viernes, 26 de julio de 2013

La otra parte contratante; grandes empresarios

  
Bárcenas viene, procesalmente hablando, de Gürtel, pero es Gürtel lo que se integra en Bárcenas y no al revés. Dicho de otro modo, Gürtel, primero en el tiempo judicial, es una manifestación del sistema de financiación del PP, que encarna Bárcenas, como encargado, más o menos leal o aprovechado, de la trama. 

Según Manuel Villoria, miembro de la Junta Directiva de Transparencia Internacional España, el problema no es la financiación pública sino "la dependencia de unas empresas que pueden coaccionar a los partidos para conseguir contratos públicos. Una connivencia que hemos visto en el Caso Bárcenas en el PP, entre otros". 

En la documentación del caso Bárcenas que ha trascendido figuran nombres de empresas y empresarios que supuestamente realizaron cuantiosas donaciones al Partido Popular. Algunos medios han detectado una correlación directa entre las aportaciones económicas al partido y las adjudicaciones de contratos o subvenciones públicas realizados por gobiernos del Partido Popular a esas mismas empresas. OHL, Sando, FCC, Sacyr, Azvi, Aldesa y otras aparecen mencionadas en esos papeles. La justicia dictaminará si esos indicios son constitutivos de delito, siempre que la dejen trabajar con independencia, claro.

El Roto
También figuran empresas canarias entre los donantes. Algunas de ellas han sido Cointe, Gestiones y Asesoramientos 3.000, Trabajos y Servicios Canarios. Además, existen empresarios canarios que han reconocido abiertamente hacer donaciones a los diferentes partidos políticos. Algunos de ellos defienden, incluso, las presuntas virtudes de un sistema de entregas económicas a partidos de carácter privado y transparente. De los evidentes conflictos de interés que subyacen con este tipo de comportamientos no hablan. ¿Por qué un individuo o corporación habría de tener interés en realizar aportaciones económicas a los partidos políticos? Obviamente porque en términos políticos y/o económicos espera obtener un rédito.

La clase política tiene una responsabilidad directa en esta crisis-estafa por dejarse manipular por quienes, en la trastienda del sistema político, maniobran para utilizarlos y orientar su actividad ejecutiva y legislativa hacia la satisfacción de sus intereses. Como garantes de la soberanía popular y porque han sido elegidos bajo un sistema democrático, su compromiso con el Bien Común debe ser incorruptible, pero la evidencia demuestra que no ha sido así y por ello se les critica. Sin embargo, no estamos viendo que a la clase empresarial, esa que tiene línea directa con La Moncloa o con los partidos políticos, se les repruebe socialmente con la misma intensidad por mantener comportamientos con indicios de ilegalidad o, en todo caso, ilegítimos.

Deberíamos preguntarnos quiénes y por qué extraña razón han logrado desviar nuestra atención sobre la responsabilidad de la gran clase empresarial en el sostenimiento de un sistema corrupto basado en la entrega de aportaciones económicas privadas y cuantiosas. Con el asunto Bárcenas, que no es más que un síntoma de un sistema de financiación de partidos disfuncional y que fomenta la corrupción, está pasando lo mismo que con la responsabilidad del sector bancario en esta debacle. Se han salvado de la quema cuando tienen una responsabilidad directa en el origen de la crisis financiera.

Esa pérdida de enfoque por parte del ciudadano, en cuanto que dirige sus críticas (cuando lo hace) únicamente sobre una parte de los responsables, es una medida del éxito de todos esos individuos y corporaciones que parapetados tras los resquicios de la ley se ocultan para corromper impunemente. Mientras se vilipendia a esas instituciones políticas garantes de la democracia, los grandes grupos empresariales de este país están quedando exonerados y liberados de sus responsabilidades. Igual que exigimos políticos limpios e incorruptibles deberíamos reclamar una clase empresarial cuyo fin no sea otro que el de crear empleo de calidad, innovar y generar un beneficio social del que se favorezca toda la comunidad. En la actualidad, y a la luz de lo que ha trascendido, parece que estos personajes han puesto todo su empeño en redirigir las decisiones políticas para facilitar la captación masiva de rentas.

Deberíamos empezar a señalar mucho más de lo que lo hacemos a todos esos empresarios y empresas que han colaborado en la degradación del sistema político y económico. Porque tan responsable es el que se deja corromper como aquél que, escudándose en una legislación laxa o insuficiente que permite la opacidad, se dedica a corromper. Igual que señalamos a las empresas que producen en condiciones laborales infrahumanas, tendríamos que comenzar a hacer lo mismo con las que financian a partidos políticos de forma nada decorosa, boicoteando el consumo de su productos, denunciando sus prácticas ilegítimas, visibilizando sus discursos contradictorios, en definitiva, a hacerles escrache. Se lo merecen porque de ese comportamiento nace nuestra desigualdad, nuestra pobreza y nuestra crisis.

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