lunes, 29 de abril de 2013

Presuntos progresos

 
Estar en paro es un problema, pero trabajar también es un problema en las actuales condiciones, y cada vez será peor. El futuro no está en los “emprendedores”, sino en la construcción de espacios económicos alternativos y autogestionados: cooperativas, mercado social, intercambio, comunidad. 


Para la multinacional, Marta es en un perfil estándar. 24 años, un MBA por el que sus padres han pagado 35.000€ a una prestigiosa escuela de negocios, y 22.000€ brutos de salario anual. Marta dice que la multinacional la envía a Indonesia por tiempo indefinido. Ella ha aceptado. Es más, está encantada. Ve una oportunidad para progresar. La multinacional se lo ha ofrecido después de un año de intenso trabajo en la empresa. Su horario comienza a las 9 de la mañana y termina oficialmente a las 18:30 pero las tareas que tiene asignadas le impiden salir antes de las 21 horas, en el mejor de los casos. Lo normal es que la multinacional disponga de su tiempo como mejor considere. El buen empleado ofrece la flexibilidad suficiente para dar cobertura a las necesidades del cliente. Si mañana hay que presentar un documento, se presenta, con independencia del horario. Es ahí cuando sus prioridades quedan aplastadas por las prioridades de la compañía. No hay margen de maniobra porque el compromiso con la compañía se demuestra en esos momentos.

Le pregunto a Marta si hay algo en Indonesia que le interese. Me contesta que hay una amplia comunidad de europeos en situación similar a la de ella.... Hará vida con ellos. ¿Cuántos proyectos de vida se quiebran en virtud de la condición social del asalariado flexible en la economía globalizada de hoy? Le pregunto si le gusta lo que hace. Duda pero finalmente contesta con un lacónico sí. Su duda es ilustrativa. La vida laboral de los jóvenes que salen de las universidades, de las escuelas de negocio que han sufragado sus padres,… ¿Se parece a lo que esperaban o ni siquiera lo habían pensado? ¿Sueñan los jóvenes ejecutivos de ahora con el último modelo de auricular inalámbrico del mercado o el vehículo de mayor cilindrada que entra en el parking del centro de trabajo para consolarse?

Sergio acaba de salir de una reunión con su jefe. En ella han evaluado su desempeño durante el pasado año. Supuestamente, si la compañía le ofrece algo es porque cuenta con él, porque le han tenido en su radar, porque les gusta como trabaja. Decir no a lo que te ofrecen está mal considerado. Se asocia a la comodidad, a no querer progresar, a no mejorar. ¿Son compatibles con los intereses de la compañía las intenciones de un asalariado de hacer bien su trabajo sin necesidad de escalar en la jerarquía? ¡Ah! Eso forma parte de un concepto obsoleto de lo que hoy significa el nuevo marco de condiciones laborales. Eso no es progresar. El único progreso posible se produce dentro de la compañía y no fuera del entorno laboral del asalariado.

El jefe de Sergio le ha propuesto asumir tareas de responsable de proyecto. Él también las ha aceptado, pero su jefe le ha trasladado que esas nuevas responsabilidades no se verán correspondidas por un incremento de salario. Con toda seguridad, sí supondrá un incremento del tiempo de trabajo efectivo por la vía de horarios de trabajo más elásticos, digitalización de la vida doméstica, disponibilidad para ser ubicado en cualquier momento y correos profesionales que pueden llegar a cualquier hora de la noche. Por el momento, la grave situación económica que atraviesa la economía mundial ha afectado a la evolución de las ventas y los márgenes de la compañía. En consecuencia, los que la dirigen desde las alturas han decidido que este año no habrá ningún tipo de mejora salarial. Si su desempeño durante el nuevo ejercicio laboral es bueno, conforme a los criterios de motivación y compromiso que exige la multinacional, lo recompensarán económicamente,… en el futuro. ¿En qué grado se ve afectada la vida privada del asalariado cuando se somete al imperativo del óptimo rendimiento empresarial? Le pregunto a Sergio de dónde sale la motivación para asumir estas nuevas responsabilidades. Y me responde con otra cuestión ¿Cuál es el margen de elección, hoy, entre engrosar las listas del desempleo y la reducción de salario? La motivación externa no existe, al menos conserva un trabajo, es una cuestión de mera supervivencia, me replica ¿Tenemos en cuenta los estragos que produce en nuestros cuerpos y nuestros afectos la exigencia de tener éxito, éste determinado tipo de éxito?.

