Procesos de confluencia

  

Oyéndolo, parece evidente que la unión del nacionalismo en Canarias sigue siendo imposible 

 — El principal obstáculo es el programa. Defendemos cosas totalmente diferentes. También nos separa que son unos tramposos y no respetan las reglas. Quienes provocaron la ruptura de manera predeterminada, los de la poda, no pueden estar porque ya nos engañaron una vez. El de la poda es, sin duda, Paulino Rivero.

Román Rodríguez: "NC nunca apoyará a ATI-CC". Canarias 7. 16.05.11 

Coalición Canaria, por medio de su secretario general José Miguel Barragán, ha anunciado un proceso de confluencia con Nueva Canarias de cara a las autonómicas que se celebrarán en 2015. Una declaración de la que se han hecho eco medios de comunicación de toda condición a pesar de que no deja de ser un anuncio vago (¿Proceso de confluencia? ¿Bajo qué objetivos y planes? ¿A qué nivel?). Además Román Rodríguez se ha apresurado a declarar que no está en la agenda de NC iniciar conversaciones con CC. Cuando una de las partes contratantes hace declaraciones de este tipo, despertando en la otra parte sorpresa, cabe detectar cierto oportunismo en el mensaje. Algo que, por otro lado, Coalición Canaria maneja muy bien. En cualquier caso no sorprenden este tipo de declaraciones en el ámbito de la política canaria, muy dada a declaraciones mediáticas con cierto grado de vacuidad.

Sin embargo, cabe preguntarse dos cuestiones al hilo de esta reciente declaración:

Paulino Rivero y Román Rodriguez

Primera: ¿Mejoraría la situación económica y social de las islas que dos formaciones de corte convencional como son CC y NC acerquen posiciones? ¿Realmente aportan algo al depauperado panorama político de las islas? Canarias necesita formaciones políticas novedosas capaces de ilusionar a una ciudadanía maltratada por una crisis brutal que en las islas está siendo especialmente virulenta. Formaciones con capacidad para devolver el prestigio a unas instituciones políticas desacreditadas. Partidos políticos que superen el inmovilismo que les caracteriza, con la aptitud para rescatar una acción política mancillada que tiene especial manifestación en unos índices de abastención electoral inadmisibles para cualquier clase de política a la que le importe, de veras, la opinión del ciudadano. Para las nuevas generaciones que están creciendo en un mundo profudamente desigual y con importantes retos globales ¿son atractivas dos formaciones cuyos engranajes de funcionamiento en cuanto a transparencia, democracia interna, modo de financiación, orientación al ciudadano… pertenecen al pasado siglo XX? Si vamos un poco más allá ¿Están preparados los actuales partidos políticos para solventar la dramática coyuntura actual? Analizando la vergonzosa respuesta que han dado al drama de los desahucios, por poner un ejemplo, tarde, insuficiente y mal, no lo parece.

Segundo: ¿Puede conjugarse un ideario presuntamente progresista con un programa político manifiestamente de derechas? En el relato político de NC se advierte una atractiva deriva progresista, que significa un contrapunto a subrayar en el discurso dominante en el Parlamento de Canarias. Sin embargo, ese discurso renovador no se traduce como tal en medidas reales de corte social, ambiental o de carácter más solidario. El proyecto ferroviario de NC en Gran Canaria, la ocurrencia de unir Fuerteventura y Lanzarote con un puente o la conformidad de NC con la construcción de la tercera pista de Gando no presentan diferencias significativas respecto de otras propuestas del resto de formaciones políticas canarias. Dentro de CC existen formaciones de corte progresista que, sin embargo, han quedado eclipsadas por un ideario conservador y camaleónico capaz de gobernar con cualquier partido político que esté dispuesto a prostituirse.

Los intereses políticos de cada formación son otra cosa. La estructura insular de la circunscripción canaria y el hecho de que cada una de las formaciones está mejor implantada que la otra en cada una de las provincias, hacen impepinable la confluencia de ambos partidos si, por un lado, Coalición Canaria no quiere continuar perdiendo apoyos y por otro lado, Nueva Canarias desea continuar creciendo. Es el clásico ejemplo en el que ambas formaciones se necesitan para sobrevivir y crecer en el mercado de la política. El hecho de que para algunos NC naciera del berrinche de su presidente en febrero de 2005 y que este haya declarado en numerosas ocasiones que nunca apoyará a ATI-CC, añade una importante cuota de amarillismo al asunto. Otra cosa muy diferente es que realmente gane Canarias con ese presunto proceso de confluencia.

