jueves, 31 de octubre de 2013

Canarias entre la corrupción y el desempleo


Aquí no dimite nadie porque los mecanismos para exigir responsabilidades están atrancados, no porque no haya “cultura de la dimisión”. 


Con la corrupción pasó lo mismo. Pasa lo mismo. Su presencia se percibía en todos los estamentos que conforman la sociedad canaria; la política, el empresariado, los medios de comunicación. Esto no lo decimos nosotros, los casos Tindaya, Las Teresitas, Unión, Jable, Eólico, Tebeto, Emalsa….dan cuenta de ello por sí solos. Pero lo más increíble de la corrupción no era que esta ocurriera sino que, ocurriendo, no pasaba nada. Todo seguía igual. Nadie dimitía, más allá de algún cargo de segunda categoría. Ninguno asumía responsabilidades. Los aparatos políticos y empresariales protegían a sus infractores. Algunos hasta los justificaban. ¡Viva el corporativismo!

Eso sí, ninguno escatimaba en propaganda para acusar a los otros de ser la quintaesencia de la corrupción. Incluso los ciudadanos, no todos pero sí un buen número, continuaban votando a los mismos. Y todo seguía igual. Entonces la corrupción se hizo norma, si es que ya no estaba normalizada; Urbaser, La Mareta, Góndola, Mogán, Arona, Faycán, Brisan, Torres del Canódromo, Catis, Hemodiálisis, Montaña Morera, Fórum, Facturas, Salmón… y Canarias se convirtió en la segunda región española con más casos de corrupción por número de municipios. Evidente síndrome que revelaba, que revela, el grado de descomposición de este sistema de organización social.

Padylla
Con el desempleo en Canarias es igual. Se extiende lentamente como una mancha de un potente corrosivo, desarmando las expectativas de vida de las familias, empujadas a la exclusión sin alternativa y sin un sistema de protección social solvente. La última EPA arroja la inquietante incorporación al colectivo de parados de 22.000 personas más. Y no pasa nada. Eso sí, todos tienen la culpa, el gobierno central por los recortes y un sistema de financiación injusto, los sindicatos por ser corporativistas (por cierto, ¿Dónde están los sindicatos canarios?), los empresarios por no contratar a desempleados canarios. Hasta los mismos desempleados son culpables por no formarse lo suficiente y no desplazarse a aquellos lugares donde hay empleo en las Islas. En Tenerife, hasta van a poner un tren para que esto último ya no sea excusa.

Todos culpables salvo el grupo de gobierno que durante veinte años (en otras instituciones llevan tres décadas) ha ocupado el gobierno de la Autonomía a conveniencia y con la connivencia de conservadores y progresistas. Una forma de gobierno, un régimen al fin y al cabo, que ha institucionalizado el autoritarismo, el clientelismo, la opacidad, los privilegios de un sector concreto de la economía, la desigualdad como forma de convivencia, la economía sumergida, el fraude, el monocultivo productivo, el subvencionismo,…. Y el paro avanza hasta el 35,12%. No lo decimos nosotros, lo dicen los casi 395.000 individuos desempleados de la EPA ¡Pero si podrían formar un partido político y ganar las próximas autonómicas!

En un momento en el que Canarias necesita que sus responsables políticos generen un marco de relaciones de colaboración y diálogo inclusivo con todos los estamentos de la sociedad, admitiendo sus errores de forma honesta para poder resolverlos, lo que obtenemos es negación de la realidad y victimismo. ¡Qué desvergüenza! Como si lo que ocurre en las Islas no fuera con ellos.

