NO a las prospecciones petrolíferas

  
Cuando el gobierno de José María Aznar propuso el plan para gestionar los recursos hídricos existentes en España, materializado en lo que se llamó el Plan Hidrológico Nacional (PHN), muchos colectivos sociales y ecologistas salieron a la calle en señal de protesta. Entendieron que dicho plan lesionaba gravemente las existencias hídricas que disponía España, además de suponer un enorme e indecente negocio para las principales empresas constructoras españolas. Un negocio que también suponía desequilibrar en favor del levante español la relación entre los territorios secos de la España interior, escasamente vinculados al boom inmobiliario y la pujante zona de la costa mediterránea que, al calor de la burbuja inmobiliaria, requería nuevos aportes de recursos hídricos. El PSOE, ante el clamor popular que se desató contra el PHN, supo capitalizar ese descontento masivo y ampliamente argumentado. En la campaña electoral del 2004 no dudó en declarar que si llegaban al poder derogarían el PHN. Así lo hicieron y lo sustituyeron por un plan de construcción de 51 desaladoras que además de sustituir el problema de la escasez de agua por más gasto energético ha supuesto un fracaso monumental. De las 51 plantas previstas en el plan, solo están construidas 17 y además solo funcionan al 16,45% de su capacidad. Por tanto ni se ha resuelto el problema del agua ni el gobierno del PSOE fue capaz de proponer un plan serio de ahorro de uno de los recursos más escasos e importantes que existen en el planeta, el agua. Sin embargo, si supo capitalizar electoralmente ese descontento social.

Campaña de Ben Magec-Ecologistas en Acción

Igual modo de razonamiento podemos aplicar para el caso de la guerra de Irak. La enorme movilización popular que desató la intervención por parte de España en dicho conflicto, fue hábilmente capitalizada electoralmente por el gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero. Sus desplantes al gobierno de George Bush fueron ampliamente criticados en la prensa conservadora, igual que sus declaraciones a favor de un pacifismo de pandereta al que se le trató de dar empaque político mundial a través de aquello que se llamó la Alianza de Civilizaciones. Y sin embargo, al final de su legislatura decidió intervenir en una nueva versión, más moderna y liderada por Francia, de otra guerra por el control de los recursos del planeta, al participar en el derrocamiento de uno de los dictadores largamente consentidos por Occidente; la intervención en Libia y el consiguiente asesinato de Gadafi.

En Canarias, hay que recordar el intento de CC de atesorar el descontento ciudadano alrededor de la instalación, por parte de Unelco, del tendido eléctrico a través de las cumbres de Vilaflor en la isla de Tenerife. Famosas son las imágenes de Ricardo Melchior, ex-dirigente de Unelco y actual presidente del Cabildo tinerfeño, saliendo de la ya mítica y masiva movilización del 23 de noviembre de 2003, ante el abucheo generalizado de una ciudadanía que entendió la doble moral de un señor y de un partido político que eran los artífices de tal proyecto.

Lo que ponen de manifiesto estos ejemplos es que la clase política tiende a decir, declarar y manifestar lo que sea con tal de capitalizar cualquier movilización popular masiva sin que esas posiciones se vean luego ratificadas con hechos que las consagren. El leitmotiv de estos comportamientos es el potencial caladero de votos que suponen estas iniciativas o, al menos, alcanzar una mejora en la imagen pública de la formación política ante un amplio sector de la ciudadanía.

Interpretación del dibujante Ramón sobre las prospecciones en El País

Y con el no masivo a la autorización de las prospecciones petrolíferas del presente gobierno del Partido Popular se está viendo claramente. Sorprendentes las declaraciones en defensa del medio ambiente del Presidente del Gobierno de Canarias, totalmente contrarias a la política que CC ha implementado durante casi 20 años. Sorprende el casi total silencio del PSOE ante este tema, después de que José Miguel Pérez, declarara en la precampaña de las autonómicas que no entiendo la oposición a las prospecciones petrolíferas. Yo solo veo ventajas tanto en seguridad como en cooperación. El tándem de gobierno CC-PSOE ha descubierto que su retórica ecologista, aderezada con ciertas dosis de independentismo nacionalista, les puede congraciar con cierta parte del electorado. Por eso es muy probable que también se movilicen contra las prospecciones este sábado 24 de marzo. Va a ser interesante y hasta divertido ver a personajes nefastos para el medio ambiente canario como Domingo Berriel, exconsejero de Medio Ambiente y actual consejero de Ordenación Territorial e Infraestructuras quien llegó a declarar en una ocasión que hoy día los movimientos ecologistas no tienen ya la función o el interés que podían tener en el pasado (….) el movimiento ecologista tiene menos función que antes, en cuanto que en la mayoría de la conciencia de los ciudadanos ya está la sostenibilidad.

