martes, 29 de enero de 2013

La reforma electoral SÍ es una prioridad


De lo que tenemos que discutir en el Parlamento para no seguir separándonos más de los ciudadanos es sobre lo que verdaderamente les preocupa, que es ver cómo mejoramos la educación, la sanidad, las políticas de empleo… Evidentemente, el Partido Popular está abierto a perfeccionar el modelo electoral. Pero quede claro que nadie nos para por la calle para decirnos que sería más feliz. 

Asier Antona. La reforma electoral no es una prioridad. Diario de Avisos. 10.12.12

El partido que se ha aupado en la presidencia del gobierno de Canarias en los últimos comicios autonómicos, Coalición Canaria, logró solo el 13,49% de los votos de todo el censo electoral canario. Los resultados están disponibles en el portal del Ministerio del Interior del Gobierno de España. Con ese resultado la formación nacionalista ha obtenido 21 escaños, el 35% de la tarta del Parlamento. Su actual socio de gobierno, el Partido Socialista Canario, alcanzó el 13,43% de la confianza del electorado, lo que le granjeó 15 escaños, es decir, el 25% del Parlamento. Con su pacto, ambos partidos dejaron fuera del gobierno a la formación más votada, el Partido Popular, que consiguió la confianza del 16,79% del electorado. Un porcentaje que le da acceso a la misma cantidad de escaños que los nacionalistas, 21. Cualquier ciudadano que haga este sencillo análisis entenderá que los escaños conseguidos por cada formación política no tienen el mismo coste en votos. Por tanto concluirá que en el sistema electoral canario la proporcionalidad de los votos no es la misma puesto que da acceso a un número distinto de concejales y de escaños. Sin embargo, ninguno de los tres grandes partidos políticos de Canarias considera que la reforma de la ley electoral sea una prioridad.

% de votos sobre censo electoral según partidos políticos. 2011
Además de las tres formaciones mencionadas, Nueva Canarias superó la barrera del tope regional del 30% de los votos y esto le dio derecho a 3 escaños, el 5% del Parlamento. En otras circunscripciones, aquella barrera oscila entre el 3% y el 5%, lo que demuestra que las barreras de acceso para contar en la política canaria son altas y difíciles de superar. Por tanto, existieron 94.591 votos a otras formaciones políticas (más del 10% de los votos a candidaturas) que no han superado aquel obstáculo y, por tanto, no tienen representación en la máxima institución política de la autonomía. Cualquier individuo que vea estos datos concluirá que el acceso al Parlamento es una empresa compleja y, por tanto, la pluralidad del sistema electoral canario deja mucho que desear. A pesar de ello, ni CC ni PP ni PSOE valoran como prioritario la reforma de la ley electoral canaria.

La abstención registrada en los últimos comicios autonómicos en el archipiélago alcanzó el 37,26% (559.827 votos). Los partidos que forman el gobierno de Canarias, CC y PSC, están sustentados solo por el 26,29% del censo electoral (404.539 votos). Un porcentaje sensiblemente inferior (¡Más de 10 puntos!) al número de ciudadanos que decidieron quedarse en casa y no votar aquel día. Sus razones tendrían. Una de ellas pudo haber sido considerar que ninguna de las formaciones políticas les representaría adecuadamente. Una persona sensata que examine estos datos será capaz de llegar a la conclusión de que la representatividad del sistema electoral canario es discutible. No obstante, las fuerzas políticas mayoritarias en el archipiélago prefieren posponer la reforma de la ley electoral sine die.

En marzo de 2011 escribíamos en este medio que la reforma de la ley electoral canaria debía ser una prioridad en el programa de cada grupo parlamentario. La razón era sencilla. El sistema electoral canario es la piedra angular sobre la que se sustenta el edificio de poder en la región. Un instrumento que permite a CC, PP y PSOE obtener un reparto sesgado de la soberanía, al mismo tiempo que obstaculizan la entrada de otras formaciones políticas que puedan modificar dicho reparto y aportar aire fresco al enrarecido clima político en Canarias.