En la facultad nos vendieron un concepto de progreso incorrecto o como mínimo profundamente influenciado por el pensamiento económico dominante. Aunque lo peor no fue eso. Lo más flagrante fue que ese concepto lo compramos con todas las garantías y parabienes, sin preguntas de ningún tipo. Nos lo tragamos sin dudas que perturbaran nuestros pensamientos. Supongo que en aquellos momentos no habíamos leído lo suficiente. O eso o es la corrosión del carácter de la que hablaba Sennet, que tampoco leímos.

martes, 23 de abril de 2013

El gran empresario canario


He dado dinero a varios partidos, pero guardo todos y cada uno de los recibos. 


En Canarias un grupo de empresarios con poder de influencia sobre la clase política proclama por enésima vez que es necesario terminar obras imprescindibles para la isla de Tenerife como el anillo insular o el puerto de Granadilla. Y con precisión de relojero, evidenciando quién marca la pauta, el Cabildo de Tenerife no solo se pone a trabajar en ello sino que propone diferentes fórmulas para garantizar la finalización de las obras del tramo Adeje-Santiago del Teide del anillo insular. El poder de influencia es tan grande que los propios empresarios valoran las propuestas de la Administración y, junto a otros políticos, se permiten el lujo de rechazar o aceptar las recetas planteadas por el Cabildo. Un comportamiento que contrasta visiblemente con el estado de retraso o abandono en el que se encuentran asuntos de vital importancia para Canarias como los hospitales del norte y del sur de Tenerife, la situación de las listas de espera en la sanidad canaria, la desigualdad galopante,….Si esto no revela la gran influencia y connivencia entre la clase política y económica de las islas, es que la ceguera de la ciudadanía, los medios de comunicación y los políticos de bien es tan grande que hemos perdido el rumbo.

Las reacciones de una muestra de empresarios con influencia en el entorno económico de Canarias, ante las declaraciones del empresario y constructor Ambrosio Jiménez, también resultan sintomáticas. El Sr. Jiménez admitió que ha realizado donaciones económicas a los tres partidos que se alternan en el Gobierno de Canarias, tan solo como un detalle. Es más, ha apuntado que cree que todos los empresarios ejercen esta práctica. La confesión y las declaraciones posteriores de un grupo de empresarios revelan un tipo concreto de empresario que se estila en las islas. También de una forma significativa de hacer política y, en suma, de un modelo de democracia muy característica en Canarias. Vistos los papeles de Bárcenas, hay que admitir, no obstante, que todo ello también está extendido al resto del territorio nacional, lo que en esencia denota la podredumbre de un sistema político, económico e institucional que pide a gritos una reforma.

En primer lugar, los grandes empresarios canarios se muestran partidarios, en mayor o menor medida, de implantar un sistema de financiación de partidos políticos similar al existente en EE.UU. El sistema de financiación vigente en EE.UU contempla, entre otros aspectos, que cualquier donación realizada por un particular quede debidamente registrada conforme a la legalidad. Sin embargo, ¿Ha contribuido esa presunta transparencia a reducir el grado de corrupción en el sistema político americano? ¿Ha ayudado a acabar con la enorme influencia que tiene el dinero sobre los políticos que conforman el Congreso de EE.UU? No parece y el caso Enron o el entramado de intereses creados entre el sector bancario y las agencias de calificación de riesgos, que están en la base de la presente crisis, invita a pensar que, lejos de combatir la corrupción, lo que posibilita el sistema americano es que los grandes poderes empresariales tengan influencia y acceso directo sobre los representantes políticos. 

Obviamente, hay que actuar con la máxima transparencia en todo lo relacionado con la financiación de partidos políticos, pero lo que se debe discutir mediante un debate diverso, democrático y público es si es legítimo que los partidos políticos se financien con aportaciones económicas procedentes del sector privado. ¿Cómo garantizamos la independencia del partido político receptor de esas aportaciones en su función legisladora? ¿Cómo evitamos el evidente conflicto de interés que existe cuando la misma formación política que tiene que legislar en materia bancaria o energética o de infraestructuras, recibe importantes aportaciones económicas de los agentes que operan en esos sectores? En los papeles de Bárcenas existen indicios claros que apuntan a que existió una relación más que directa entre los que hacían las donaciones económicas al Partido Popular y los adjudicatarios de determinadas obras. Por tanto, parece claro concluir que el Parlamento y toda su maquinaria de la democracia representativa no ha sido capaz de balancear los intereses particulares de cada grupo, mediatizados por los donantes. Dar a conocer quién hace las aportaciones económicas y en qué cuantía, sin ningún cambio adicional, supone robustecer una herramienta de influencia inmediata sobre la clase política española.