Por estas razones la movilización de la ciudadanía canaria contra las prospecciones petrolíferas debe ser una movilización independiente. Al margen de cualquier hipócrita y cínica posición mantenida por los partidos mayoritarios que dominan la tramoya política en las islas. Deben ser unas movilizaciones contundentes porque contundentes son los argumentos, no solo para denunciar una decisión autoritaria que lesiona los intereses económicos, sociales y ambientales de Canarias, sino porque junto al NO al petróleo en Canarias debe ir en paralelo una reivindicación sólida de implantar un nuevo modelo económico y de desarrollo para las islas. Un modelo que inexorablemente debe estar basado en la defesa del medio natural, en el impulso definitivo de las energías renovables y en el fomento de la participación ciudadana en todos aquellos asuntos de vital importancia para los intereses de los canarios.

La dilución de las cajas canarias

  
Lo que pasó con el banco fue un símbolo perfecto de las fusiones oscuras, oligárquicas y tercermundistas de intereses públicos y privados que proliferaron después del crack.

Cleptopía. Fabricantes de burbujas y vampiros financieros en la era de la estafa. Matt Taibbi (2011).

Conviene recordar algunas decisiones que la velocidad de los acontecimientos y la cantidad de información trivial que puebla los medios de comunicación masivos, tiende a sepultar en el olvido colectivo. Recordemos que Caja Canarias, aquella entidad financiera que era considerada el baluarte financiero de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se integró con otras tres cajas, Caja Navarra, Caja Burgos y Caja Sol, para dar como resultado la entidad Banca Cívica. En las entrañas de esta nueva entidad La Caja General de Ahorros de Canarias representa, en la actualidad, alrededor del 19% por volumen de activos. Al mismo tiempo, La Caja Insular de Canarias, relevante actor económico en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, forma parte del gigante Bankia junto con Caja Madrid, Bancaja, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja. En esta entidad, la tercera de España por volumen de activos, La Caja Insular de Canarias, representa aproximadamente un exiguo 5%.

¿Elegido por los clientes? Habría mucho que debatir sobre eso

Recientemente se ha hablado de las necesidades de capital de Banca Cívica. Al no contar con suficientes recursos para cumplir con los requisitos de saneamiento de sus activos inmobiliarios (2.031 millones de €), la entidad se encuentra en proceso de búsqueda de socios que le permitan satisfacer las nuevas condiciones. Y CaixaBank (La Caixa) es la entidad que estaría afilando los dientes para hacerse con Banca Cívica. De producirse una nueva integración, la presencia de Caja Canarias se diluiría hasta un ínfimo 5%. La prensa no ha dudado en vender este proceso como un triunfo que tendría como resultado otro gigante bancario. La Caixa no es la única interesada. También IberCaja ha mostrado interés por negociar con Banca Cívica. Así pues, con estos procesos de integración, en el caso canario como en el resto de España, se abandona definitivamente la oportunidad de crear una entidad local que, con criterios públicos, atendiera las necesidades de desarrollo social y sostenible en las islas, en la línea de crear una banca pública canaria, bien es verdad que a contracorriente de lo que marcan los cánones de la ortodoxia económica. Un proceso de concentración que tendrá consecuencias a nivel laboral cuando se decida redimensionar la estructura laboral de las entidades resultantes.

La estrategia seguida en España, como en otros lugares del mundo producto de la hegemonía de este capitalismo financiero, ha sido la de facilitar la concentración de las entidades financieras de forma que bancos más expuestos a la crisis y por tanto más débiles, fueran fagocitados por los más resistentes y competitivos. En España se impuso, además, que las Cajas de Ahorros, negocio financiero que estaba al margen de los mercados y de la banca (representa alrededor del 50%) se transformaran en bancos permitiendo su desaparición (SIP). Una decisión que ilustra el poder de la banca en la gestión de esta crisis. No solo han sido los detonantes de la misma, además están en una posición ventajosa para indicar por dónde deben ir las estrategias futuras para afrontarla. Estrategias que obviamente beneficia al poder financiero.