La calidad de un sistema electoral depende de las normas que lo hacen posible. Que esas normas boicoteen su grado de proporcionalidad, su nivel de representatividad o la pluralidad del mismo es equivalente a minar el desarrollo democrático del archipiélago y, por tanto, su nivel de bienestar. No es casualidad que Canarias tenga las cifras de desempleo más altas de Europa, la Sanidad más deficiente de España y un nivel educativo manifiestamente mejorable. Un escándalo que ninguno de los tres partidos mayoritarios está dispuesto a solucionar.

miércoles, 23 de enero de 2013

Financiación de partidos y corrupción

 
¿Por qué no hay sistemas de dragado de residuos en la política española? Porque en la Transición se decidió potenciar la estabilidad de los partidos cediendo un poder casi ilimitado a sus cúpulas dirigentes.


Este país necesita una auténtica regeneración en todo. Desde la más alta cúpula, hasta los niveles medianos. Todo esto procede de un error en el sistema de financiación de los partidos y hay que modificarlo.


El modo que utilizan los partidos políticos para financiar su actividad es uno de los grandes pilares que sustenta todo el edificio de nuestra actual democracia (el otro es la ley electoral). De nada sirve que un partido político promueva las leyes más justas socialmente si en sus sótanos se captan recursos de la forma más irregular y fraudulenta posible. Pero en España, en la actual coyuntura, ni se toman decisiones socialmente justas ni se conocen con total certeza las vías de financiación de las formaciones políticas ni, tampoco, las personas físicas o jurídicas que las utilizan. Ahora el escaparate mediático está ocupado por el PP y CiU, pero antes estuvieron el PSOE o el PNV. No hay que esperar grandes iniciativas por parte de estos grandes partidos para enderezar el modo en que se financian. Todos están aquejados de la misma dolencia. Sus acciones no pasarán de discursos reprobatorios más o menos altisonantes, estériles comisiones de investigación o apelaciones dramáticas a realizar auditorías externas…. no vaya a ser que acusando al otro de irresponsable se descubran ellos mismos.

Sergio Gay. Eldiario.es
Esto explica por qué nuestra democracia es incompleta, deficiente y manifiestamente mejorable. No se pueden tomar decisiones políticas que mejoren el bienestar de la mayoría de la ciudadanía, si quienes las toman son tributarios de quienes financian la actividad de esos partidos. Y eso es precisamente lo que ocurre en este país. Se han tomado decisiones favorables a los que han provocado la presente crisis, la banca; se han promovido infraestructuras innecesarias para la sociedad española pero muy beneficiosas para las grandes constructoras; se ha inflado una burbuja inmobiliaria que benefició a los propietarios del suelo y a inmobiliarias mientras se cebaba una bomba que ha estallado dejando un nivel de desempleo inadmisible; se privatizan servicios esenciales como la Sanidad o la Educación para gloria de los nuevos prestatarios externos que comienzan a colonizar lo que antes era gestión pública; las arcas públicas españolas son las más débiles de la Europa desarrollada pero ningún partido político es capaz de subir la presión fiscal a las grandes empresas o a individuos con las mayores bolsas de dinero, muchas de ellas ocultas; la economía española no crea empleo pero se impone una reforma laboral que lesiona los intereses de los trabajadores y refuerza al empresariado….

Nada de esto es casualidad. Hunde sus raíces en un sistema de financiación de partidos y un grado de corrupción generalizada donde el damnificado más directo es el ciudadano. Los grandes agentes y lobbys de nuestra sociedad utilizan las vías de financiación de los partidos o la ausencia de su regulación para penetrar en las entrañas de los partidos políticos por las cloacas de estos; donaciones anónimas, ausencia de límites en el endeudamiento de los partidos políticos y opacidad en la negociación de créditos con la banca, condonación de deudas bancarias, opacidad total en las cuentas de las agrupaciones locales, información confusa sobre las vías de financiación de las fundaciones de cada formación política, obstáculos a la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas o carencia de medios económicos para investigar de forma solvente, ausencia de un método contable homogéneo aplicable a todos los partidos por igual, inexistencia de auditorías externas independientes y de una rotunda normativa sancionadora para aquellas formaciones que incumplan lo prescrito, escasa información sobre las fuentes de ingresos de las AA.PP, nula colaboración entre el Tribunal de Cuentas, el Banco de España y la Agencia Tributaria….La ley sobre Financiación de Partidos Políticos data del año 87 (3/1897 de 2 de julio), fue modificada en el 2007 con la ley 8/2007 de 2 de julio y en octubre pasado se aprobó la tercera versión (5/2012, de 22 de octubre). Con esta nueva modificación mucho de lo anterior se recoge por primera vez en más de 30 años de democracia, aunque de forma aún muy laxa.