De cuando Coalición Canaria apoyaba la austeridad

  
El déficit público se produce cuando el gasto que realiza una administración supera los ingresos que es capaz de recavar. Se puede combatir el déficit de dos maneras; por la vía de reducir el gasto o incrementando la capacidad de esa administración para incrementar los ingresos públicos. En los últimos tiempos la vía utilizada para la reducción del déficit ha sido la de minorar el gasto público, limitando la capacidad del Estado para impulsar la economía y debilitando el tamaño del sector público.

En una reciente reunión del presidente del Gobierno de Canarias con el Círculo de Empresarios del sur de Tenerife (CEST), Paulino Rivero hizo varias declaraciones a los medios para denunciar que el grado de austeridad aplicado por el gobierno central no genera puestos de trabajo, y que hay que tener iniciativas que ayuden a tener empleo. El presidente aprovechó para responsabilizar directamente al Gobierno del Estado de que la región presenta una de las tasas de paro más altas del territorio nacional. Coalición Canaria se presenta así ante su electorado y el resto de votantes canarios como víctima propiciatoria de una política de recortes que presuntamente no tendría que aplicar por ser alumno aventajado en el cumplimiento del objetivo de déficit, y por considerar que los Presupuestos Generales del Estado español (PGE) dispensan un trato injusto a Canarias. Una hábil estrategia política que permite al gobierno de Canarias eludir su responsabilidad por la dramática situación laboral. Aquí los culpables no son ni los ayuntamientos, ni los cabildos ni los empresarios, sino el Gobierno del Estado, aseveró el mandatario canario.

Oramas pide a Merkel menos austeridad y más inversión

Aunque es cierto que los PGE son injustos con el archipiélago, puesto que incumplen irresponsablemente las condiciones del Régimen Económico y Fiscal que obliga al Estado a mantener en las islas la media estatal de inversiones, sorprenden las declaraciones del Sr. Rivero por dos razones fundamentales. En primer lugar, alardear de cumplir el objetivo de déficit al mismo tiempo que se critica la política de austeridad es una contradicción. La primera es la consecuencia de la segunda. Pensar que la austeridad generará confianza y esta empleo, es un dogma de fe sin refrendo al que se han plegado gobiernos de toda condición política, a pesar de que ni ha mejorado el empleo, ni la solvencia de los tesoros públicos, ni el clima de confianza. Una estrategia entronizada constitucionalmente por el bipartidismo español, limitando la capacidad de endeudamiento de la administración pública mediante la estipulación de un objetivo no rebasable. Es la tesis que domina los círculos políticos y económicos más influyentes de este país y que nadie parece cuestionar. Tampoco a nivel autonómico. El excesivo gasto público y la ausencia de disciplina fiscal estarían entre las causas principales de esta crisis. Un pensamiento equivocado para imponer una disciplina fiscal de claro corte ideológico que se ha cebado con partidas de carácter social (Sanidad, Educación, Dependencia, políticas de empleo, pensiones, etc.), sin perjuicio de que hayan inyectado ingentes cantidades de recursos públicos en el sector bancario.

En segundo lugar, Coalición Canaria ha participado activamente apoyando tales políticas a nivel nacional. Cuando el PSOE y el PP han necesitado su apoyo para llevar a cabo sus iniciativas de ajuste presupuestario, CC no ha defraudado. Unas políticas que han mermado la capacidad recaudatoria del Estado y ello está en la base del desmantelamiento del Estado del Bienestar y la aplicación de políticas sociales. Recordemos que el apoyo de Coalición Canaria, CiU y PNV permitieron al PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero sacar adelante la principal ley económica de la legislatura 2004-08. Una reforma fiscal que rebajaba el IRPF y el impuesto de sociedades a partir de enero de 2007. Era la época en la que se decía alegremente que bajar impuesto era de izquierdas. 4.500 millones de euros anuales, es la cantidad que el Estado ha dejado de percibir por la aprobación de una regresiva reforma fiscal en la que Coalición Canaria jugó un papel protagonista. Puesto que la memoria es muy débil, hay que recordar, además, que gracias a la abstención de Coalición Canaria, CiU y UPN, Zapatero logró sacar adelante el real decreto-ley de medidas de ajuste del gasto público en aquel fatídico mayo de 2010 para los socialistas. Ana Oramas, lanzó duras críticas al gobierno socialista de entonces pero a la hora de la verdad, Coalición Canaria no fue un obstáculo para sacar adelante estas medidas de ajuste. Tampoco fue un obstáculo cuando Zapatero, también en el 2010, decidió congelar las pensiones. En este caso, Coalición Canaria y el PNV votaron a favor de la iniciativa que supuso la congelación de las pensiones en la ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2011. Coalición Canaria dijo entonces que se abstenían por responsabilidad. Un sentido de la responsabilidad muy particular del que los nacionalistas parecen no acordarse en estos momentos. Probablemente porque ahora Coalición Canaria no obtiene contrapartidas del gobierno central tan presuntamente necesarias para el archipiélago como la delimitación de las aguas canarias.