En segundo lugar, las declaraciones del empresario Félix Santiago nos parecen muy llamativas. El máximo responsable del grupo constructor que lleva su nombre ha dicho que llegado el periodo electoral ha procurado siempre mirar a todos por igual, intentando ayudar a todas las siglas. Como si de un buen padre se tratara, consciente de las carencias de cada uno de sus hijos, el constructor nos ofrece una visión asistencialista y paternalista del gran empresario para con los grupos políticos. Sus declaraciones certifican que el gran empresario ya no responde al perfil de aquella persona capaz de crear riqueza para la comunidad donde opera, de innovar, de generar empleo o crear procedimientos de trabajo de nuevo cuño que permiten mejorar la productividad de su empresa y, por extensión, la de la economía donde opera. No. Estos empresarios consiguen contratos y negocios gracias a las aportaciones económicas que realizan a la formación política que desempeña funciones de gobierno, parapetados tras la opacidad de una legislación de financiación de partidos insuficiente y poco debatida. Son, en definitiva, meros captadores de rentas cuyos réditos se materializan en jugosos contratos y adjudicaciones previa comisión. Un hecho que visibiliza dos fenómenos preocupantes en la política; la enorme dependencia económica de los partidos políticos respecto de sus donantes privados para hacer realidad sus dispendiosas campañas electorales y su escasa capacidad de autofinanciación a través de su base de afiliados.

Empresarios como estos son los personajes que, valiéndose de su privilegiada influencia política, se permiten realizar declaraciones poco contrastadas que persiguen exclusivamente hacer realidad sus intereses más particulares. Son ellos los que nos sermonean sin datos contrastados que en la administración pública canarias sobran al menos 5.000 empleados públicos. Son ellos los que abogan por reducir salarios y precarizar las condiciones laborales en virtud del bien común, los mismos que se llenan la boca hablando de la presunta eficiencia del mercado y de las bondades de la competencia, al mismo tiempo que se ocupan de neutralizar la rivalidad que puedan encontrar maniobrando de forma oscura entre bambalinas. ¿Son estos los empresarios referencia de la excelencia para los emprendedores canarios?

Ante semejantes afirmaciones, los pequeños empresarios que conforman el tejido económico de estas islas deberían salir en tromba a denunciarlas. Permitiría a las pymes canarias tomar distancia de estas prácticas fraudulentas y serviría para denunciar el enorme poder del que disponen estos individuos en detrimento de las propias pymes y de la sociedad canaria en su conjunto. En definitiva, ayudaría a reafirmar la idea esencial de que la empresa y los empresarios, entendidos como agentes creadores de riqueza y bienestar, son vitales para crear una próspera economía.

¿Las declaraciones del Sr. Jiménez pillan por sorpresa a alguien? Salvo algunas voces, asombra que desde los autodenominados partidos políticos democráticos no se haya exigido una investigación concienzuda sobre las afirmaciones de estos empresarios. ¿Dónde está la fiscalía para investigar estos asuntos? Que este tipo de prácticas corruptas estén tan interiorizadas y arraigadas en el imaginario colectivo canario, hasta el punto de no accionar las alarmas morales y éticas, es un indicador más de la decadencia de un sistema donde un solvente entramado cruzado de intereses político-económicos trabaja a favor de una clase dirigente muy concreta.

jueves, 11 de abril de 2013

El poder contra los movimientos sociales

  
Nos estamos quejando continuamente de la incapacidad de la sociedad para opinar, para participar y para revelarse. Para romper las ataduras de la sumisión. Pero cuando surgen movimientos sociales fuertes y comprometidos, de inmediato se pone en marcha el aparato de las descalificaciones y las anulaciones. 