Corremos el riesgo de que Canarias se transforme en una región profundamente empobrecida y desigual. Ya lo era antes de la crisis por su particular estructura productiva y las relaciones de poder que operaban y continúan operando en su interior. Pero lo que estaría consolidándose ahora es una sociedad desecha y desarticulada a todos los niveles, en el ámbito de la educación y la sanidad, en la esfera social, desde el punto de vista cultural, medioambientalmente,…

Habría que construir de forma colectiva canales de resistencia y protesta contra las agresiones de este sistema más allá de las manifestaciones al uso. Deberíamos reconocernos todos los damnificados de esta crisis, de este gobierno de perdedores y de la sedicente oposición que le hace el juego, para desarrollar vías de colaboración, ayuda mutua y autogestión. Pero sobre todo habría que armar una alternativa solvente, de carácter ciudadano y participativo, a lo que el tripartito CC-PSOE-PP ofrece en las Islas una vez y otra también. ¿Cuándo empezamos? Es urgente. De lo contrario no pasará nada, salvo el colapso.

jueves, 24 de octubre de 2013

Recuperación económica y lenguaje neoliberal


Demos dignidad y quitemos la vergüenza a las palabras maltratadas. “Insolvente” es, en realidad, alguien que no puede o quiere seguir en el sistema capitalista. “Desahucio” es cuando el banco te roba tu casa. “Parado” es alguien que está en marcha intentando sobrevivir con creatividad. “Negativo” es una persona realista que está harta de que le tomen el pelo. 

La relación del PP con la mentira es la del toxicómano con la droga. Vive para ella, alrededor de ella, solo piensa en la dosis próxima 

La bolsa rodea los 10.000 puntos, el Tesoro español logra financiarse a interés récord, la EPA arroja un resultado positivo en términos de empleo, el Banco de España confirma la salida de la recesión….y nos inunda el optimismo. Ni una palabra sobre los riesgos y las implicaciones de basar esta presunta recuperación en el impulso exclusivo del sector exportador. Obviamente no interesa.

En un pequeño pero clarividente libro, No nos lo creemos, Clara Valverde analiza en detalle la batería de estrategias lingüísticas que utilizan los que detentan el poder. Nos alerta de que muchas de las medidas y comportamientos de la actual clase política son posibles y se hacen realidad porque nosotros, los ciudadanos que les escuchamos, aún les otorgamos cierta credibilidad. Ella lo expresa con una brillante frase: pueden porque aún les creemos. Para que aún les creamos, la autora denuncia el tipo de lenguaje que políticos, pero también sindicatos, patronal o medios de comunicación, utilizan deliberadamente para embaucar, confundir, despistar y hasta mentir al ciudadano. El fin no es otro que imponer una visión única, no cuestionada y conforme a sus objetivos de clase de lo que ocurre.

Un tipo de lenguaje que ella denomina neoliberal, porque está pensado para apuntalar la deriva de las actuales relaciones económicas, centradas en la eliminación de todas las cualidades sociales que caracterizaban al capitalismo de posguerra. Son un lastre en el proceso de acumulación del 1% más rico, los que están gestionando esta crisis. La propaganda desplegada por el gobierno en torno al supuesto inicio de la recuperación económica responde a todo ello.

Valverde recupera un interesante concepto de la psicología transgeneracional, el retorno de lo reprimido, para preguntarse hasta que punto la ausencia de verbalización del conflicto, del miedo y otras emociones por parte de la generación de la posguerra civil española, estarían aflorando ahora y actuando de forma negativa sobre la generación actual. Esta dañina influencia se produce a través de lo que en psicología se llama los síntomas del vacío. Una patología que se manifiesta por una indefensión social aprendida que explicaría la ausencia de una contundente movilización social acompañada de propuestas solventes de cambio por parte de nuestra generación.

En su reflexión, Valverde destaca las virtudes de la protesta como terapia psicológica y purificadora para afrontar la depresión económica y social que sufrimos. Un necesario método para liberarnos de esa cultura de gobierno basada en el miedo, el eufemismo y la repetición de mensajes dirigidos a despistar, algo que saben manejar muy bien los aparatos de propaganda gubernamentales.

Las palabras son el vehículo que nos permiten comprender lo que pasa y lo que nos pasa. Por ello la autora nos apremia a escuchar y reflexionar con sentido crítico. También, a pensar de manera independiente de lo que dicen los canales que transmiten diariamente la ideología dominante. Por eso es urgente que volvamos a llamar las cosas por su nombre. Recuperar el significado que nos han hurtado de cada uno de los términos que configuran el relato de esta crisis/estafa.

