Agentes dobles y lobbys en Canarias

Si recuerdan, detrás de la polémica sobre el tendido eléctrico de Vilaflor que el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y la empresa Unelco quisieron imponer a la sociedad tinerfeña (construyendo un nuevo paso que arrasaba cinco parajes naturales de las medianías de la isla), jugaron un papel protagonista varios individuos. Por un lado, Benicio Alonso, por entonces consejero de industria por el PP en el Cabildo de Tenerife y exconsejero de Unelco, amenazando con las consecuencias de una supuesta situación límite al que habrían llegado las instalaciones de abastecimiento eléctrico de Unelco y que obligaban a acelerar la construcción del nuevo tendido eléctrico (Por cierto, el mismo que recomendaba hace bien poco el desembarco de la energía nuclear en las islas, o acelerar la construcción del puerto de Granadilla). Por otro lado, Ricardo Melchior, Presidente del Cabildo de Tenerife y empleado en excedencia de Unelco, capaz de reclamar la urgencia de tal construcción y de asistir al mismo tiempo a la multitudinaria manifestación en protesta por tal infraestructura, celebrada el 23 de noviembre de 2003 en Santa Cruz de Tenerife. ¿Es coherente que dos hombres con claras vinculaciones con Unelco gestionaran los presuntos problemas de abastecimiento de sus instalaciones eléctricas en Tenerife? Son los agentes dobles o revolving doors que pueblan la política Canaria.

Consejo asesor de Unelco - Endesa en Canarias

La existencia de los agentes dobles explica hechos éticamente reprobables como que el Gobierno de Canarias subvencione a Corporación 5, la empresa de José Carlos Francisco, en la actualidad presidente de la CEOE de Tenerife pero en el pasado consejero de economía por Coalición Canaria. Las subvenciones recibidas por Corporación 5 alcanzan los casi 150.000€ por diferentes trabajos relacionados con el asesoramiento y los servicios de asistencia técnica a la Administración Pública en el periodo 2009 – 2012. Por cierto, José Carlos Francisco, ha propuesto reducir el número de diputados en el Parlamento Canario (reducir diputados ¿no agravaría el importante déficit democrático en el archipiélago, producto de una ley electoral muy poco proporcional?) y una reordenación completa de la Administración pública canaria, que suponemos se traducirá en recortes. Mientras se reciben subvenciones de la Administración por un lado, se reclama la urgencia de su adelgazamiento por el otro.

Otro ejemplo. El actual consejero de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, recibió una subvención por parte del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, para la realización de obras hidráulicas en su finca particular. Una subvención de más de 51.000€ que tendrá que ser justificada ante dos consejerías que están gobernadas por su propio partido.

Todo ello se realizan bajo la más estricta legalidad pero con evidentes conflictos de interés que parece no sorprender a nadie. Los agentes dobles son esos individuos que desempeñan tareas como políticos después de desarrollar una actividad empresarial activa, ya sea como propietario o como empleado a sueldo de una gran corporación. También es posible el caso contrario; individuos que han ejercido importantes cargos en grandes corporaciones que, por la gracia de alguien, pasan a formar parte de algún partido político a costa del erario público. Al igual que los espías de la Segunda Guerra Mundial, mantienen una identidad duplicada pero a diferencia de antaño, hoy, ninguna de las dos personalidades se mantiene en secreto. En la actualidad ambas identidades son conocidas por la opinión pública y en algunos casos es sinónimo de éxito social y personal, lo que es sintomático de una sociedad que ha perdido sus límites morales y donde las fronteras se han difuminado.

Los conflictos de interés, obvios en estas situaciones, se obvian. ¿Es ético que un ejecutivo de una corporación dedicada al negocio militar pase a dirigir el Ministerio de Defensa? ¿O que un destacado dirigente de alguna multinacional bancaria ejerza como Ministro de Economía? Cuando ocurren estas situaciones se deteriora la función pública porque las decisiones corren el riesgo de tomarse sin ningún código de conducta ética que beneficie a la colectividad. Se toman para beneficio de unos pocos que secuestran y terminan deslegitimando las instituciones políticas que vertebran la Democracia. De ello nace la desconfianza en la política, la desafección, la abstención y el repudio de todo lo que tenga que ver con lo público.

Resulta relativamente fácil observar quiénes se benefician o quiénes orquestan determinadas decisiones que se toman desde los gobiernos de turno. Basta con analizar a quién favorecen las medidas y planes acordados por los poderes políticos. A estas medidas se les pone con urgencia y de manera fraudulenta el marchamo del interés general para otorgar a las mismas mayor necesidad social, para ser vendidas de forma más digerible a la opinión pública. Lo normal es que detrás de ellas exista siempre un agente doble en alguno de los sectores económicos con mayor influencia. Está pasando con esta crisis económica. Individuos y grupos concretos de la economía que fueron protagonistas en la pasada fase de expansión capitalista, que se beneficiaron de la captación de rentas, que impulsaron la desregulación económica y la sobredimensión del sector inmobiliario, son los mismos que están gestionando la actual crisis para gloria del sector financiero.

En Canarias no es diferente. Para entenderlo basta con analizar el consejo asesor de Unelco-Endesa en las islas. Individuos que han desempeñado cargos políticos de responsabilidad pasan a formar parte de esa élite empresarial que cobra salarios astronómicos y pone al servicio de la corporación sus contactos y su influencia política. Otros no han tocado la política, pero gozan de una cercanía excesiva a los principales centros de poder político, causa última de importantes casos de corrupción en las islas. Estos individuos lanzan recomendaciones y consejos en forma de informes presuntamente asépticos sobre temas que afectan al conjunto de los canarios. Estudien los discursos y los nombres que aparecen en instituciones como el Círculo de Empresarios de Gran Canaria, FEPECO, la Red Avante Canarias, el Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico, la Asociación de Industriales de Canarias, los antiguos prebostes de GASCAN, las Cámaras de Comercio, etc. Verán que muchos de ellos se repiten. Y luego analicen las decisiones relacionadas con los problemas más relevantes en las islas. Entenderán muchas decisiones. No son coincidencias.

A menudo se presenta a todos estos individuos y organizaciones en foros mediáticos de todo tipo (desde la prensa convencional hasta las tertulias de la radiotelevisión), como figuras objetivas y rigurosas, cuyas reflexiones y recomendaciones son de interés general. Lo cual no deja de ser un acto de colaboración y connivencia que desde los medios de comunicación se tiene con unos señores que no buscan otra cosa que el propio interés, aprovecharse de su aventajada posición negociadora, de su cercanía al poder. Gracias a todo ello prolongan determinados mensajes con una importante carga ideológica. Las reflexiones que parten de un origen ideológico común, empobrecen el debate y cierran alternativas que pueden contener soluciones que implican mayor bienestar y equidad social.

Muchas veces la transformación de estos agentes dobles se realiza de manera inmediata y de forma opaca a pesar de que existe una ley clara que regula el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas (Ley 53/1984, de 26 de diciembre desarrollada por el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes). Algunos grupos políticos han planteado iniciativas claras dirigidas a una aplicación más rigurosa de la ley endureciendo las incompatibilidades. En estos casos PP y PSOE, utilizando su mayoría en las cortes, se han encargado de desbaratarlas. Una prueba fehaciente de las intenciones reales que los partidos mayoritarios tienen respecto a resolver esta cuestión. Con lo que la excesiva relación entre la economía y la política, continúa.