Decíamos antes que el déficit público puede combatirse también mediante el incremento de la capacidad recaudatoria de la administración autonómica, modificando el gravamen de aquellos tributos que son competencia de la autonomía o creando otros que, bajo criterios de progresividad, permitan incrementar los ingresos de la autonomía. Pues bien, el gobierno de Canarias optó por subir el IGIC del 5% al 7% a partir del 1 de julio de 2012. Una medida similar a la que han tomado el PSOE y el PP a nivel nacional con el IVA. Lo que permite incrementar la recaudación, sí, pero a costa de penalizar el consumo y de aplicar un incremento impositivo que afectará por igual a colectivos con diferente nivel de renta. En una comunidad con un 33% de paro y un nivel similar de colectivos bajo el umbral de la pobreza, el incremento del IGIC es otra iniciativa que profundiza la austeridad puesto que supone aumentar el esfuerzo fiscal de las familias frente al de las empresas. Sin embargo, poco ha hecho el ejecutivo autonómico para incrementar el gravamen en la zona alta del tramo autonómico del IRPF. Con efecto el 1 de enero del 2012 solo ha aumentado un punto porcentual para las rentas superiores a 53.000€ al año. O respecto a la recuperación del impuesto sobre el patrimonio, una cuestión donde Canarias actúa a rebufo de las decisiones que se toman a nivel estatal. En este aspecto el ejecutivo canario adecuó la base mínima canaria del impuesto al límite fijado por el acuerdo del Consejo de Ministros. También ha sido insuficiente la creación de otros impuestos que permitan fortalecer las arcas públicas autonómicas.

Pero el ámbito que cuenta con el mayor potencial recaudatorio es la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida. El ejecutivo autonómico, sin embargo, no ha logrado avanzar en estos ámbitos o lo conseguido es, como mínimo, insuficiente. Algunas estimaciones del Colectivo de Técnicos de Hacienda sitúan el porcentaje de economía sumergida en las islas en el 28,7%, la segunda más alta del territorio español. Según este colectivo una reducción de diez puntos en la tasa de economía sumergida, lo que la situaría en la media europea, permitiría a la administración canaria recaudar 1.530 millones de euros adicionales anualmente. ¿Qué medidas concretas y efectivas ha logrado poner en práctica el ejecutivo canario para reducir el fraude fiscal y la economía sumergida?

Nuestra tesis es que CC intenta canalizar el descontento popular con los recortes y la situación económica contra el PP, mostrando al gobierno de Canarias como víctima propiciatoria de unas políticas que supuestamente CC no pretende aplicar. Todo para rentabilizar y capitalizar el descontento popular del electorado con los dos grandes partidos de carácter nacional. Sin embargo, con su política mercenaria, Coalición Canaria ha sido un actor indispensable en el desarme del Estado del Bienestar, el adelgazamiento de la capacidad financiera del Estado español y en la imposición de la austeridad como política para salir de la crisis.

San Andrés; Gran Marina o gran ocupación

  

…de las 28 autoridades portuarias existentes en España, 20 están acometiendo obras de ampliación o tienen planes para ello. Este aumento desmedido de proyectos portuarios no se corresponde ni con la caída en la demanda de servicios portuarios ni mucho menos con las lecciones que deberíamos haber aprendido tras la explosión de la burbuja inmobiliaria. 

Destrucción a toda costa 2011. Un análisis de la situación de los puertos del Estado. Greenpeace. 