Más tarde o más temprano tenía que suceder lo que está sucediendo. Ninguna mentira es tan sólida como para pasar por verdad toda la vida. Los opacos procedimientos que las formaciones políticas utilizan para financiar sus acciones se van desvelando y con ello la confirmación de la podredumbre que está gangrenando a esta democracia de mínimos. ¡Qué casualidad que sean esos mismos partidos los que intentan argumentar que el actual sistema democrático no necesita reforma alguna! Vaya si lo necesita.

Los procedimientos de financiación deben hacerse públicos y transparentes por imperativo legal si se quiere acabar con esto de una vez. La transparencia es la mejor medicina contra las actividades oscuras generadoras de corrupción. Ningún partido político puede oponerse a esta iniciativa, y si lo hacen quedarán retratados. También es preciso un estricto control ciudadano de los mismos. Un control donde además de los organismos fiscalizadores pertinentes, dotados de los medios económicos adecuados, el ciudadano tiene que tener capacidad para comprobar por sí mismo la procedencia de hasta el último euro que entra en las formaciones políticas. En pleno siglo XXI, con el avance de las nuevas tecnologías, no hay excusas.

Y hablando de financiación de partidos, en clave local ¿Cómo está el asunto en el caso de Coalición Canaria? El último informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos emitido por el Tribunal de Cuentas, data, atención, del 2007. Para el caso de Coalición Canaria (Pág. 53 – 56 del informe), el Tribunal se hace eco de los mismos aspectos negativos que aquejan al resto de formaciones:
  • La contabilidad rendida por la formación no recoge la actividad desarrollada por la mayor parte de la organización local, tampoco la de los grupos políticos de las Corporaciones Locales.
  • Solo 26.384€ corresponden a cuotas de afiliados.
  • 180.000€ corresponden a donativos realizados por tres personas jurídicas.
  • 754.417€ es la deuda con entidades de crédito que declara CC.
  • La memoria presentada por la organización contiene información genérica sobre las partidas del balance y la cuenta de resultados, lo que es considerado como insuficiente por el Tribunal. 
  • Falta de integración en las cuentas presentadas de la actividad desarrollada por la organización.
  • No se ha presentado el informe preceptivo relativo a los resultados del sistema de control interno que debe haber establecido el partido para controlar sus cuentas.
  • La fundación Canarias 7 Islas es la única fundación vinculada a CC que, no obstante, no mantuvo actividad en el ejercicio fiscalizado.

martes, 15 de enero de 2013

Tabacaleras y petroleras, una estrategia similar

   
…las decisiones de Soria y sus compañeros de ministerio le están haciendo ganar dinero a multinacionales petroleras australianas y alemanas, hoy mismo.


En los años 50 la industria tabacalera sentía el aliento de la Organización Mundial de la Salud. Acusaban al tabaco de ser la primera causa del cáncer de pulmón. Pero la gran industria del tabaco no se achantó. Al contrario movilizó una cantidad ingente de recursos para generar confusión entre la opinión pública. El objetivo final era evitar cualquier relación de causalidad directa entre el cáncer de pulmón y el tabaco. De este modo, la industria tabacalera maniobró para evitar la aplicación de políticas de salud pública contra el consumo de tabaco, manipuló para reducir la financiación de la lucha antitabáquica en el seno de organizaciones públicas de salud internacionales, pusieron en práctica estrategias que desviaban la atención sobre los problemas de salud pública planteados por el consumo de tabaco, financiaron científicos que trabajaban en la divulgación de tesis que destacaban otras causas del cáncer de pulmón y que, al mismo tiempo, tergiversaban los resultados negativos de otros importantes estudios científicos sobre el tabaco. No faltó la compra de espacio mediático en los principales medios de comunicación, asegurándose así la divulgación de una opinión favorable a sus intereses. Se compraron políticos cuya misión principal fue obstaculizar la aplicación de sanciones a la gran industria del sector. La lista de sucias estrategias aplicadas por las tabacaleras es interminable. 

Zona donde se ubicaría la bolsa de hidrocarburos. WWF
Tuvieron que pasar décadas para que la vinculación entre el tabaco y el cáncer de pulmón fuera incontrovertible, a pesar de las sólidas pruebas que existían en aquel tiempo. La deshonestidad de las tabacaleras y toda la pléyade de científicos, periodistas y políticos a sueldo para ellos fue arduamente desenmascarada, aunque ha tenido que pasar mucho tiempo para ver en las propias cajetillas los efectos del excesivo consumo de tabaco. Y esto no es más que el triunfo de las artimañas de la industria tabacalera.