Resulta inevitable traer aquí una idea de José Manuel Naredo que abunda en lo mismo. La ideología económica dominante contribuye, con su batería de términos no discutidos, a disfrazar y soslayar una realidad concreta que no interesa someter a escrutinio. En una reciente charla entre los otoñales árboles del Parque del Retiro de Madrid, el profesor, nos invitaba a desmontar todos esos términos vaciados de contenido pero portadores de una profunda dosis de ideología. Para ello nos recomendaba que trabajásemos sobre los adjetivos, tomándolos como una medida de aquello que la ideología económica dominante pretende enmascarar. Por ejemplo, economía verde ¿Es que la otra no era verde? ¿En qué medida no lo era? ¿Por qué razón esta sí lo es cuando el deterioro ecológico continúa avanzando sin que nadie lo remedie?

Cada vez que escucho hablar de recuperación económica a Rajoy, con seis millones de parados y una desigualdad que está actuando como un potente disolvente de la cohesión social en España; cuanto más oigo a Rubalcaba declarar que el gobierno de Rajoy es torpe, insensible y mentiroso, como si este señor y el partido al que representa no hubiera estado nunca en el poder; mientras siga recibiendo de Paulino Rivero esas declaraciones que aseguran que la vía canaria garantiza la apuesta por la justicia social y la igualdad de oportunidades, como si el desarme de estos dos conceptos no fuera directamente proporcional al número de años que Coalición Canaria se ha mantenido en el poder en las Islas; cada vez que recibo estos mensajes, digo, a modo de circulares institucionales que aparentan verosimilitud y hasta oposición política, no solo vuelvo a recuperar y releer estos textos sino que protesto contra estas interesadas campañas de optimismo cargado de más energía. Les recomiendo que lo prueben, es higiénico y reconfortante.

sábado, 19 de octubre de 2013

Santa Cruz continúa siendo una ciudad insostenible

  
La ciudad posmoderna es la ciudad, o la «anticiudad», del neoliberalismo económico, de la urbanización especulativa, de la sociedad atomizada, de la cultura individualista, de la política local débil y del capitalismo financiero fuerte. 


En su informe anual sobre Calidad del Aire de 2013 la Agencia Europea de Medio Ambiente, con datos de 2011, ha incluido a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife entre las urbes europeas con peor calidad del aire. El Organismo europeo esgrime que las concentraciones de dióxido de azufre superan los valores límites recomendados anualmente por la legislación europea para proteger el medio ambiente y la salud. Estas concentraciones de dióxido de azufre son imputables en su mayor parte a la contaminación industrial generada por la refinería, fagocitada por el municipio en su avance urbanístico.

Refinería de Cepsa. La Opinión.
En un primer momento el Ayuntamiento de la capital tinerfeña dio la callada por respuesta. Hasta que el alcalde de la ciudad declaró el día 17 de octubre que lo indicado en el informe no se ajusta a la situación actual de la ciudad, rechazando que Santa Cruz de Tenerife sea una ciudad con un nivel nefasto de calidad de su aire. Bermúdez se explayó en su diatriba contra el Organismo argumentando que se ha utilizado un único parámetro para concluir que la calidad del aire de toda la capital no es buena para el medio ambiente y la salud del ciudadano. Sin embargo, en su comparecencia el regidor de la capital se preocupó de no aportar otros indicadores que demostraran que la calidad del aire de la ciudad es aceptable. Muy hábil el señor Bermúdez, nos deleita con dosis de victimismo al tiempo que evita comentar otras caras del problema.

Habría que mencionar que la legislación europea en materia de exposición a contaminantes es más laxa que la que recomienda la Agencia de Protección Ambiental estadounidense e incluso que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS). Aquéllas están más expuestas a la influencia de los poderosos grupos de presión industriales o de combustibles fósiles. La OMS se basa en criterios de salud pública para el establecimiento de esos topes límite. Según la Red de Calidad del Aire de la Consejería de Sostenibilidad en 2012 se registraron violaciones de esos topes propuestos por la OMS en diferentes puntos de la ciudad y en distintos momentos.