Con el discurso de la despolitización de las Cajas de Ahorros, vinculando presencia política con ineficiencias operativas en su gestión, corrupción y despilfarro económico, se ha eliminado un actor esencial en el desarrollo económico, social y colectivo en el ámbito local. En esencia, la presencia política en este tipo de entidades no es un elemento negativo. Existen numerosas entidades privatizadas que han incorporado como consejeros independientes a ex políticos y nadie pone en duda la gestión correcta de las mismas. Dos ejemplos saltan a la vista, José Folgado ex secretario de estado del PP en la época de Aznar es presidente de REE y Elena Salgado, ex ministra de economía, acaba de ser fichada por Endesa. El problema de las Cajas ha sido una gestión sin control, excesivamente vinculada al sector inmobiliario y la ausencia de condicionantes éticos y/o morales que rigieran su comportamiento. Cuestiones estas que poco o nada tienen que ver con la presencia política. Sin embargo, sí está ampliamente documentado que la presunta eficiencia que se ganaría al introducir criterios de mercado en la gestión de estas entidades es un mito.

Otro gigante con mayor riesgo sistémico

La opacidad y oscuridad con la que se ha ejecutado el proceso de reestructuración bancaria es otra características a resaltar. No hemos conocido con exactitud la exposición de la banca y las cajas a la burbuja inmobiliaria. En consecuencia, ¿Los canarios sabemos con exactitud el nivel de exposición de las cajas al crack inmobiliario?. La ciudadanía tampoco conoce las necesidades reales de capital que requieren los actores del sistema financiero español. La falta de transparencia en un asunto de vital importancia como esta, muestra un proceso a todas luces antidemocrático que pretende evitar que se hagan públicas unas prácticas que han excedido cualquier tipo de límite económico, ético, y moral. Un golpe en el prestigio del sector financiero español que obviamente no está por la labor de asumir. Lo que convierte esta crisis en una estafa a gran escala.

Lo más insultante de esta interesada operación es que el poder político, como testaferro del poder financiero, obligue al contribuyente a soportar el coste de la misma. Si se impone que el coste de toda esta macro-reestructuración se realice con cargo al presupuesto público, es de recibo que el contribuyente conozca la totalidad de los detalles de la misma y, además, que se permita su participación directa. Pues ni una cosa ni la otra.

Una razón por la que los poderes políticos han inyectado billones de € de recursos públicos en el sostenimiento del sistema financiero internacional durante la presente crisis, es que muchas de las entidades que lo conforman son demasiado grandes como para que los gobiernos permitan su quiebra. Es lo que en la literatura económica se conoce como el too big to fail. Dos son las razones principales; por un lado el desmesurado tamaño que habrían alcanzado esas entidades financieras, medido por el volumen de sus activos; por otro lado, el excesivo grado de interconexión que estos bancos mantienen con los nodos de la arquitectura financiera mundial. Dos cuestiones que explican el denominado riesgo sistémico; la interdependencia del sistema financiero internacional es de tal magnitud, que el fallo de una entidad podría ocasionar fallos en cascada del resto y en consecuencia el colapso de todo el sistema. El riesgo sistémico de Lehman Brothers es el que difundió la crisis localizada en el sector financiero de EE.UU. al resto del sistema financiero mundial y a la economía real.

¿Es recomendable crear entidades financieras que operan en un entorno global cuyo peso e interconexión crece hasta tal envergadura que su colapso puede originar una crisis sistémica peor que la que estamos viviendo? Rotundamente no. Sin embargo, se sigue haciendo de forma opaca, sin participación ciudadana, transformando la identidad de un actor vital en el desarrollo local, desvinculándolo de su ámbito territorial, creando organizaciones cada vez más gigantes y, para más inri, con dinero del contribuyente. El gran tamaño no es sinónimo de mayor fortaleza y sí de mayor inestabilidad, riesgo y más crisis.

Un gobierno ecologista. ¡Qué escándalo!

 
El Parlamento de Canarias, esa institución que debe defender los intereses de Canarias y ser la máxima expresión de su voluntad política, es en la práctica un platea donde los tres partidos mayoritarios, junto con las aportaciones no desdeñables de Nueva Canarias, ponen a funcionar, casi a diario, la maquinaria retórica y grandilocuente de sus proclamas. Unas afirmaciones que luego son amplificada por unos medios de comunicación fieles a la cuerda política que representan y poco capaces de hacer Periodismo. Ante tanta declaración hueca y sin contenido el resultado es el desprestigio de la función pública.

