriendo, en cuya base se encuentra una burbuja inmobiliaria y de infraestructuras que ha orientado de forma perversa los caudales públicos hacia el enriquecimiento de unos pocos, se sigan utilizando estas estrategias. Estos proyectos de gran presupuesto y afección ambiental grave, máxime en un territorio limitado como el Archipiélago, requieren de un consenso muchísimo más amplio que la simple aquiescencia de una parte pequeña pero muy influyente del empresariado canario. De hecho, este modo de proceder está muy vinculado a determinadas prácticas corruptas, que explican la supervivencia de este tipo de proyectos, dejando en mal lugar la calidad de la democracia que padecemos.

Urge un debate, lo más amplio e interdisciplinar posible sobre la viabilidad, desde el punto de vista económico, social y ambiental, de la ampliación del aeropuerto Tenerife Sur. ¿Queremos atraer a un mayor volumen de turistas o trabajar para que los que llegan en la actualidad, que ya son muchos, gasten más y mejor? ¿Es necesaria una tercera pista en Tenerife cuando existen otras necesidades sociales urgentes? ¿Qué pasa con la capacidad de carga del territorio si abrimos otra vía de entrada a la Isla? Hacen falta menos informes técnicos sesgados e involucrar más a la ciudadanía en una discusión pública y honesta sobre estos asuntos.

El Cabildo, como máximo garante de las necesidades de los ciudadanos tinerfeños, debería ser la institución que defendiera este enfoque de la obra pública. Pero los hechos revelan que lejos de estar preocupado por las necesidades de la gente común, le importa más satisfacer las necesidades de un parte del empresariado canario. Una injusticia que demuestra que no se gobierna para el pueblo sino para un sector muy concreto de este.

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