El eurobarómetro de enero del presente año, reveló que los ciudadanos españoles son de los peor informados de todo el territorio de la UE en materia de calidad del aire (Pág. 10). Y los segundos que más creen que las autoridades públicas no están haciendo lo suficiente para mejorar la contaminación urbana (Pág. 56). Flaco favor le hace Bermúdez al diagnóstico y resolución de esta problemática con declaraciones como las realizadas, donde se niega una realidad constatada por los datos y donde se reduce el problema de la calidad del aire a la presencia de la refinería de Cepsa. Efectos del lenguaje neoliberal que se estila en estos tiempos donde se miente, se confunde y se tergiversan las informaciones para confundir al ciudadano.

Es verdad que, en materia de calidad del aire, es el Gobierno de Canarias quien tiene las competencias. Pero no basta con trasladar la responsabilidad a otra Administración y exigir que sea esta Administración la que obligue a la Refinería de Cepsa a cumplir la normativa medioambiental. También es cierto que la Refinería es uno de los principales focos contaminantes de la ciudad pero ¿Si la Refinería cumpliera la normativa mejoraría la calidad del aire en la capital? Lo dudamos puesto que Santa Cruz es ante todo una ciudad medioambientalmente insostenible por otras razones adicionales a mantener en su interior una industria de refino. Aquí, aquí y aquí intentamos reflexionar sobre este asunto hace algún tiempo.

La pregunta que nos deberíamos hacer todos, las Administraciones Públicas en primer lugar pero también los ciudadanos y demás agentes sociales, más allá de indicadores cuantitativos de necesario cumplimiento pero insuficientes por sí solos para garantizar un desarrollo ambiental adecuado en la capital, es si Santa Cruz de Tenerife puede reconducir su carácter insostenible para llegar a ser una ciudad realmente sostenible. La capital tinerfeña está aquejada de una dolencia grave que afecta a las grandes ciudades europeas y que consiste en cómo compatibilizar la cohesión social, la sostenibilidad ambiental y la participación ciudadana y democrática en la gestación de la ciudad con la competitividad económica. Todo ello en el marco del capitalismo actual que es el generador, precisamente, de la desigualdad social, el deterioro ambiental y la ausencia de transparencia en la resolución de los asuntos públicos que afectan al habitante de la ciudad.

Es urgente una reflexión colectiva, plural, honesta y desprendida de intereses partidistas o personalistas sobre las causas últimas que generan la insostenibilidad en la capital para combatirlas y solucionarlas. Entretanto no se ponga coto al acceso del vehículo privado al centro de la capital; mientras se sigan planificando medios colectivos de transporte, necesarios como el tranvía, pero que compiten con otros medios, también de carácter colectivo, como la guagua; si los PGOU se continúan utilizando como meros instrumentos para generar plusvalías urbanísticas para unos pocos; mientras se persista en no generar más espacios verdes en la capital; si el petróleo y los combustibles fósiles se mantienen como la opción elegida para la generación de energía; cuando el ciudadano continúa estando al margen de la toma de decisiones en los principales procesos de construcción de la ciudad; si no se sondean las posibilidades de la capital para generar una cultura de transición; mientras todo esto siga existiendo, decimos, Santa Cruz, la capital de Tenerife, continuará siendo una urbe intensamente insostenible y no solo por mantener una industria de refino en su interior.

domingo, 13 de octubre de 2013

Las Teresitas; el paradigma de una era corrupta (III)


Un caso no debe demorarse tanto en el tiempo, una justicia tan lenta, cuando se resuelve, no genera justicia, porque el retraso genera injusticia.