Canarias es algo más que Gran Canaria y Tenerife, y la unidad de Canarias vale más que todo el petróleo que hay en el mundo, dijo el Presidente del Gobierno de Canarias el pasado día 6 de marzo en el Parlamento, mientras intentaba que dicha institución se pronunciara unánimemente contra las prospecciones petrolíferas frente a Lanzarote y Fuerteventura. Una frase que es una obviedad tan rotunda cuya consecuencia es que el testimonio pierda sentido. Estas declaraciones en palabras de cualquier otro político, sobre todo si se vinculara a ciertas posiciones de izquierdas, sería tachada de populista de inmediato. Lo interesante de esta afirmación, sin embargo, es que nos ejemplifica una nueva muestra del cinismo que rodea a la política en Canarias, tan aficionada a exacerbar el pleito insular para desunir cuando le ha interesado. Lo que pretende con esta postura el grupo de gobierno, sobre todo Coalición Canaria, muy proclive a explotar políticamente todos aquellos conflictos en los que presuntamente estaría en juego la identidad canaria, es la capitalización política del descontento ciudadano. La sociedad canaria ya mostró a principios del presente siglo ese descontento frente al inicio de los trabajos de prospecciones de Repsol. De este modo CC quedaría ante la opinión pública como los más preocupados respecto al drama de poner en riesgo el principal medio de subsistencia que tienen las islas; su riqueza medioambiental y territorial. Ver a Coalición Canaria disfrazada de ecologista es la última versión que nos quedaba por conocer de un partido capaz de representar el guión más insólito.

 Efectos del derrame de petróleo en el Golfo de México. Edward Burtynsky

La virulencia dialéctica del bloque conformado por el grupo de gobierno, CC – PSOE, más Nueva Canarias, frente al Partido Popular canario, que mantiene una postura servil a la hoja de ruta de su poder central, tiene una única y evidente justificación; no son ellos sino el PP nacional quien capitalizaría económica (ingresos fiscales) y políticamente (lobby energético) la posible existencia de petróleo en aguas canarias. ¿Cuál sería la postura de CC y el resto de formaciones políticas sobre este asunto, si se demostrara que existe petróleo bajo el subsuelo y fuera la Autonomía la beneficiaria económica de la total explotación del yacimiento?

¿Se va a ir el petróleo en el caso de que se decida parar? A lo mejor dentro de 50 años existen garantías que ahora no tenemos y los que gobiernen entonces pueden decidir que se realicen, afirmó José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Nacionalista CC-PNC-CCN. Una afirmación que es la prueba de cargo de una idea clara; ahora no interesa sondear si hay o no petróleo, pero sí quizás dentro de 50 años. Una proclama que desvela el profundo arraigo de un esquema de pensamiento que continúa defendiendo que el problema de la producción está resuelto, que podemos continuar con los actuales niveles de producción y consumo porque existen reservas energéticas fósiles ilimitadas. ¿Podrá continuar esta sociedad con los niveles de consumo actuales bajo el paradigma del petróleo y la quema de combustibles fósiles dentro de medio siglo? El problema no es la existencia o no de las bolsas de petróleo bajo las aguas, ni siquiera que Canarias sea o no la beneficiaria de las potenciales ventajas económicas que se derivarían. El verdadero debate está en que nuestra sociedad no podrá continuar viviendo por mucho tiempo más de generar energía mediante procedimientos no renovables. Es más, aún bajo procedimientos renovables ¿Es ético y sostenible mantener los niveles de consumo actuales?. La construcción de una sociedad sostenible basada en otros valores alternativos de contención y autolimitación recomienda no solo generar energía mediante métodos renovables, también poner coto a unos niveles de consumo estratosféricos. ¿Vamos a seguir aferrándonos a un estilo de vida que crecientemente vacía el mundo y desbasta a la naturaleza por medio de su excesivo énfasis en las satisfacciones materiales, o vamos a emplear los poderes creativos de la ciencia y de la tecnología, bajo el control de la sabiduría, en la elaboración de formas de vida que se encuadren dentro de las leyes inalterables del universo y que sean capaces de alentar las más altas aspiraciones de la naturaleza humana? Decía E. F. Schumacher en 1974 (Lo pequeño es hermoso).