Miguel Arias Cañete fue meridianamente claro el pasado 1 de febrero de 2012 a pesar de su discurso atolondrando. En su primera comparecencia, el actual ministro de Agricultura y Medio Ambiente declaró en el Congreso que lanzaría una reforma de la actual Ley de Costas con varios objetivos. Uno de ellos pretendía autorizar en el litoral español el desarrollo de actividades económicas no perjudiciales, además de agilizar la desafectación del dominio público marítimo-terrestre. Esto es, avanzar en el proceso para que el terreno público pase a manos privadas. El ministro utilizó un mes antes un eufemismo visionario, poner en valor el litoral para armonizar el desarrollo económico con la decidida protección de los recursos naturales. El programa electoral del PP no hacía alusión a modificación alguna de dicha ley, pero casi un año después de los comicios nacionales, sabemos que la hoja de ruta del actual gobierno no está escrita en dicho documento. La ley se reformó el pasado 5 de octubre y a juicio del gobierno servirá para proteger mejor el litoral frente a los excesos urbanísticos. Entonces Coalición Canaria se frotó las manos. Durante la legislatura anterior, en un debate sobre la reforma de la ley del Medio Marino, la formación nacionalista era partidaria de suavizar la aplicación de la ley solicitando respetar las construcciones y los usos ya existentes a pesar de invadir el dominio público.

Inundación del barrio de San Andrés. 30.08.11

San Andrés es un barrio de Santa Cruz de Tenerife fundado a finales del siglo XV. Como casi todos los barrios costeros posee una personalidad pesquera y marina derivada de que la pesca ha sido una de sus principales actividades económicas. Después de los años 50 su economía evolucionó hacia actividades portuarias vinculadas al cercano puerto capitalino. Durante los días 29, 30 y 31 de agosto de 2011 el pequeño barrio de Santa Cruz fue noticia porque se vio sorprendido por una crecida que inundó gran parte de su frente. El mar subió más de un metro de altura avanzando unos 80 metros tierra adentró destrozando e inundando todo lo que se encontró a su paso. La vulnerabilidad de San Andrés no se debe solo a que su avenida principal se encuentra situada a escasos metros del mar. También se debe a la ausencia de una escollera solvente que proteja el frente de su barrio de las mareas cíclicas. Desde hace más de 60 años los vecinos del barrio reclaman, sin suerte hasta el momento, esa escollera. Una actuación relativamente fácil de acometer y cuyo coste rondaría los dos millones de euros. Sin embargo, las largas discusiones competenciales entre las diferentes administraciones (Costas, Puertos y Ayuntamiento de Santa Cruz) han retrasado el proyecto.

A través de la Plataforma Vecinal de San Andrés para el Frente Litoral y otras organizaciones, los vecinos del barrio, han dicho por activa y por pasiva que lo único que desean es construir una escollera semisumergida que le proporcione abrigo de las mareas cíclicas, lo que a su vez permitirá la remodelación de la avenida de acceso al pueblo mediante un proyecto promovido por el ayuntamiento de la capital. La remodelación de la vía permitirá transformar el espacio en un lugar donde el visitante desee estar para lo cual está previsto ampliar el viario existente, habilitar una zona de aparcamientos, peatonalizar alguna calle, crear un paseo paralelo a la escollera, recuperar el parque de La Muralla y crear una zona de baño alternativa en el frente del pueblo. Con ello, San Andrés dejaría de ser una simple zona de transición hacia el área principal de ocio de Santa Cruz, Las Teresitas.

Las dimensiones de esa zona de baño alternativa son importantes porque el ministerio de Fomento ha sugerido recientemente que la mejor solución para proteger el litoral de San Andrés es construir una playa doble a lo largo de la avenida y un dique discontinuo. Finalmente parece que el ministerio financiará la intervención poniendo fin a la controversia burocrática que ha enfrentado a las diferentes Administraciones. La sorpresa es doble porque en primer lugar el ministerio propone construir dos playas artificiales en el espacio libre que quedaría entre la costa y el dique discontinuo, aduciendo que dicha actuación protegerá la costa de los embates del mar con mayor solvencia. ¿Es esta solución del agrado de los vecinos de San Andrés? En todas las declaraciones sobre la problemática se hablaba de habilitar una zona de baño alternativa a Las Teresitas, lo que sugiere una intervención con mesura y de baja intensidad sobre el actual frente del barrio que permita a los vecinos de la zona disfrutar de accesos al mar. No es la primera vez que en el debate de devolver la ciudad al mar se peque de proponer soluciones de gran impacto que solo persiguen fines electoralistas.