El pasado 4 de octubre se conoció la sentencia de la mayor trama de corrupción urbanística en España, el Caso Malaya. Malversación, cohecho, alteración de precios en concurso público, fraude, prevaricación, apropiación indebida, tráfico de influencias,…son algunos de los principales delitos identificados en el caso. El tribunal que ha juzgado la trama mantiene que las sentencias contemplan las máximas penas legales posibles por el ordenamiento jurídico español. Sin embargo, un vistazo a las resoluciones de los principales acusados muestran cierta suavidad en las penas aplicadas. Los acusados han sido condenados a menos de un tercio de las sanciones solicitadas por el fiscal anticorrupción (para Roca 11 años de los 30 solicitados, para Yagüe 6 años y medio de los 16 pedidos y a Muñoz le han caído solo 2 de los 10 años pretendidos por la fiscalía). Además, 43 de los 95 acusados inicialmente, casi todos ellos empresarios, han sido absueltos de delito, el tribunal no estimó ilegalidades en las operaciones urbanísticas examinadas. Si a esto le añadimos que la justicia solo ha podido recuperar una pequeñísima parte del dinero robado, podemos concluir que la corrupción continúa saliendo muy barata en España.

A todo este despropósito hay que sumar el hecho de que las sentencias no contemplan que el ayuntamiento de Marbella y, por tanto, sus ciudadanos, principales damnificados, sean compensados por los evidente perjuicios morales y económicos producidos por 3 lustros de corrupción institucionalizada. Aunque el tribunal sí recomienda que los bienes y dineros decomisados reviertan de algún modo en el consistorio. Por tanto, el Caso Malaya se salda con sentencias leves, un juicio alargado excesivamente, recuperación insuficiente del dinero sustraído y ayuntamiento no compensado. Toda una injusticia intentando hacer justicia.

Es por esto que en paralelo al Caso Malaya es difícil no pensar en otra trama con la que existen muchas similitudes y que se ha convertido por derecho propio en el paradigma de una era corrupta en Canarias, el Caso Las Teresitas. Un caso que ha vuelto a saltar a la arena mediática en los últimos días por unos supuestos papeles que probarían que los terrenos objeto de la operación urbanística entre el Ayuntamiento de S/C de Tenerife y la sociedad de González y Plasencia, pertenecían a la institución municipal desde el año 67. Es decir, que presuntamente el Ayuntamiento de Santa Cruz se compró a sí mismo el frente de la playa, lo que probaría la fraudulencia de la operación.

Las Teresitas, el Gran Pelotazo. Alba Blanco.
Ignoramos por qué razón han salido a la luz estas pruebas cuando, al parecer, se trataba de una información ya conocida por la Fiscalía Anticorrupción desde el 2006, momento de presentación de la querella por parte del ministerio público ante el Tribunal Superior de Justicia. Incluso cuando se levantó parcialmente el secreto de sumario del caso durante el año 2008, la opinión pública canaria pudo conocer que la fiscal anticorrupción investigaba sobre este asunto y preguntó al alcalde por el mismo.

Lo que resulta inadmisible en este negro y flagrante desaguisado es el excesivo tiempo transcurrido desde que el colectivo Ínsula Viable presentara la demanda ante la Fiscalía Anticorrupción el 30 de junio de 2005, sin que se haya celebrado juicio alguno desde entonces. Un periodo de tiempo tan largo que va a ser difícil resarcir a los ciudadanos de la capital tinerfeña, y a las Islas en general, de los daños económicos y morales cometidos por una trama que ha dejado las arcas del municipio exánimes. Máxime cuando existe una sentencia en firme del Tribunal Supremo que data del año 2007 y que anula la operación de compraventa del frente de la playa por parte del Ayuntamiento, al tiempo que obliga a la sociedad Inversiones Las Teresitas a reintegrar el importe recibido de la operación (53 millones de €) más los intereses devengados (20 millones €). Importe que tampoco ha sido devuelto.

El tiempo transcurrido sin que se conozcan responsables en firme en este caso revela la lentitud de la Justicia y demuestra que esta está gravemente enferma. No solo habría que reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal como dice el Fiscal Superior de Canarias; habría que reconsiderar privilegios políticos como los aforamientos, del que se han servido algunos de los imputados en esta causa para demorar la celebración del juicio; habría que dotar a la Justicia de más efectivos para combatir la corrupción con eficacia; habría que legislar a nivel internacional contra los paraísos fiscales, de los que se valen muchos imputados y condenados en casos de corrupción para salvaguardar el dinero público sustraído ilegalmente al ciudadano, dinero que disfrutarán cuando cumplan la condena; habría que endurecer las condenas por corrupción y las incompatibilidades; los partidos políticos deberían dejar de proteger y por tanto apartar a aquellos miembros que son imputados, para lo cual es necesario que las formaciones políticas avancen en democracia interna; el ciudadano, en fin, debería ser consciente de que si su voto va para una formación política que incorpora en sus listas o mantiene en cargos públicos a personajes imputados por corrupción e incluso condenados, estaría contribuyendo al envilecimiento de la escasa democracia que hoy día existe en nuestro país y al sostenimiento de un sistema que favorece a unos pocos y perjudica a la gran mayoría.

