domingo, 12 de mayo de 2013

PGO de El Rosario; un desafuero paradigmático

  
En 2004 se comienza a proyectar el PGO de El Rosario, a partir de ese momento, nuestros terrenos comienzan a ser fruto de diversos proyectos planificados desde la corporación local. Ninguno de ellos atendió a nuestras peticiones, las cuales manifestamos claramente en las alegaciones iniciales y posteriores denuncias públicas, “mantener el uso agrícola de nuestras tierras”.


En un interesante artículo del profesor Álvarez Mora a cuenta del ingente stock de viviendas vacías en España, publicado en la imprescindible revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio social, se argumentaba que la producción de vivienda residencial en España se desvinculó de la satisfacción de las necesidades reales de la población para seguir criterios claramente especulativos y de negocio. El instrumento que se utilizó para ello fue el Planeamiento Urbano, a través del cual se impuso el que denomina modelo urbano de la renta del suelo. Un modelo donde los encargados de la definición del planeamiento se ocupaban (legal o ilegalmente) de conseguir las recalificaciones necesarias para rentabilizar el producto suelo. El fenómeno de las viviendas vacías es, por tanto, el subproducto de este proceso concreto de construcción de la ciudad, que aparta la satisfacción de las necesidades humanas de cobijo para abrazar el más puro interés crematístico.

Al objeto de afrontar el fenómeno de las viviendas vacías, el autor propone un modelo de ocupación del espacio alternativo al que está en el epicentro del boom inmobiliario. Una alternativa basada, precisamente, en utilizar el Planeamiento Urbano para entronizar criterios de planificación urbana basados en la búsqueda de la compacidad frente a la dispersión, donde se reflexione dónde y cómo deben situarse las áreas de centralidad de la ciudad, donde se apueste por la continuidad espacial facilitando la rehabilitación frente a la ruptura y donde, además, se defina un nuevo estatuto jurídico del suelo que permita a la colectividad, y no solo al propietario, beneficiarse de sus potenciales revalorizaciones.

Montaña Carboneras. El Rosario. Tenerife. Foro contra la Incineración
Es imposible dejar de pensar en estos asuntos cuando vemos publicado en diferentes medios canarios dos noticias directamente relacionadas con este tema. Por un lado, la cuantificación por parte del INE de que en Canarias hay un total de 138.262 viviendas vacías en 2011, el 13,3% del total del parque residencial canario. Por otro lado, la anulación, por parte del TSJC, del Plan General de Ordenación Urbana de El Rosario, que contempla irregularidades como la construcción de una urbanización que invade el suelo protegido de Montaña Carboneras.

En Canarias, como en muchas otras regiones de España, se continúa privilegiando un modelo de ocupación del territorio donde el principal objetivo es maximizar la renta del suelo que se deriva de un cambio en su categoría jurídica vía planeamiento. Con un agravante que ya es norma, no es la primera vez que, en Canarias, la Administración Pública, sea cual sea su nivel, se convierte en el principal agente que viola la legislación que ella misma se encarga de aprobar. Los que toman decisiones sobre planeamiento persiguen satisfacer intereses propios o el de aquéllas élites económicas que disfrutan de libre acceso al político, ejerciendo así una influencia enorme sobre el aparato público de toma de decisiones y permitiéndoles modelar las políticas públicas en su beneficio. Son estos mismos grupos económicos los que solicitan a través del político de turno, en un alarde de control sin precedentes, que se aligere la legislación autonómica por ser excesivamente intervencionista, o que demanden, sin rubor alguno, la desaparación de la COTMAC. ¡Pero si la legislación ni siquiera se cumple y se corrompe la actuacion de la Comisión de Ordenación del Territorio!

Cuando lo público es utilizado en interés propio, se produce un daño enorme a las instituciones democráticas; se deslegitima su actuación y se dejan de lado la resolución de otros aspectos como la mencionada problemática de las viviendas vacías, el respeto a la protección ambiental del territorio, o simplemente la ordenación urbana del espacio conforme a criterios democráticos.

¿Cómo es posible que el PGO de El Rosario contemple una urbanización de 30 viviendas en un espacio catalogado como Área de Regulación Homogénea por el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) y, por tanto, protegida porque prohibe la edificación en barrancos y pendientes? ¿Cómo es posible que ni la Dirección General de Urbanismo, ni la COTMAC, ni el Cabildo de Tenerife, pusieran reparos a tal PGO, aún cuando ni siquiera había sido sometido a una evaluación ambiental estratégica, y cuando cada una de estas instituciones estaban controladas por formaciones políticas contrarias al equipo de gobierno que comandaba el municipio de El Rosario? ¿Cómo es posible que se aprobara cuando el actual regidor socialista, Macario Benítez, posee importantes propiedades en la zona? ¿Cómo es posible que ningún concejal de los que configuran el Ayuntamiento de ese municipio de Tenerife levantara la mano advirtiendo del conflicto de intereses evidente y de la ilegalidad que se estaba cometiendo?

La tramitación del PGO del municipio tinerfeño de El Rosario es otra alcaldada más que lleva mucho tiempo convertida en norma en el archipiélago. Las tropelías que se cometen desde los poderes públicos en Canarias obligan, cada vez con mayor evidencia, a que la ciudadanía denuncie cada uno de estos abusos y exija participación activa en los asuntos que les afectan. Desde aquí, felicidades a los hermanos González Gil y todos aquellos que les han apoyado. Su tesón y su continua lucha por la Democracia nos hace más fuertes a todos.

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