El debate sobre la extracción de petróleo en las islas y las prospecciones se parece cada vez más al debate entre el cáncer y el tabaco de los años 50. Defensa numantina en España y Europa por parte de ciertos poderes públicos de los intereses de las petroleras; se obstaculiza el desarrollo de las energías limpias; se coloca en el Ministerio a personas afines a Repsol tramitando el expediente que autorizaba las prospecciones; se agilizan los trámites burocráticos que exigían las prospecciones para evitar la aplicación de otras leyes más restrictivas; se manipulan datos para poner en tela de juicio el cénit del petróleo; desaparecen del expedientes de las prospecciones informes contra las mismas; el espacio dedicado en los medios de comunicación a desmontar la idoneidad de las prospecciones se minimiza; el Ministerio de Industria impide la consulta del expediente de las prospecciones…. Las iniciativas de las tabacaleras al lado de las que desarrolla el potente lobby de las energías fósiles pueden considerarse candorosas.

Su estrategia, además, incluye difundir falsos argumentos. El primer argumento de los que apuestan que en las aguas próximas a Fuerteventura y Lanzarote existe petróleo en abundancia es el del empleo. La industria crearía tal número de empleos en el archipiélago que rechazar las prospecciones es sinónimo de irresponsabilidad dada la situación económica de las islas. Desmontado ese argumento se ha aportado otro. A saber, permitirá la independencia energética de las islas. Razonamiento peregrino porque lo que traerá es, precisamente, profundizar en la dependencia del petróleo que en las islas alcanza el 95%. No contentos con esto se ha llegado a aportar otra tesis, que el archipiélago disfrutaría de condiciones ventajosas de compra del hidrocarburo extraído. Sin embargo, todos sabemos que la compañía que gestionaría la bolsa de hidrocarburos lo venderá en el mercado internacional a aquel precio que mejor maximice su beneficio.

La extracción de petróleo es el cáncer de la sociedad desarrollada actual y su causa un modelo de desarrollo extractivista centrado exclusivamente en el crecimiento económico. Si tenemos que esperar más de medio siglo para reducir la presencia de las energías fósiles en el mix energético del archipiélago canario, nos hundimos. Sobre todo porque la evidencia de que el petróleo es un tipo de energía que pertenece a un modelo de desarrollo obsoleto, es apabullante. Como aplastante es el hecho de que Canarias tenga grandes potencialidades para desarrollar fuentes limpias de energía, irresponsablemente desaprovechadas y por las que alguien tendrá que admitir responsabilidades en algún momento.

viernes, 11 de enero de 2013

Un cambio de sociedad premeditado e ideológico

    
- ….¿No termina nunca esta mierda? ¿Es que en este mundo las cosas no cambian nunca? 
- Eh, Foss -dijo el fiscal tomando a Clark por el hombro-, pues claro que cambian. No te lo tomes tan a pecho. Algunos mueren, los demás envejecemos, llega gente nueva, los antiguos se marchan… Las cosas cambian todos los días. 
- Pero apenas se nota –dijo Clark. 
- Eso, sí –asintió el fiscal-. Apenas. 

Los amigos de Eddie Coyle. George V. Higgins. 1971. 

En los primeros días de un nuevo año de crisis que comienza es de recibo destacar la ejemplar iniciativa de dimisión pactada por 322 directivos de ambulatorios en Madrid, como respuesta a las intenciones privatizadoras del gobierno regional de esa comunidad. La huelga conjunta que han convocado médicos y enfermeros demuestra que la unión es vital para combatir una ofensiva privatizadora, puramente ideológica que no atiende a las propuestas de ahorro, planes alternativos o argumentos fundados, presentados por los colectivos afectados del sector sanitario madrileño. Lo que ocurre en Madrid no deja de ser una muestra a pequeña escala de lo que está sucediendo a nivel nacional. Un cambio de modelo de sociedad sin el consenso suficiente de todos los colectivos.

Raices tocando las puertas del cielo
Si hay que describir brevemente lo que ha significado el 2012, diríamos que ha sido el año en que se han consolidado las bases para un profundo cambio en el modelo de sociedad vigente. Un modelo de sociedad que tiende hacia la desaparición del sector público y la entronización de la privatización de todo. La austeridad es el elemento vertebrador del proceso y la completa falta de argumentos sólidos para justificarlo, el síntoma de una etapa con un gran déficit moral.