jueves, 3 de octubre de 2013

Proyecto Castor y prospecciones en Canarias; paralelismos


La naturaleza no se elige ni puede cambiar de lugar.


Conviene trazar un breve paralelismo entre lo que está ocurriendo con el Proyecto Castor frente al Delta del Ebro y lo que ha ocurrido o podría ocurrir con las prospecciones petrolíferas en Canarias. Un ejercicio interesante y esclarecedor, realizado a partir de las últimas informaciones aparecidas en prensa, que revela algunas reglas de comportamiento que se repiten con cierta recurrencia cada vez que están en liza proyectos de gran impacto ambiental.

El Proyecto Castor persigue aprovechar como almacén de gas un antiguo pozo petrolífero vacío. El pozo está situado a unos 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar, a unos 22 Km de la costa de Vinarós, en Castellón. El objetivo de la empresa que ejecuta el proyecto, Escal UGS, es rellenar con gas dicho espacio para atender, en caso de desabastecimiento, un tercio de la demanda nacional de gas durante 50 días. El gas se inyecta directamente en las cavernas de la roca porosa que albergaba el crudo, de modo que donde antes había petróleo ahora estará el gas almacenado. Recaredo del Potro, presidente de la compañía declaró en su momento que no había otro emplazamiento que reuniera las condiciones óptimas para el proyecto.

Plataforma del Proyecto Castor frente al Delta del Ebro
El proyecto ha sido posible gracias a una inversión de 1.300 millones de € aportados por un consorcio de 19 bancos, entre los que hay 5 españoles. También contempla una planta de operaciones terrestres y la construcción de un gasoducto que conecte el almacén submarino con la costa. Las obras han generado alrededor de 1.000 empleos y se espera que mantenga una plantilla de unos 100 empleados cuando el almacén esté a pleno rendimiento.

El proyecto comenzó a concebirse durante la década de los 90 y generó una creciente oposición hace unos años. Una de los colectivos contra el proyecto, la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Senia, denunció su viabilidad social, económica y los riesgos de intensa contaminación de un entorno natural libre de grandes industrias. Asimismo, numerosos colectivos de pescadores temen en la actualidad que la industria pesquera de la zona se vea afectada. Estas protestas fueron ignoradas sistemáticamente o, al menos, escasamente consideradas por la empresa promotora y las administraciones públicas que avalan y supervisan el proyecto. A lo sumo la compañía llegó a un acuerdo con el ayuntamiento de Vinaròs para comprar 30 hectáreas donde se ubicaría la planta de tierra, la contratación de trabajadores de la zona y el cultivo de naranjos por parte de una organización de minusválidos en el área no ocupada por las instalaciones de la compañía.

El día 24 de septiembre se detecta un seísmo de magnitud 3,6 en la escala de Richter y el 26 el ministerio de Industria ordena la paralización de la actividad del Proyecto Castor. La empresa argumenta que la inyección de gas se detuvo el pasado día 16 de septiembre y en un primer momento trata de desvincular los seísmos de la transfusión de gas en las profundidades marinas. Sin embargo, los temblores en la zona han persistido durante los últimos días. Con una intensidad máxima alcanzada de 4,2 grados han sido perceptibles desde la costa que va desde Tarragona hasta Castellón. En la terminología eufemística del ministro de Industria se trata de una serie de microseísmos, como si lo de micro restara importancia al fenómeno sísmico.

