Además de reducir la fiscalidad y los costes de Seguridad Social, Fepeco pide otras medidas como la aplicación de desgravaciones fiscales en las obras de reforma y rehabilitación, la reducción de la burocracia e incluso "alguna forma de amnistía fiscal".
La patronal del sector de la construcción en Canarias, FEPECO, ha informado recientemente de un incremento de la incidencia de la economía sumergida. Según su diagnóstico este crecimiento se estaría produciendo en las pequeñas obras relacionadas con las reformas y la rehabilitación de inmuebles. Argumentan que aflorar estas actividades que se producen en negro en la actualidad permitiría crear dos o tres mil puestos de trabajo.
Sorprende que sea el lobby de los constructores en Canarias quien denuncie, precisamente ahora, un aumento de la economía sumergida en el Archipiélago. Una lacra que lleva años enquistada en estas Islas en muchos sectores pero, sobre todo, en el de la construcción, sin que se les haya detectado mucha preocupación al respecto. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda cifran en más del 27% el impacto de la economía sumergida en las Islas y nos indica que una de sus causas ha sido la expansión de la burbuja inmobiliaria. Nos cuesta recordar alguna declaración de algún miembro de FEPECO denunciando el aumento desaforado del sector de la construcción y de infraestructuras en las Islas y, en consecuencia, el crecimiento de la actividad informal en paralelo durante los años de bonanza económica. Parece que cuando las cosas les iban muy bien en aquellos años, poco les importaba la hipertrofia que se estaba creando en el sector de la construcción.
Obviamente, toda la sociedad en su conjunto debería luchar contra cualquier forma de economía sumergida. Con la expansión de las actividades en negro lo único que se consigue es debilitar la capacidad colectiva que posee una sociedad para progresar. Sin embargo, resulta muy deshonesto declarar que la reducción de la economía sumergida se consigue mediante una rebaja de impuestos y cotizaciones sociales o mediante alguna forma de amnistía fiscal.
Al final, las declaraciones del lobby de la construcción no dejan de ser una nueva petición al poder político para minorar la carga impositiva que los empresarios soportan. Es la sempiterna estrategia del poder económico. Desregular y flexibilizar la normativa con el argumento de que si al empresario le sale más barato producir vía menor carga impositiva, menores cotizaciones sociales o menores costes laborales, no solo podrá producir más sino que, además, podrá contratar más. Un dogma de fe que se difunde de forma irresponsable y que ignora, deliberadamente, que una reducción de salarios y de impuestos tiene contrapartidas; una menor capacidad adquisitiva del trabajador y el debilitamiento de la capacidad financiera del sector público en favor de un incremento de los beneficios empresariales.
Pero lo que resulta un desafuero inadmisible es que se solicite alguna forma de amnistía fiscal para, supuestamente, reducir el impacto de la economía informal en estas Islas. Resulta curioso que se proponga combatir la economía sumergida eximiendo de las responsabilidades fiscales que algunas empresas de la construcción han dejado de asumir y, para más inri, como coletilla moralizadora por si alguna duda quedaba de las buenas intenciones de FEPECO, se diga que se considera fundamental una mayor concienciación social sobre las consecuencias negativas que la economía sumergida. El nivel de desvergüenza alcanza ya límites insospechados.
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