lunes, 10 de noviembre de 2014

Canarias y la desmesura de sus desperdicios


Ética como encubrimiento: los problemas sociopolíticos se redefinen como cuestiones personales para condenar a la impotencia a los individuos aislados. (…) ¿Lo que nos pide la ética es separar la basura en contenedores diferentes? ¿O quizás lo que nos pide es acabar con el capitalismo? 

Jorge Riechmann. Moderar extremistán. 2014 

El método principal que se emplea en Canarias para el tratamiento de los residuos que generamos es el depósito en vertederos autorizados. Cada isla del Archipiélago dispone de una zona oficial donde se acumulan estos desechos. Sin embargo, también prolifera el depósito de residuos en vertederos incontrolados. Hay nada menos que 24 espacios donde los canarios depositamos residuos de forma incontrolada y por tanto de manera ilegal. Recientemente la UE ha advertido al Gobierno de España que si no los cierra se enfrentará a una sanción por parte de Bruselas. Canarias ya ha respondido que no puede hacer frente a la clausura de dichos espacios por falta de tiempo y dinero. 

Una maravillosa respuesta por parte del director general de Protección de la Naturaleza, Pedro Cuesta, que revela que para el Gobierno de Canarias la gestión de los desechos producidos en las Islas no merece ni la planificación que requiere este tipo de actividad ni la prioridad presupuestaria necesaria, a pesar de tratarse de un asunto sensible para el bienestar de los canarios. ¿Por qué se produce este desbocado y prohibido almacenaje de residuos en vertederos no oficiales? ¿Falta cultura ambiental en Canarias? ¿Se promueve lo suficiente desde las instituciones políticas? ¿La normativa canaria en materia de gestión y tratamiento de residuos se asemeja a la europea? ¿Qué indicadores presenta Canarias respecto a la gestión y tratamiento de los residuos?

Vertedero de Arico. Tenerife. Celda 2
Esta aparente pasividad, en un asunto fundamental para la sostenibilidad de las Islas, puede entenderse si tenemos en cuenta que la dirección de Protección de la Naturaleza depende de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Ejecutivo canario en manos del PSOE (Guacimara Medina) y cuyos logros en la presente legislatura son nimios. ¿Qué éxitos puede mostrar esta Viceconsejería en relación a la protección de la biodiversidad, restauración del Catalógo de Especies protegidas, reducción de la contaminación del aire en las zonas metropolitanas canarias, calidad del agua, reducción de la movilidad motorizada, protección de espacios naturales, resiliencia, vertidos...? En teoría para todo ello se montó esta Viceconsejería ¿verdad? ¿No es esto una flagrante contradicción con el discurso sostenible y ambientalista que practica el Gobierno canario con motivo de la problemática de las prospecciones? ¿O es que este discurso es pura retórica? El desdén por los asuntos que tienen que ver con la gestión y el tratamiento de residuos en Canarias no es algo nuevo. El Plan Integral de Residuos de Canarias, documento que contenía las directrices fundamentales del Ejecutivo en relación al tratamiento de basuras, estuvo varios años caducado hace algunas legislaturas.

En un territorio limitado como nuestras islas, debería ser estratégica la gestión de los residuos que producimos porque a mayores toneladas de desechos mayor será el territorio dedicado a ocultarlos. De todos es conocido que muchos de los vertederos de Canarias están casi colmatados o en proceso de estarlo. Por lo que la solución no está en habilitar más espacio para enterrar un volumen de desperdicios en crecimiento. En el ámbito de la generación de residuos sólidos urbanos, según el INE y para el año 2011, Canarias ostentaba el dudoso honor de ser la segunda comunidad autónoma que más residuos sólidos de carácter urbano generaba por habitante, con un indicador que ascendía a 661 kg./hab. Muy por encima del dato que presentan, también para ese mismo año, España (531 Kg./Hab.) y Europa (503 kg./hab.). En el 2012 (último año para el que se dispone información) ese dato mejora situándose en 620 Kg /hab., aunque de forma insuficiente porque nuestra comunidad sigue situándose en segunda posición. Otro dato inquietante es el que nos informa que nuestra comunidad recogió de forma separada solo un 11,30% de todos los residuos sólidos urbanos producidos en el 2012. Ese dato nos sitúa en la cuarta peor posición de toda España, muy lejos de Navarra, la región que mayores porcentajes de separación de residuos presenta (36,46%) y por debajo de la media española (18,22%).

El nivel de desarrollo de una sociedad debería valorarse por el volumen de desperdicios que genera y, además, por su capacidad para reciclarlos o reutilizarlos en base a tecnologías amables con el medio ambiente. Así, una sociedad que genera un volumen de residuos ingente debería estar penalizada en las clasificaciones de bienestar, a las que son tan aficionadas las grandes organizaciones mundiales tipo FMI u OCDE, sea cual sea su indicador de crecimiento económico. Se podría argumentar que ninguna sociedad puede abstraerse de los niveles de consumo que impone el sistema económico capitalista, que es a la postre lo que produce los residuos. Pero sí existen técnicas para mitigar el impacto de esos niveles de desperdicios mediante la reducción, la reutilización y el reciclaje.

La normativa básica europea en materia de residuos establece que el orden de prioridades que debe regir la gestión de los residuos es la prevención (es decir,la reducción tanto de la cantidad como de los impactos que generan los residuos sobre el medio ambiente y la salud humana) la preparación para la reutilización, el reciclado, la valorización y la eliminación. A tenor de las advertencias de Bruselas y de los datos no parece que en Canarias se tome en serio la normativa básica europea referente a este asunto.

En su descargo las instituciones políticas canarias son muy dadas a divulgar la idea de que quienes toman la decisión última de reciclar son los propios ciudadanos. De esta forma se deposita sobre ellos la responsabilidad última de tal acción, al tiempo que se libera a nuestras autoridades de su compromiso político respecto de la creación y su estricto cumplimiento de una normativa que esté en línea con la existente en el resto de España y Europa en materia de gestión de residuos de cada sector económico.

Respecto a esta apelación pública a la ética individual, una precisión nos parece relevante efectuar. Apelar a esa ética individual, que es políticamente correcto, bienintencionado y que en general goza de la aprobación ciudadana, encierra un peligro; enmascara y oculta el necesario combate contra las verdaderas causas de la generación de residuos que son, ni más ni menos, las propias prácticas capitalistas de producción y consumo masivos (Jorge Riechmann. Moderar extremistán. 2014). De esta manera se logra desviar hábilmente hacia un lugar equivocado (la responsabilidad de cada ciudadano) el necesario y vital esfuerzo de cambiar esas pautas de producción y consumo (lo que solo se puede hacer de forma colectiva y por medio de la política), permitiendo la preservación de las mismas y por tanto profundizando el deterioro medioambiental presente.

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