domingo, 16 de septiembre de 2012

Un Parlamento que dice NO al ciudadano

    
En un nuevo alarde de ausencia de transparencia el Parlamento de Canarias rechazó el pasado día 12 de septiembre crear una comisión de investigación sobre la gestión del incendio que asoló La Gomera durante el fatídico mes de agosto. Todo en virtud de la democracia. Los votos de CC y PSOE, los grupos que sustentan el Gobierno de Canarias, son los que han evitado la propuesta de investigación del PP.

El hecho de que el incendio haya calcinado un 10% de la superficie arbórea de La Gomera, que haya tomado unas dimensiones similares a los ocurridos en esta misma isla en 1978 y 1984 y el hecho de que el incendio nunca tuvo que haber tomado la envergadura que finalmente tomó, son razones suficientes para legitimar una investigación concienzuda por parte de las fuerzas políticas e instituciones implicadas en su gestión. Sin embargo, para el Parlamento de Canarias no son suficientes. Eso sí, el Presidente del Gobierno de Canarias y el Presidente del Cabildo gomero pidieron previamente rigor y cordura en el debate político generado por los incendios. Otra de cinismo al que nos tienen acostumbrados una clase política que ya no gobierna para el ciudadano.

J.R. Mora
En su artículo 52 la ley establece que el Parlamento de Canarias puede nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. ¿No es de suficiente interés público un incendio iniciado en zonas de cultivo abandonadas (producto de una política de desarrollo rural también olvidada) que el día 8 de agosto se daba por controlado pero que se reactivó con virulencia dos días después? ¿Por qué se rebajó el nivel de alarma el día 8 de agosto y abandonaron la isla los efectivos de la UME sabiendo que venía una ola de calor? ¿Cómo es posible que tal incendio alcanzara esas dimensiones colosales? ¿Por qué la Comunidad Autónoma de Canarias con 4 parques nacionales, una economía basada en el turismo y un territorio del que depende enteramente no cuenta con una flota de hidroaviones propia como política de prevención estratégica? ¿Se solicitaron los medios contra incendios en el momento adecuado? ¿Las políticas de austeridad han afectado a las políticas de prevención de incendios en Canarias? ¿En qué magnitud y con qué legitimidad se recorta en estas áreas? ¿Es fruto de una decisión consensuada y democrática? Muchas son las cuestiones que quedarán sin responder producto de un Parlamento que dice NO a otra importante y necesaria comisión de investigación.

No deja de ser curioso y contradictorio que desde las instancias políticas oficiales se estigmatice, con evidente oportunismo, a determinados colectivos sociales como los del No a todo, que mantienen una postura crítica con las políticas desarrolladas en Canarias, y sea el propio Parlamento de Canarias, institución donde presuntamente reside la soberanía popular y, por tanto, máxima expresión de la democracia, la que obstaculice la celebración de comisiones de investigación que mejoraría el clima democrático en las islas y devolvería al mismo una legitimidad que, hoy por hoy, pierde a marchas forzadas. Una prueba más de que la clase política que conforma el Parlamento ha involucionado, transformándolo y degradándolo a una herramienta de exclusivo conflicto partidista que poco sirve a los intereses ciudadanos, a la sociedad que lo ha elegido y a la democracia en su conjunto.

No es el único caso en el que el Parlamento canario da la espalda a los ciudadanos. Lo ocurrido con diferentes Iniciativas Legislativas Populares (ILP) es una muestra flagrante de que la participación ciudadana está muy limitada en el actual modelo constitucional de democracia representativa (Democracia, ma non tropo. Rafael Escudero Alday. Nº 116 de la Revista Papeles). El rechazo del Parlamento de Canarias a tomar en consideración la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la protección del litoral de Granadilla en Tenerife, después de haber recabado más de 56.000 firmas (se necesitan 15.000 en Canarias); la ILP Salvar Veneguera, en Gran Canaria, presentada durante los años 90 y que logró reunir 54.000 firmas (de las que el Parlamento solo aceptó 39.150) para declarar el Barranco de Veneguera Espacio Natural Protegido como figura que protegiera el espacio frente a los proyectos urbanístico – especulativos que se estaban preparando, objetivo finalmente no conseguido por la desvirtuación de la iniciativa en el propio trámite parlamentario de la misma; y la más reciente ILP por la mejora del sistema educativo canario, que el Gobierno de Canarias acaba de rechazar a pesar de contar con el aval de 40.000 firmas, son claros ejemplos de que la participación ciudadana es boicoteada por nuestro Parlamento una y otra vez. Con estas pruebas habría que decir que los verdaderos agentes del No a todo, los del No a todo aquello que suponga la mejora en el bienestar de los ciudadanos y la profundización en la calidad de la democracia, son los miembros que conforman el actual Parlamento y no otros.

Por otro lado, dado el marco institucional en el que se desarrolla nuestra democracia ¿Serviría de algo una comisión de investigación sobre la gestión del incendio de La Gomera? Lo dudamos. Al estar formadas por miembros de los propios partidos políticos que han gestionado los asuntos que se pretenden investigar, sus resultados siempre estarán condicionados y limitados por los intereses y el oportunismo electoral de los mismos. Más que para esclarecer los hechos, las comisiones de investigación han sido utilizadas para eludir responsabilidades y endosar al resto la carga del asunto investigado. Tal y como están configuradas, las comisiones de investigación no son más que un mecanismo que sirve para lavar la fachada democrática manifiestamente mejorable de nuestro sistema político pero cuyos resultados suelen dejar mucho que desear. ¿Sirvió de algo la comisión de investigación que pretendía esclarecer las responsabilidades políticas en las irregularidades detectadas en el proyecto de Tindaya?

¿Cómo podemos mejorar el funcionamiento de las comisiones de investigación? ¿Cómo podemos hacer que sirvan a los intereses ciudadanos? Una vez más tenemos que exigir aquello de que es necesario profundizar los cauces que posibilitan una participación real y directa de la ciudadanía en los asuntos públicos. Es vital que en esas comisiones se haga presente el ciudadano como un agente más que controle y regule el funcionamiento y el comportamiento de las fuerzas políticas. La participación de la ciudadanía no puede ser canalizada solo a través de los partidos políticos tal y como consagra la Constitución. Demostrado está que este hecho ha derivado en la instauración de un tripartidismo inoperante en el Parlamento de Canarias. La participación ciudadana se produce cuando esta siente que se le escucha e interpela y ello sucede cuando se permite que sus decisiones vinculen y condicionen el comportamiento de los partidos políticos. Pendiente está instaurar y generalizar mecanismos de participación directa y real que proporcionen voz y voto a la ciudadanía. Solo así los partidos políticos serán controlados con solvencia por los ciudadanos que les han votado. Solo así mejorará el bienestar de las sociedades ya que, en ese caso, se habrá permitido que sea el propio ciudadano quien tripule su propio destino, sin interferencias ajenas e interesadas de otros agentes.

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