El Sr. Barragán también hizo alusión a la falacia que supone que desde el Estado se diga que la posibilidad de que exista petróleo en aguas canarias supondría la creación de una infinidad de puestos de trabajo. Repsol los cifra en unos 52.000 empleos. ¡Nada menos!. José Miguel Barragán, en un alarde de concreción habla de que solo serán 400 empleados en un solo pozo. Los mismos empleados que tiene cualquier hotel de cuatro estrellas de Fuerteventura y Lanzarote. Celebramos que sea el propio Gobierno de Canarias, tan susceptible de inflar la creación de puestos de trabajo cada vez que han impuesto la construcción de puertos deportivos e industriales, proyectos ferroviarios, vías de alta capacidad, etc, los que se afanen en desenmascarar esa estrategia caduca, demagógica e inservible de justificar cualquier intervención o proyecto apelando al mantra del desempleo. Produce placer ver al actual Gobierno de Canarias recibir un poco de esa medicina demagógica que ellos mismos aplican a menudo.

Efectos del derrame de petróleo en el Golfo de México. Edward Burtynsky

Resulta irrisorio ver al gobierno de Canarias, por boca de su Presidente, recordar a la opinión pública y al Parlamento canario que tanto en la zona directamente afectada como en sus proximidades, se localizan importantes poblaciones de especies vegetales y animales marinos protegidos por directivas europeas. Y esto lo dice el grupo político que ha sido el artífice de rebajar, de forma opaca y antidemocrática, la protección de muchas especies que garantizan la biodiversidad mediante la aprobación, en mayo de 2010, del nuevo catálogo de especies amenazadas. Una argucia que ha permitido desbloquear la construcción del Puerto de Granadilla en Tenerife. Uno de los mayores atentados medioambientales producidos en Canarias. De repente el gobierno de Canarias se ha vuelto ecologista. ¡Qué escándalo!

Igual de hipócrita resulta leer el comunicado que el grupo de gobierno firmó el pasado 06 de marzo buscando un pronunciamiento común del Parlamento regional contra las prospecciones. En el comunicado se indica que la prioridad energética de Canarias debe centrarse en el fomento de fuentes de energía limpias y renovables. Contrastan estas proclamas en defensa de la diversificación renovable de la generación de energía en Canarias, en un gobierno que ha apostado firmemente por la introducción del gas natural en las islas capitales del archipiélago.

Lo dicho; pura palabrería, puros intereses mezquinos, pura miseria, pura mentira es la que todas las formaciones políticas que integran el Parlamento de Canarias revelan una vez sí y otra también a sus ciudadanos.

Impunidades

  
Una preocupante percepción de impunidad se instala en la mente de quien lee un periódico, escucha un informativo de televisión y radio o simplemente se toma la molestia de ver la situación del mundo a través de Internet. Una impunidad no solo entendida como ausencia de castigo sino como un término más amplio, desdibujado y de existencia inevitable. Hoy no solo no existe castigo sino que ni siquiera se plantea que haya acción punitiva alguna y cuando la hay, su legitimidad es endeble y carece de argumentos sólidos. Se trata de un término que ha evolucionado con el tiempo paralelamente al hecho constatado, y parece que inexorable, de que cada vez más tendremos que convivir con su presencia. Al mezclarse con otros conceptos que definen esta sociedad, negligencia, irresponsabilidad, asimetrías de poder, abusos….puede tomar múltiples modalidades de presentación pero un efecto único demoledor; socavar los pilares de una sociedad basada en la igualdad ante la Justicia y con ello la perversión misma de la Democracia.

Impunidad que unas veces está vinculada al cinismo y a la connivencia, como la postura reactiva e irresponsable que la Comunidad Internacional mantiene frente al régimen dictatorial del presidente sirio Bachar el Asad, responsable de perpetrar una de las mayores represiones sobre su propio pueblo. Que la Comunidad Internacional opte por mirar a otro lado, mientras se cometen asesinatos de civiles que luchan por instaurar la democracia, refleja la inoperancia de la ONU como organismo internacional que vela por la paz, al tiempo que quedan al descubierto los intereses mezquinos de los principales países ricos. Estos prefieren un sátrapa conocido que otro por conocer, no vaya a ocurrírsele poner en juego los intereses geopolíticos de Occidente en la zona.