En segundo lugar, el ministerio de Fomento parece activar la construcción del Puerto deportivo de San Andrés que ya fue objeto de polémica hace 15 años. Una decisión que parece coger con el pie cambiado al Ayuntamiento y a la Autoridad Portuaria. Dicho proyecto contemplaba crear un club náutico privado, una amplia zona comercial, capacidad para más de 400 amarres, un helipuerto y demás equipamientos que podrían comprometer la actividad económica desarrollada en el barrio de San Andrés. Los vecinos del barrio han sido claramente contrarios a la construcción de dicha instalación. El ayuntamiento de Santa Cruz parece que también aunque Puertos parece partidario de abrir esta zona al uso ciudadano. Aunque el proyecto fue sometido a diversas modificaciones que han variado su posición, las dimensiones iniciales del dique de abrigo de la infraestructura invadía el frente costero del barrio San Andrés. Dicho puerto deportivo está proyectado en la zona de ampliación de la Dársena Pesquera del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, lo que obstaculizaría la posible ampliación del puerto capitalino. Una estrategia más para inhabilitar el puerto de Santa Cruz y justificar la ruinosa inversión en el Puerto de Granadilla.

Garachico. Ejemplo de dique semi sumergido

Un controvertido puerto que también se las ha visto con la justicia. Vinculado a la trama de Fórum Filatélico, el juez Baltazar Garzón sospechaba que el puerto deportivo de San Andrés se iba a utilizar como presunto instrumento para blanquear dinero. Un caso en el que estarían involucrados el anterior presidente de la autoridad portuaria Luis Suárez Trenor y el exalcalde de la capital, Miguel Zerolo, quienes presuntamente habrían recibido cantidades millonarias de dinero para acelerar los trámites burocráticos de la infraestructura.

Desde hace algunos años los puertos deportivos están creciendo como setas en las islas. Bajo la falsa y poco argumentada justificación de que servirán para generar empleo y por tanto superar la actual crisis económica, están proliferando actuaciones de gran impacto visual y ambiental con la consiguiente transformación del carácter público de la costa en áreas de exclusivo disfrute privado. Lo que tenemos aquí es un nuevo caso donde se sobredimensionan las propuestas de infraestructuras, con evidente riesgo de superar la capacidad de carga de determinadas zonas costeras ya deterioradas por actuaciones anteriores. Se olvidan las necesidades ciudadanas, muchas de ellas de carácter prioritario y cuya satisfacción parece factible, barata y rápida si se estuviera interesado en resolver los problemas del ciudadano. Y se ignora deliberadamente, en pro del beneficio económico privado, que la costa es de los entornos más frágiles del territorio, cuya destrucción revierte directamente sobre el ser humano.

Stop Desahucios

El punto de partida debe ser extender al cliente sobreendeudado (obviamente siempre que lo sea de buena fe) una parte de los beneficios y ayudas que la banca recibe del Estado.  

Los jueces denuncian los abusos del sistema legal de desahucios. El País. 24.10.12.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, comandado por el tándem CC-PSOE, no destaca por las políticas sociales aplicadas hasta ahora para mitigar los índices de pobreza y extrema pobreza que existen en algunos barrios de la capital tinerfeña. En consecuencia, los servicios sociales del ayuntamiento están completamente desbordados ante el elevado grado de indigencia detectado en los alrededores del Pancho Camurria, en el Parque Viera y Clavijo o en la antigua fábrica de Celgán. Parece que en este área no hay decisiones mediáticas que tomar. Sí las hay en lo referente a los desahucios, un drama que ocupa espacio mediático ahora pero que es una consecuencia de esta crisis que ha estado presente desde su origen. Ante el desgaste político del PP y el PSOE que evidencian todas las encuestas por la gestión de la crisis ¿Persigue Coalición Canaria capitalizar políticamente el descontento ciudadano en torno al tema de los desahucios o pretende buscar una solución real?