La PAH es el último blanco de la ofensiva dialéctica de la Administración central en los últimos tiempos. Una ofensiva ya habitual que tiene por objeto la demonización de esos elementos de la Sociedad civil que ponen en cuestión sus decisiones autoritarias o, al menos, poco consensuadas. Sin embargo, este movimiento parece ser el único que defiende los intereses del ciudadano de a pie, frente a una actuación de la Administración que podría catalogarse de fraudulenta. En el caso concreto de los desahucios, ninguno de los niveles de la Administración se ha ocupado de buscar una solución solvente a tal drama. Tampoco de modificar una ley que a la postre ha resultado ser manifiestamente abusiva, inmoral y cancerbera de los intereses de los responsables de esta crisis, como ha demostrado la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Recordemos que fue el juez José María Fernandez Feijó, (y no la Administración) el que elevó a Luxemburgo la consulta de si la ley hipotecaria española resultaba conforme con la legislación europea. Además, han tenido que ser los propios ciudadanos los que, auto-organizándose, han sido capaces de crear una solvente red de cobertura solidaria con aquellos que han sido desalojados forzosamente. Este proceso ha permitido visibilizar el conflicto social, demostrar que La PAH tiene argumentos y soluciones de mayor calidad democrática que las aportadas por la Administración para resolver el drama, y ha logrado situar a los que dirigen las instituciones en una sospechosa e incómoda situación más cercana a la defensa de los intereses del sector bancario. ¿Qué ley hipotecaria resultará derivada del trámite parlamentario de la ILP presentada por La PAH? Probablemente una que cambie todo para que todo siga igual.

Similar comportamiento hemos detectado en la lucha ecologista y ciudadana en Canarias que ha alcanzado su último éxito cuando el TSJC ha anulado el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística de La Palma y tres de los cinco campos de golf proyectados.

Campaña de La PAH a favor de la ILP hipotecaria
La ley 11/1990 de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico intenta regular en todo el territorio canario la incidencia negativa del hombre sobre el entorno y sus elementos naturales. Dicha ley tiene por objeto instrumentar las medidas de evolución del impacto ecológico, como protocolo ineludible para detectar anticipadamente el deterioro ecológico que determinados proyectos pudieran ocasionar en el medio natural donde se asientan (art. 1.2). Además de establecer tres categorías de evaluación ambiental (Art. 4) que se deberán aplicar según cada caso, en su artículo 6 determina que se someterán a evaluación básica de impacto ecológico todo proyecto o actividad objeto de autorización administrativa que vaya a realizarse en área de sensibilidad ecológica. Por tanto, y aunque en su artículo 10 el Gobierno de Canarias se reserva el derecho de excluir del procedimiento de evaluación a determinados proyectos por razones de urgente necesidad, la ley es clara sobre este aspecto; todo proyecto debe ir acompañado de la correspondiente evaluación de impacto ambiental.

Además de esta ley, la ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, tiene por objeto contribuir a la integración de los aspectos ambientales en la preparación y adopción de planes y programas, mediante la realización de una evaluación ambiental de aquellos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. Esta ley obliga a las comunidades autónomas con competencias planificadoras en la ordenación del territorio y el urbanismo, a la realización de un proceso de evaluación ambiental estratégica de los planes y estrategias que elaboren. La ley vuelve a ser, por tanto, muy clara y exigente.

Recientemente, hemos sabido que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por el que se anula parte del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma, se basa en la ausencia del correspondiente informe de evaluación de impacto ambiental de tres campos de golf que el plan territorial contemplaba construir sobre territorio protegido. Si la ley es clara respecto a la obligación de presentar dichos informes ¿Cómo es posible que el Cabildo Insular de La Palma, la consejería correspondiente del gobierno autonómico y el propio Gobierno de Canarias no hayan cumplido con este trámite? Lo que observamos es que, por un lado, la Administración autonómica asume, legislando, proteger el medio natural canario, mejorar la calidad de vida en un entorno ambiental digno para la persona, el adecuado uso de los recursos naturales y la preservación de los recursos genéticos animales y vegetales (Preámbulo de la ley 11/1990). Pero por otro, nos encontramos que la Administración es un protagonista activo en el incumplimiento sistemático de las directrices legales sobre medio ambiente. En este caso concreto el informe de sostenibilidad y viabilidad económica solo hacía alusión genérica a los perímetros en los que se iban a ubicar estas instalaciones y la carga alojativa prevista. Si la propia actuación de la Administración incumple la ley ¿Cómo actuar ante semejante despropósito? Eustaquio Villalba, de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), sugiere aquí, lo que debemos hacer.