Algunos expertos geólogos afirman que los temblores percibidos tienen por causa una sismicidad inducida por el propio proyecto. Según ellos, el proceso de encaje del gas puede haber provocado un cambio en las condiciones de elasticidad del subsuelo marino, dando como resultado desprendimientos de los techos de las cavernas submarinas donde se alojaría el gas. Estos derrumbamientos son los que habrían liberado presión y producido los temblores.

Como suele ser habitual, el ministro del ramo, José Manuel Soria, aseguró en su momento que poseía constancia de que el proyecto tenía todos los estudios necesarios que garantizaban su seguridad y su viabilidad. La empresa promotora del proyecto también dejó claro que cumplió con todos los estudios previos antes de la construcción del complejo. Es más, fue el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, entonces en manos del PSOE, el encargado de evaluar toda la instalación en 2009, otorgando una declaración de impacto ambiental positiva. Sin embargo, según ha podido trascender, la evaluación de impacto ambiental no tuvo en consideración los riesgos sísmicos que traen aparejados estos proyectos. De hecho, uno de los tramos del gasoducto contemplado en el proyecto no presentó la evaluación de impacto ambiental pertinente. En consecuencia, la recurrente actividad sísmica en la zona ha obligado al ministro de Industria no solo a paralizar las actividades del proyecto Castor, tal como hemos indicado, sino a reconocer la relación directa entre la filtración de gas en la roca y los temblores sísmicos.

De la sucesión de hechos descrita, llegamos a la siguiente cartografía de la irresponsabilidad medioambiental y democrática. Unas particularidades que se repiten con demasiada frecuencia en muchos proyectos, también con las prospecciones en Canarias:
  • A priori se cuenta con estudios que aseguran la viabilidad y seguridad del proyecto. Estudios divulgados por los medios con el marchamo de inapelables o irrefutables que le otorga la empresa responsable del proyecto y las administraciones públicas encargadas de su vigilancia.
  • Declaraciones de Impacto Ambiental favorables al proyecto, independientemente del color político del gobierno de turno. Un análisis crítico de esas declaraciones revela importantes irregularidades y deficiencias en su gestación, lo que demostraría su fraudulencia.
  • Actuación negligente de los organismos públicos encargados de supervisar el proyecto así como de velar para que no se produzcan afecciones medioambientales sobre el territorio.
  • Escasa o nula asunción de responsabilidades por parte de los cargos públicos encargados de valorar la idoneidad o supervisar el desarrollo de estos proyectos.
  • Caso omiso a las manifestaciones organizadas por plataformas ciudadanas contra el proyecto. Voces ciudadanas que se ignoran completamente, que se estigmatizan y de las que no se tiene en cuenta ni su opinión, ni sus argumentos, ni sus alternativas.
  • Arbitraje de medidas compensatorias al proyecto que solo persiguen ocultar esas críticas y contentar con simples migajas a una población que en caso de catástrofe será la principal damnificada. Unas medidas compensatorias que en muchas ocasiones se imponen, sin debate público previo con los damnificados.
  • Infravaloración de potenciales riesgos ambientales de consecuencias imprevisibles, bien porque se ignoran deliberadamente en virtud de la buena consecución del proyecto, bien porque se desconoce el comportamiento biológico o geológico del entorno donde se ubica el proyecto. En consecuencia se socializan los riesgos.
  • No aplicación del principio de precaución, lo que sería aconsejable en virtud del desconocimiento de los potenciales riesgos inducidos y sus consecuencias.
  • Proyectos de dimensiones colosales, que requieren de una inversión enorme que, sin embargo, no generan gran volumen de empleo. Además, se trata de proyectos que por exigir un gran esfuerzo económico y en un clima de profunda crisis no son sometidos por los poderes públicos a una reconsideración colectiva de su necesidad social, lo que resulta sorprendente en un contexto de recortes en otras áreas vitales para la sociedad.
  • Se traslada a la opinión pública la idea de que no hay otra opción ni respecto a la envergadura de estos proyectos, ni en cuanto a su diseño, ni en cuanto a su emplazamiento. Ideas insuficientemente justificadas.
Muchas de estas características son fácilmente identificables en la problemática de las prospecciones petrolíferas frente a Canarias. Esperemos que no tengamos que lamentar ninguna catástrofe medioambiental.