Paradójicamente, o precisamente por este motivo, todo este cambio se produce en un entorno político donde el Partido Popular goza de una amplia mayoría parlamentaria que le proporciona la suficiente estabilidad para, al menos, debatir ese cambio de modelo. No lo han hecho ni lo desean. Lo que invita a pensar que se trata de reformas premeditadas y con una profunda carga ideológica que responde a exigencias externas (Organismos europeos) e internas (sector más conservador del Partido Popular, Patronal, grandes empresas,..). Un modo de proceder que profundiza la crisis democrática e institucional que existe en España. El partido en el gobierno ha confundido la mayoría emanada de las urnas con su legitimidad para acometer reformas de calado, lo que exige un consenso sólido más allá del que le proporcionan los diputados de su propio partido. La débil justificación que han aportado para todo ello es que la sociedad española ha vivido por encima de sus posibilidades (¡!) y por tanto no hay alternativa posible. Pura mentira.

En clave local, Canarias deja atrás un nuevo y crítico periodo en el que se han conseguido máximos históricos de desempleo y pobreza mientras se olvida combatir el fraude fiscal y la economía sumergida. Además se ignora que la distribución de la riqueza en la comunidad es básica para su progreso. Eso sí, grandilocuentes planes de estímulo del empleo y el crecimiento no faltan. Lo que hace falta saber es si los promotores de estas estrategias, de pobres resultados hasta el momento, se creen sus propias patrañas.

Hablemos claro. El gobierno de la región es incapaz de detener la sangría del desempleo que corroe a esta pequeña sociedad. Del mantenimiento del actual status económico, social y ambiental se benefician aquellos agentes para los que realmente gobierna el actual ejecutivo en Canarias. Estos son, a su vez, quienes financian al tripartidismo político dominante en esta tierra. ¿Cómo, si no es de este modo, podemos entender que no se trabaje para iniciar un cambio en el modelo energético de las islas? ¿Por qué no se exploran vías alternativas para implantar un modelo turístico sostenible? ¿Por qué razón no se diversifica la economía canaria? ¿Cuál es la causa de que en el archipiélago exista un alto índice de economía sumergida y desigualdad y, al tiempo, se pongan en práctica escasas medidas para combatirlas? ¿Qué razón explica que Canarias tenga el nivel salarial más bajo de todo el territorio nacional? En suma, ¿Qué cuestiones obstaculizan la transición de la economía canaria hacia un modelo más sostenible y justo?

La incompetencia jalonó la acción del gobierno en Canarias durante el 2012 como han demostrado los arrasadores incendios del verano en La Gomera, Tenerife o La Palma sin que nadie asuma responsabilidades. También la injusticia, Chovito, en Tenerife, es eliminado mientras otras construcciones que pertenecen a grupos económicos potentes y que también incumplen la ley de costas siguen en pie. Y, cómo no, la burda propaganda, puesto que se han utilizado las inaceptables prospecciones petrolíferas que pretende realizar Repsol en aguas frente a Fuerteventura y Lanzarote para promover, desde el gobierno regional, un falso discurso ambiental que no tiene plasmación alguna en la realidad.

Lo que subyace es un claro plan de confrontación entre el gobierno regional y el ejecutivo nacional. Una estrategia que alcanzan su máxima expresión en todo aquello que está relacionado con la cartera que es responsabilidad del ministro José Manuel Soria. Un conflicto que demuestra que Rivero y Soria tienen numerosos asuntos pendientes. Harían bien en resolverlos ante un psicólogo, los damnificados están siendo los canarios.

A estas alturas de la crisis, de la que se cumplirá pronto un lustro, existen suficientes alternativas, o al menos, sólidas ideas que deben ser exploradas por los poderes públicos de forma democrática, transparente y participativa si se quisiera superar la actual coyuntura. Tanto en el ámbito local canario como en el nacional, muchos colectivos sociales, grupos de pensamiento, organismos públicos y privados, etc, han propuesto infinidad de medidas que, como mínimo, permiten afrontar los problemas presentes de otro modo. Si no se hace es porque no se quiere hacer, así de claro. Por esta razón es vital seguir perseverando en la protesta y es imperativo que una opción política ciudadana con valores y programas distintos a los que nos han llevado a esta situación pueda alcanzar mayores cuotas de poder. Es difícil que las actuales formaciones políticas resuelvan con equidad y por si solas el desaguisado en el que estamos.