Según ha trascendido en los medio de comunicación, la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias llegó a proponer como argumento en el proceso, que los planes especiales tienen el mismo carácter regulador que los planes insulares. Un argumento desestimado por el tribunal al considerar que los planes especiales por sí solos no pueden contar con el mismo rango que los planes insulares, figura jurídica de mayor jerarquía en el planeamiento. La ley del suelo y la normativa de ordenación del territorio también son muy claras en este aspecto, determinan la imposibilidad de que un plan de rango inferior modifique o contradiga lo establecido en el superior al que esté expresamente subordinado. Si esto es así ¿Cuáles son las razones para que las administraciones argumentaran en este sentido en el caso del Plan Territorial de La Palma?

Hay que recordar que el fallo del alto tribunal canario tiene su origen en un recurso interpuesto hace años por ATAN. Entre las estrategias de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno canario estaba la de lograr incapacitar a dicha organización para llevar la acción judicial. ATAN destaca por ser una organización ecologista que desde 1972 tiene como fin general la defensa del medio ambiente velando por la ordenación y el uso sostenible de los recursos del territorio. Su solvencia en ese cometido está suficientemente acreditada. Además, se ha erigido en muchos casos como el único defensor del derecho que tiene el ciudadano a disfrutar de un medio natural libre de agresiones. En el proceso judicial contra el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma se demuestra una vez más que la propia administración ha intentado boicotear su capacidad legal de denuncia. ¿Por qué razón intentó obstruir la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias la participación de ATAN en el proceso? ¿No será que esta administración percibió los sólidos argumentos legales con los que concurría ATAN en el proceso y, por tanto, hacía peligrar la construcción de los tres campos de golf previstos en el Plan Territorial Especial así como las rentas que proporcionaría a algunos?

Lo que percibimos en este asunto es un episodio más donde la Administración pública autonómica infringe metódicamente la ley de protección del territorio en las islas, e intenta obstaculizar la denuncia de determinados movimientos ciudadanos que, cargados de razones legales, se erigen como únicos defensores de los intereses ciudadanos en el proceso jurídico derivado de la denuncia. Una percepción muy grave. De ser cierta (en Canarias hay muchos ejemplos que lo corroboran) llevaría a concluir que las instituciones políticas parecen defender con mayor ahínco los intereses de los impulsores de las agresiones al medio natural, olvidando deliberadamente los derechos de los ciudadanos que votan para que esas instituciones les defiendan. Lo que implica que trabajan para los grupos oligárquicos que las dominan y no para el ciudadano.

sábado, 6 de abril de 2013

Los campos de golf y el derecho a prosperar

  
…la normativa medioambiental y urbanística que afecta a La Palma es excesiva e impide el desarrollo de la Isla…vamos a exigir con rotundidad el derecho a prosperar. 


El turismo de golf engloba todas aquellas actividades relacionadas directa o indirectamente con el desplazamiento temporal de turistas, cuya motivación principal se encuentra en la práctica del golf o en la contemplación de competiciones que tienen que ver con este deporte. España está bien situada en el mercado europeo del turismo de golf. Con una cuota de mercado muy cerca del 40% y un volumen de negocio de 1.030 millones de euros en 2011, ostenta una clara posición de liderazgo y Canarias, según un estudio de KPMG sale bien parada. Con ingresos de 177 millones se sitúa en segundo lugar por detrás de Andalucía, verdadera potencia en España en este tipo de turismo (400 millones €).

Las actividades turísticas relacionadas con el mundo del golf no solo se reducen a la construcción de los campos que albergarán su práctica. También requieren fuertes inversiones en infraestructuras hoteleras y equipamientos que proporcionen servicios a los turistas que quieran practicarlo o contemplarlo. Normalmente, las instalaciones de golf están asociadas a la proliferación de plazas hoteleras y extrahoteleras. Ello supone habilitar desarrollos urbanísticas donde se asientan actividades agrícolas y de primera necesidad, con quien tendrán que competir por el suelo disponible que, tratándose de un territorio insular como Canarias, es escaso y caro. Los desarrollos urbanísticos requieren recalificaciones y éstas traen asociada la especulación. Lo normal es que las instalaciones deportivas de golf estén emplazadas, además, en lugares de gran valor paisajístico lo que habitualmente está relacionado con espacios cuyos suelos son los más productivos y útiles para usos agrícolas.

