El gran empresario canario

He dado dinero a varios partidos, pero guardo todos y cada uno de los recibos. 

Félix Santiago. La Opinión de Tenerife. 20.04.2013.  

En Canarias un grupo de empresarios con poder de influencia sobre la clase política proclama por enésima vez que es necesario terminar obras imprescindibles para la isla de Tenerife como el anillo insular o el puerto de Granadilla. Y con precisión de relojero, evidenciando quién marca la pauta, el Cabildo de Tenerife no solo se pone a trabajar en ello sino que propone diferentes fórmulas para garantizar la finalización de las obras del tramo Adeje-Santiago del Teide del anillo insular. El poder de influencia es tan grande que los propios empresarios valoran las propuestas de la Administración y, junto a otros políticos, se permiten el lujo de rechazar o aceptar las recetas planteadas por el Cabildo. Un comportamiento que contrasta visiblemente con el estado de retraso o abandono en el que se encuentran asuntos de vital importancia para Canarias como los hospitales del norte y del sur de Tenerife, la situación de las listas de espera en la sanidad canaria, la desigualdad galopante,….Si esto no revela la gran influencia y connivencia entre la clase política y económica de las islas, es que la ceguera de la ciudadanía, los medios de comunicación y los políticos de bien es tan grande que hemos perdido el rumbo.

Las reacciones de una muestra de empresarios con influencia en el entorno económico de Canarias, ante las declaraciones del empresario y constructor Ambrosio Jiménez, también resultan sintomáticas. El Sr. Jiménez admitió que ha realizado donaciones económicas a los tres partidos que se alternan en el Gobierno de Canarias, tan solo como un detalle. Es más, ha apuntado que cree que todos los empresarios ejercen esta práctica. La confesión y las declaraciones posteriores de un grupo de empresarios revelan un tipo concreto de empresario que se estila en las islas. También de una forma significativa de hacer política y, en suma, de un modelo de democracia muy característica en Canarias. Vistos los papeles de Bárcenas, hay que admitir, no obstante, que todo ello también está extendido al resto del territorio nacional, lo que en esencia denota la podredumbre de un sistema político, económico e institucional que pide a gritos una reforma.

En primer lugar, los grandes empresarios canarios se muestran partidarios, en mayor o menor medida, de implantar un sistema de financiación de partidos políticos similar al existente en EE.UU. El sistema de financiación vigente en EE.UU contempla, entre otros aspectos, que cualquier donación realizada por un particular quede debidamente registrada conforme a la legalidad. Sin embargo, ¿Ha contribuido esa presunta transparencia a reducir el grado de corrupción en el sistema político americano? ¿Ha ayudado a acabar con la enorme influencia que tiene el dinero sobre los políticos que conforman el Congreso de EE.UU? No parece y el caso Enron o el entramado de intereses creados entre el sector bancario y las agencias de calificación de riesgos, que están en la base de la presente crisis, invita a pensar que, lejos de combatir la corrupción, lo que posibilita el sistema americano es que los grandes poderes empresariales tengan influencia y acceso directo sobre los representantes políticos. 

Obviamente, hay que actuar con la máxima transparencia en todo lo relacionado con la financiación de partidos políticos, pero lo que se debe discutir mediante un debate diverso, democrático y público es si es legítimo que los partidos políticos se financien con aportaciones económicas procedentes del sector privado. ¿Cómo garantizamos la independencia del partido político receptor de esas aportaciones en su función legisladora? ¿Cómo evitamos el evidente conflicto de interés que existe cuando la misma formación política que tiene que legislar en materia bancaria o energética o de infraestructuras, recibe importantes aportaciones económicas de los agentes que operan en esos sectores? En los papeles de Bárcenas existen indicios claros que apuntan a que existió una relación más que directa entre los que hacían las donaciones económicas al Partido Popular y los adjudicatarios de determinadas obras. Por tanto, parece claro concluir que el Parlamento y toda su maquinaria de la democracia representativa no ha sido capaz de balancear los intereses particulares de cada grupo, mediatizados por los donantes. Dar a conocer quién hace las aportaciones económicas y en qué cuantía, sin ningún cambio adicional, supone robustecer una herramienta de influencia inmediata sobre la clase política española.

En segundo lugar, las declaraciones del empresario Félix Santiago nos parecen muy llamativas. El máximo responsable del grupo constructor que lleva su nombre ha dicho que llegado el periodo electoral ha procurado siempre mirar a todos por igual, intentando ayudar a todas las siglas. Como si de un buen padre se tratara, consciente de las carencias de cada uno de sus hijos, el constructor nos ofrece una visión asistencialista y paternalista del gran empresario para con los grupos políticos. Sus declaraciones certifican que el gran empresario ya no responde al perfil de aquella persona capaz de crear riqueza para la comunidad donde opera, de innovar, de generar empleo o crear procedimientos de trabajo de nuevo cuño que permiten mejorar la productividad de su empresa y, por extensión, la de la economía donde opera. No. Estos empresarios consiguen contratos y negocios gracias a las aportaciones económicas que realizan a la formación política que desempeña funciones de gobierno, parapetados tras la opacidad de una legislación de financiación de partidos insuficiente y poco debatida. Son, en definitiva, meros captadores de rentas cuyos réditos se materializan en jugosos contratos y adjudicaciones previa comisión. Un hecho que visibiliza dos fenómenos preocupantes en la política; la enorme dependencia económica de los partidos políticos respecto de sus donantes privados para hacer realidad sus dispendiosas campañas electorales y su escasa capacidad de autofinanciación a través de su base de afiliados.

Empresarios como estos son los personajes que, valiéndose de su privilegiada influencia política, se permiten realizar declaraciones poco contrastadas que persiguen exclusivamente hacer realidad sus intereses más particulares. Son ellos los que nos sermonean sin datos contrastados que en la administración pública canarias sobran al menos 5.000 empleados públicos. Son ellos los que abogan por reducir salarios y precarizar las condiciones laborales en virtud del bien común, los mismos que se llenan la boca hablando de la presunta eficiencia del mercado y de las bondades de la competencia, al mismo tiempo que se ocupan de neutralizar la rivalidad que puedan encontrar maniobrando de forma oscura entre bambalinas. ¿Son estos los empresarios referencia de la excelencia para los emprendedores canarios?

Ante semejantes afirmaciones, los pequeños empresarios que conforman el tejido económico de estas islas deberían salir en tromba a denunciarlas. Permitiría a las pymes canarias tomar distancia de estas prácticas fraudulentas y serviría para denunciar el enorme poder del que disponen estos individuos en detrimento de las propias pymes y de la sociedad canaria en su conjunto. En definitiva, ayudaría a reafirmar la idea esencial de que la empresa y los empresarios, entendidos como agentes creadores de riqueza y bienestar, son vitales para crear una próspera economía.

¿Las declaraciones del Sr. Jiménez pillan por sorpresa a alguien? Salvo algunas voces, asombra que desde los autodenominados partidos políticos democráticos no se haya exigido una investigación concienzuda sobre las afirmaciones de estos empresarios. ¿Dónde está la fiscalía para investigar estos asuntos? Que este tipo de prácticas corruptas estén tan interiorizadas y arraigadas en el imaginario colectivo canario, hasta el punto de no accionar las alarmas morales y éticas, es un indicador más de la decadencia de un sistema donde un solvente entramado cruzado de intereses político-económicos trabaja a favor de una clase dirigente muy concreta.