Otras veces la impunidad adopta la forma de canallas tratados como caballeros que disfrutan de auténticos privilegios. Son esos ejecutivos de Goldman Sachs con sueldos indecentes y prestigio de tecnócratas, cuya estrategia a nivel mundial ha permitido al banco colocarles como gestores políticos de la crisis en Europa y América, a pesar de que las prácticas especulativas y fraudulentas de la entidad con derivados financieros, formen parte de las causas desencadenantes de esta crisis. Una estrategia que ha permitido al banco continuar ganando cantidades ingentes de dinero a costa de los intereses públicos y de Estados enteros como el de Grecia. Simultáneamente, el banco continúa maquinando para profundizar en la desregulación del sector financiero o, al menos, conspirando para que la regulación del sector siga siendo una intención que solo ocupe las primeras planas de los periódicos.

En otras ocasiones la impunidad se manifiesta en la existencia de una burocracia anquilosada, corrupta y dominada por unos señores que se benefician de mantener un status quo favorable a sus intereses, eludiendo investigar serios indicios de fraude electoral, como en las pasadas elecciones presidenciales en Rusia, celebradas entre denuncias de tongo con indicios claros de manipulación de urnas en algunas mesas electorales.

En España la impunidad también campa a sus anchas tomando formas variopintas. En situaciones se manifiesta posibilitando que el único condenado por la supuesta trama de financiación ilegal del Partido Popular sea el juez Baltazar Garzón, el mismo que la destapó. Mientras, una pieza separada del Caso Gürtel conocida como el Caso de los trajes permite a Ricardo Costa y Francisco Camps ser declarados no culpables de la acusación de cohecho impropio. Ante la imposibilidad de demostrar que estos señores se habían pagado sus trajes, el tribunal tampoco encontró pruebas suficientes de que fueran las empresas de la red Gürtel quien los abonara. Del análisis de ambos hechos se desprende, como mínimo, una dosis importante de contradicción; destapa la perversión con la que es utilizada la justicia para inhabilitar a un magistrado que osa investigar tramas de corrupción que afectan al Partido Popular o los mismísimos crímenes del franquismo.

Igual grado de impunidad se detecta en el Caso Nóos, otra pieza separada de un caso mayor de corrupción, el Caso Palma Arena, cuyas ramificaciones son tan amplias que abarcan varias comunidades autónomas. Las informaciones publicadas alrededor de los oscuros negocios de Iñaki Urdangarín y la posible implicación de la Infanta Cristina, permite preguntarnos sobre los negocios, las inversiones y las propiedades de una de las instituciones más opacas e intocables en España, la Corona. Una cuestión planea de fondo en todos estos casos ¿Somos todos iguales ante la ley? Es evidente que no.

El último movimiento de Endesa fichando a la exministra de economía por el partido socialista, Elena Salgado, ignorando la ley de incompatibilidades, no es impunidad, es, directamente, un fraude.

En Canarias también tenemos evidentes muestras de impunidad, no en vano es la segunda región con más número de cargos políticos imputados por prevaricación urbanística, cohecho o tráfico de influencias. Existe impunidad cuando se premia a determinados políticos con puestos de responsabilidad a pesar de que sobre ellos penden sospechas fundadas de que su gestión política no perseguía el interés público. Es el caso de Luz Reverón. Antigua concejala de urbanismo por CC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la última legislatura, tomó posesión como directora insular de la Administración del Estado en La Gomera por el PP, previa baja como militante de CC. La Sra. Reverón está imputada por el Caso Mamotreto en el que se investiga la posible ilegalidad del edificio al haberse construido sin autorización, invadiendo la zona de servidumbre e incumpliendo presuntamente la normativa urbanística vigente.

Pero el ejemplo paradigmático de otra variedad de impunidad, esta vez la de cómo formaciones políticas se convierten en valedoras de la corrupción al cerrar filas alrededor de personajes sobre los que gravitan graves acusaciones, es Miguel Zerolo. El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife fue nombrado senador por la Comunidad Autónoma por el Parlamento de Canarias, a pesar de estar imputado por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en uno de los mayores casos de corrupción de nuestra Autonomía, el Caso Las Teresitas. Un estatus que permite al exalcalde que la causa instruida por el TSJC pase al Tribunal Supremo y por tanto demorar la fijación de la vista oral de un procedimiento que se encontraba en su fase final. Otra forma más de impunidad, al utilizar los resquicios legales en su condición de aforado, las causas se eternizan en los juzgados y solo al cabo de mucho tiempo son juzgadas…. Si se tiene la suerte de que los delitos por los que se le acusa no prescriban.