Campo de golf en Buenavista del Norte. Tenerife
Pero hay más. Como dice Ramón Pérez Almodóvar en un magnífico artículo del 2005, en términos medios, se estima que los campos de golf requieren tanta agua para su mantenimiento como la que demandaría diariamente para consumo humano una población de unos 63.000 habitantes. Una cantidad ingente de agua para una zona como Canarias en la que se lucha diariamente contra uno de sus grandes mantras, la escasez de agua. Así pues, los campos de golf serán otro elemento más que competirá por el consumo de agua. Pero no cualquier agua, normalmente la de calidad máxima. Los estudios recomiendan que las instalaciones deportivas de golf de calidad se rieguen con agua natural, porque la depurada trae consecuencias negativas para la instalación; salinización de los suelos, riesgo de aparición de infecciones que deterioran el piso donde se practica este deporte, y las altas inversiones necesarias en instalaciones depuradoras y/o desaladoras que encarecerían la instalación.

En abril de 2002, el entonces viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Rafael Medina Jáber (CC) no dudó en apostar por el golf como oferta turística. Entonces dijo que el golf podía ser una buena alternativa a las plataneras cuando éstas dejaran de ser rentables en el futuro. Fue más allá al considerar, además, que los campos de golf embellecen el medio ambiente. En aquel momento existían en Canarias 15 campos de golf y 10 más en construcción. Más de una década después de aquella apuesta, con 23 campos de golf operativos que embellecen el territorio canario, resulta que el archipiélago sigue ostentando una tasa de desempleo de las más altas de España, unos índices de desigualdad importantes y un elevado porcentaje de población que vive por debajo del umbral de la pobreza. Lo que invita a pensar que ese tipo de turismo, basado en la práctica y contemplación del deporte del golf, ha fracasado en su intento de generar rentas, empleo y prosperidad suficiente como para mejorar la situación económica y social del común de los canarios. Más bien parece que ha mejorado la situación económica personal de quienes han sido sus promotores más directos; constructores, inmobiliarias, tour-operadores....

Llegados a este punto surgen una serie de preguntas insoslayables ¿Realmente puede prosperar una isla apostando por el turismo de golf? ¿Podemos considerar que una isla progresa construyendo tres campos de golf dentro de espacios naturales protegidos por sus altos valores ambientales y paisajísticos? ¿De dónde procede el agua que regará estas instalaciones? ¿Entrará en conflicto con el agua destinada a consumo humano o para riego agrícola? ¿Se evalúan seriamente los impactos ambientales que genera un campo de golf? ¿Es el turismo de golf la panacea en Canarias para resolver la precariedad laboral y generar bienestar? ¿Cuántos empleos genera una instalación de golf, de qué tipo y en qué condiciones?

Esta semana el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de La Palma. La razón ha sido incorporar en dicho plan los campos de golf de Breña Alta, Los Llanos de Aridane y Barlovento, sin haber ejecutado previamente una evaluación sobre su impacto ambiental en el territorio. La reacción de las autoridades locales, como cabía esperar, puesto que ya es una práctica común en el archipiélago, ha sido la de criticar la legislación ambiental en Canarias. La presidenta del Cabildo Insular de La Palma, Guadalupe González, ha dicho que la legislación en materia de medio ambiente no solo es excesiva en esta isla sino que impide su desarrollo. ¿No será que impide el desarrollo y la captación de rentas de aquellos que promueven estas instalaciones deportivas, altamente impactantes con el medio natural donde se insertan?. Los hechos, desgraciadamente, demuestran que la legislación ambiental en Canarias lejos de ser excesiva no se respeta y se incumple frecuentemente.

Apelando a la acostumbrada demagogia, esta Isla debe quedar para las generaciones futuras, pero nuestros hijos tienen derecho no solo a heredar un territorio bonito y verde, sino también a desarrollarse como personas aquí y a tener un puesto de trabajo, el Cabildo recurrirá ante el Supremo la decisión del TSJC. No es la primera vez que oímos este tipo de declaraciones de cargos políticos. Unas explicaciones que parecen mostrar que las instituciones públicas trabajan más para defender los intereses de determinados agentes empresariales que promueven dichas instalaciones que para el propio ciudadano, verdadero constructor de aquellas instituciones que supuestamente deben defenderle. La estrategia de la Comunidad Autónoma en el procedimiento jurídico argumentaba que los planes territoriales especiales pueden adquirir rango de planes insulares de ordenación. Una ilegalidad manifiesta que retrata claramente la postura de la Comunidad en este asunto.