En cualquier caso, la decisión del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de retirar los 1,5 millones de € depositados en la cuenta municipal del ayuntamiento en Bankia, no solo ha sido acertada, es un gesto imprescindible para protestar ante el drama de los desahucios. Por una vez, Canarias y en concreto el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, puede ser pionero en una acción que otros municipios españoles amenazan con imitar. Una iniciativa que demuestra que, por una vez, el Consistorio parece estar del lado del ciudadano evitando parapetarse detrás de la abusiva legislación hipotecaria actual o de declaraciones bien intencionadas pero poco resolutivas que siempre terminan beneficiando al eslabón más fuerte de la cadena, en este caso la banca.

A pesar del acierto del Consistorio tinerfeño son precisos algunos comentarios. A la hora de denunciar la problemática de los desahucios es justo reivindicar que los auténticos pioneros en visibilizar mediáticamente el drama fueron los colectivos del 15M y la denominada Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Han sido ellos y no otros, con sus movilizaciones para impedir los desalojos a las puertas de las viviendas de los afectados en muchísimas localidades españolas, los que, desde hace más de año y medio, han logrado situar en el imaginario colectivo las terribles consecuencias de las ejecuciones hipotecarias. En aquel momento banqueros y políticos de toda condición ni siquiera se daban por aludidos respecto de un asunto de la máxima importancia, cuya resolución era y es de su competencia. Es más, fueron acusados de irresponsables y se les reprimía policialmente con dureza. Simplemente lamentable.

La postura adoptada por los gobiernos del bipartidismo ha sido dar carpetazo a este asunto aprobando protocolos de buenas prácticas o tímidas medidas de escasa función social. Lo que demuestra su insensibilidad, su inoperancia y un sesgo favorable a la banca a la hora de resolver un problema cuyo responsable único directo han sido las propias entidades financieras. Porque ha sido la banca quien ha errado, probablemente con alevosía, aplicando laxas políticas de concesión de créditos en el análisis del riesgo de sus clientes y vendiendo complejos productos financieros que podemos considerar verdaderas armas de destrucción masiva.

Por eso resulta patético y descorazonador ver a políticos de toda índole y entidades financieras de todo tipo rasgarse las vestiduras ahora, cuando el asunto se ha vuelto insostenible después de que se hayan producido más de 400.000 desalojos desde el inicio de la crisis. Más vale tarde que nunca pero esto demuestra que nuestros políticos van por detrás de las necesidades del ciudadano y que la actividad financiera y bancaria debe ser seriamente regulada bajo criterios sociales y democráticos si queremos que responda ante la presente situación. Pero la conclusión fundamental que debemos sacar de toda esta cuestión es, a nuestro juicio, que la movilización, la protesta, la desobediencia, siempre que se ejercite dentro de canales no violentos, tiene efectos muy positivos cuya beneficiaria más directa es la propia sociedad en su conjunto.

La retirada de los 1,5 millones de € por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha demostrado, además, que con decisiones sencillas y aparentemente inocentes como dónde depositamos nuestro dinero o qué tipo de productos consumimos, los ciudadanos disponemos de un gran poder de transformación de la realidad. El modo en que ejercitamos el consumo, es decir, nuestro dinero, es un instrumento de presión formidable para dejar de apoyar determinadas iniciativas, productos, o servicios que violan las normas básicas de convivencia, son inmorales o sencillamente se producen a costa de otros colectivos de la sociedad o del medio ambiente. Un comportamiento que ayuntamientos y administraciones públicas deberían adoptar como norma. Esto sería ejemplar, contribuiría a mejorar la imagen de nuestras instituciones políticas frente a la sociedad y, más importante aún, apoyaría una salida más social de esta injusta situación.

Sin embargo, el impacto mediático de la retirada de fondos realizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no debe hacer que veamos solo los árboles en lugar del bosque. Esto sería fatal puesto que serviría para limpiar la cara de las entidades financieras una vez más. Solventar el drama de los desahucios requiere soluciones de largo plazo, centradas en la modificación, bajo criterios sociales y democráticos, de una ley hipotecaria abusiva, inmoral e injusta, garantizar por ley que no se desalojará a ninguna familia cuando, como resultado de la pérdida de su empleo, una persona tenga que interrumpir el pago de su carga hipotecaria, instaurar la dación en pago, crear un parque social de viviendas en alquiler,….En definitiva garantizar el derecho constitucional del ciudadano a disponer de una vivienda digna. Y esto compete al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados.