jueves, 28 de junio de 2012

Agentes dobles y lobbys en Canarias


Si recuerdan, detrás de la polémica sobre el tendido eléctrico de Vilaflor que el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y la empresa Unelco quisieron imponer a la sociedad tinerfeña (construyendo un nuevo paso que arrasaba cinco parajes naturales de las medianías de la isla), jugaron un papel protagonista varios individuos. Por un lado, Benicio Alonso, por entonces consejero de industria por el PP en el Cabildo de Tenerife y exconsejero de Unelco, amenazando con las consecuencias de una supuesta situación límite al que habrían llegado las instalaciones de abastecimiento eléctrico de Unelco y que obligaban a acelerar la construcción del nuevo tendido eléctrico (Por cierto, el mismo que recomendaba hace bien poco el desembarco de la energía nuclear en las islas, o acelerar la construcción del puerto de Granadilla). Por otro lado, Ricardo Melchior, Presidente del Cabildo de Tenerife y empleado en excedencia de Unelco, capaz de reclamar la urgencia de tal construcción y de asistir al mismo tiempo a la multitudinaria manifestación en protesta por tal infraestructura, celebrada el 23 de noviembre de 2003 en Santa Cruz de Tenerife. ¿Es coherente que dos hombres con claras vinculaciones con Unelco gestionaran los presuntos problemas de abastecimiento de sus instalaciones eléctricas en Tenerife? Son los agentes dobles o revolving doors que pueblan la política Canaria.

Consejo asesor de Unelco - Endesa en Canarias
La existencia de los agentes dobles explica hechos éticamente reprobables como que el Gobierno de Canarias subvencione a Corporación 5, la empresa de José Carlos Francisco, en la actualidad presidente de la CEOE de Tenerife pero en el pasado consejero de economía por Coalición Canaria. Las subvenciones recibidas por Corporación 5 alcanzan los casi 150.000€ por diferentes trabajos relacionados con el asesoramiento y los servicios de asistencia técnica a la Administración Pública en el periodo 2009 – 2012. Por cierto, José Carlos Francisco, ha propuesto reducir el número de diputados en el Parlamento Canario (reducir diputados ¿no agravaría el importante déficit democrático en el archipiélago, producto de una ley electoral muy poco proporcional?) y una reordenación completa de la Administración pública canaria, que suponemos se traducirá en recortes. Mientras se reciben subvenciones de la Administración por un lado, se reclama la urgencia de su adelgazamiento por el otro.

Otro ejemplo. El actual consejero de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, recibió una subvención por parte del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, para la realización de obras hidráulicas en su finca particular. Una subvención de más de 51.000€ que tendrá que ser justificada ante dos consejerías que están gobernadas por su propio partido.

Todo ello se realizan bajo la más estricta legalidad pero con evidentes conflictos de interés que parece no sorprender a nadie. Los agentes dobles son esos individuos que desempeñan tareas como políticos después de desarrollar una actividad empresarial activa, ya sea como propietario o como empleado a sueldo de una gran corporación. También es posible el caso contrario; individuos que han ejercido importantes cargos en grandes corporaciones que, por la gracia de alguien, pasan a formar parte de algún partido político a costa del erario público. Al igual que los espías de la Segunda Guerra Mundial, mantienen una identidad duplicada pero a diferencia de antaño, hoy, ninguna de las dos personalidades se mantiene en secreto. En la actualidad ambas identidades son conocidas por la opinión pública y en algunos casos es sinónimo de éxito social y personal, lo que es sintomático de una sociedad que ha perdido sus límites morales y donde las fronteras se han difuminado.

Los conflictos de interés, obvios en estas situaciones, se obvian. ¿Es ético que un ejecutivo de una corporación dedicada al negocio militar pase a dirigir el Ministerio de Defensa? ¿O que un destacado dirigente de alguna multinacional bancaria ejerza como Ministro de Economía? Cuando ocurren estas situaciones se deteriora la función pública porque las decisiones corren el riesgo de tomarse sin ningún código de conducta ética que beneficie a la colectividad. Se toman para beneficio de unos pocos que secuestran y terminan deslegitimando las instituciones políticas que vertebran la Democracia. De ello nace la desconfianza en la política, la desafección, la abstención y el repudio de todo lo que tenga que ver con lo público.

Resulta relativamente fácil observar quiénes se benefician o quiénes orquestan determinadas decisiones que se toman desde los gobiernos de turno. Basta con analizar a quién favorecen las medidas y planes acordados por los poderes políticos. A estas medidas se les pone con urgencia y de manera fraudulenta el marchamo del interés general para otorgar a las mismas mayor necesidad social, para ser vendidas de forma más digerible a la opinión pública. Lo normal es que detrás de ellas exista siempre un agente doble en alguno de los sectores económicos con mayor influencia. Está pasando con esta crisis económica. Individuos y grupos concretos de la economía que fueron protagonistas en la pasada fase de expansión capitalista, que se beneficiaron de la captación de rentas, que impulsaron la desregulación económica y la sobredimensión del sector inmobiliario, son los mismos que están gestionando la actual crisis para gloria del sector financiero.

En Canarias no es diferente. Para entenderlo basta con analizar el consejo asesor de Unelco-Endesa en las islas. Individuos que han desempeñado cargos políticos de responsabilidad pasan a formar parte de esa élite empresarial que cobra salarios astronómicos y pone al servicio de la corporación sus contactos y su influencia política. Otros no han tocado la política, pero gozan de una cercanía excesiva a los principales centros de poder político, causa última de importantes casos de corrupción en las islas. Estos individuos lanzan recomendaciones y consejos en forma de informes presuntamente asépticos sobre temas que afectan al conjunto de los canarios. Estudien los discursos y los nombres que aparecen en instituciones como el Círculo de Empresarios de Gran Canaria, FEPECO, la Red Avante Canarias, el Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico, la Asociación de Industriales de Canarias, los antiguos prebostes de GASCAN, las Cámaras de Comercio, etc. Verán que muchos de ellos se repiten. Y luego analicen las decisiones relacionadas con los problemas más relevantes en las islas. Entenderán muchas decisiones. No son coincidencias.

A menudo se presenta a todos estos individuos y organizaciones en foros mediáticos de todo tipo (desde la prensa convencional hasta las tertulias de la radiotelevisión), como figuras objetivas y rigurosas, cuyas reflexiones y recomendaciones son de interés general. Lo cual no deja de ser un acto de colaboración y connivencia que desde los medios de comunicación se tiene con unos señores que no buscan otra cosa que el propio interés, aprovecharse de su aventajada posición negociadora, de su cercanía al poder. Gracias a todo ello prolongan determinados mensajes con una importante carga ideológica. Las reflexiones que parten de un origen ideológico común, empobrecen el debate y cierran alternativas que pueden contener soluciones que implican mayor bienestar y equidad social.

Muchas veces la transformación de estos agentes dobles se realiza de manera inmediata y de forma opaca a pesar de que existe una ley clara que regula el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas (Ley 53/1984, de 26 de diciembre desarrollada por el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes). Algunos grupos políticos han planteado iniciativas claras dirigidas a una aplicación más rigurosa de la ley endureciendo las incompatibilidades. En estos casos PP y PSOE, utilizando su mayoría en las cortes, se han encargado de desbaratarlas. Una prueba fehaciente de las intenciones reales que los partidos mayoritarios tienen respecto a resolver esta cuestión. Con lo que la excesiva relación entre la economía y la política, continúa.

martes, 19 de junio de 2012

Sobre los 1.000 empleos de Telefónica en Canarias


En una economía tan deteriorada como la canaria, producto del monocultivo turístico, la ausencia de un plan de diversificación de su modelo económico, la gran desigualdad existente y con unos salarios de los más bajos de España, no criticaremos la oportunidad que supone para los canarios la creación de 1.000 puestos de trabajo a través de la implantación, por parte de Telefónica, de un Centro de Atención a los clientes del archipiélago de la operadora. Sin embargo, no deja de ser ilustrativo del tipo de economía que promueven y han promovido en Canarias tanto una clase política que se denomina democrática y nacionalista, como un sector empresarial acomodado, que se venda como una magnífica noticia dicha iniciativa, sin debate de ideas, sin discutir si conviene o no conviene, sin que otras voces puedan valorar si es o no una propuesta de recorrido. Bienvenidas sean estas oportunidades pero si crear 1.000 puestos de trabajo en dos años, a través de la creación de un Call Center en Canarias, es la única iniciativa solvente que tiene el tándem CC-PSOE como responsables del gobierno, después de confesar en sede parlamentaria su incapacidad para mejorar las inadmisibles tasas de desempleo, que además encadenan cinco meses continuos de subidas históricas, apaga y vámonos.

José Miguel Gilpérez y Paulino Rivero
Según los medios, el responsable del gobierno canario aprovechó la ocasión para ofrecer la misma colaboración a todos aquellos operadores de telefonía que apuesten por mejorar las condiciones de conexión de las islas. No sabemos si el programa económico del gobierno canario consiste ahora en especializar nuestra economía en servicios de esta índole. Quizás el futuro de Canarias está en multiplicar centros de atención al usuario por toda la orografía canaria o, como han reclamado algunos, convertir Canarias en el paraíso de los casinos y el juego con la instalación de Eurovegas, igual que nos hemos especializado en el turismo masivo de sol y playa de bajo coste. Imagínense el panorama, el gobierno se aprestaría para habilitar y acondicionar grandes naves desde donde se proporcionarían esos servicios de atención al usuario. Las corporaciones transnacionales más importantes del sector no dudarían en recalar en las islas. A buen seguro, crearían parques empresariales donde obtener sinergias después de haber conseguido rebajas fiscales atractivas por parte del gobierno de turno. Canarias, centro tecnológico mundial sería el eslogan que nuestros políticos no dudarían en proclamar.

Desde el respeto hacia las personas que trabajan en este sector de la economía y sin menospreciar oportunidades, conviene saber que el área de los servicios de atención al usuario destacan por ser empleos de escaso valor añadido, poco cualificados, con salarios relativamente bajos que podríamos situar entre los 700-900€ mensuales y, además, con un alto nivel de rotación. Se trata de un sector que las grandes empresas de atención al usuario, vía telefónica, han deslocalizado en América Latina para clientes en lengua castellana, debido, precisamente, al competitivo coste de la fuerza laboral que pueden contratar. Unos condicionantes en las antípodas de lo que precisan las islas para mejorar su situación social. Nuestra economía quedaría vinculada, aún más si cabe, con las tendencias del capitalismo mundial dirigidas a precarizar las condiciones laborales. De Canarias depende formar parte de las áreas económicas del planeta caracterizadas por unas condiciones económicas más parecidas a las existentes en China, o con aquellas que apuestan por la innovación y la creatividad, los sectores punteros en tecnología, los servicios de alto valor añadido, la sostenibilidad y las energías limpias. Alguien debería preguntarse si facilitar la instalación de estos centros de atención al usuario es una inversión de futuro, o si, por el contrario, implica continuar ofreciendo más de lo mismo a la ciudadanía canaria, para luego desde los poderes públicos, recomendar a los jóvenes que emigren a Alemania en busca de mejores condiciones de trabajo. Si es esto lo que nuestra clase política y empresarial ofrece a los canarios, que nos lo digan de forma transparente y honesta. En cualquier caso Canarias cuenta con sectores económicos que podrían situar su economía como referencia mundial.

El presidente de la compañía, José Miguel Gilpérez mencionó que la puesta en marcha de estas instalaciones que harán posible los 1.000 empleos, fue fruto de la buena colaboración y relación existente entre la compañía y el Ejecutivo canario. En la era de la negación como estrategia política y cuando tenemos una clase electa muy proclive a mentir, no sabemos si esa buena colaboración y relación entre el ejecutivo y la multinacional está vinculada a algún tipo de privilegio para esta última. En ese caso, el gobierno de Canarias, debería ser transparente para que la ciudadanía conozca todas las variables que intervienen en el asunto. Sobre todo si tiene algo que ver con facilitar la instalación de estos centros en Canarias, previa subvención pública, al estilo de las que reciben las aerolíneas de bajo coste por parte de gobiernos locales y regionales; si está relacionado con el hecho de que Telefónica busca optimizar los inmuebles que posee en las islas; o si tiene algo que ver con el aplazamiento de la entrada en vigor del impuesto medioambiental que pretende crear el ejecutivo autonómico sobre los tendidos eléctricos.

Son solo hipótesis que convendría que nos aclarasen para saber si proclamar la creación de 1.000 empleos es una oportunidad real, una simple salida efectista del ejecutivo canario en detrimento de otras opciones de futuro de mayor recorrido para Canarias o una simple decisión de Telefónica de la que nos hemos visto beneficiados.

miércoles, 13 de junio de 2012

La negación como política


La única conclusión clara que podemos sacar de estos cinco años de fatal crisis, es que los dirigentes del bipartidismo español han utilizado y siguen utilizando la negación como política para vertebrar su estrategia de comunicación. Lo hizo el PSOE negando la crisis y lo está haciendo el PP negando el rescate a la banca. La negación les ha permitido evitar dar explicaciones sobre lo que está ocurriendo, eludir la asunción de responsabilidades políticas, civiles y penales, soslayar la imprescindible transparencia. Si se niega la evidencia se soslaya la realidad y con ello se consigue anular, en definitiva, el debate democrático. En este proceso de negación de la realidad se están utilizando tres estrategias claras:

La estrategia nº 1 consiste en emplear términos que lejos de clarificar contribuyen a emponzoñar los hechos. Términos que optan por el rodeo en lugar de la precisión. Eufemismos que suavizan la crudeza de las medidas tomadas y que permiten al ejecutivo de turno no exponerse a la crítica. De ahí que a la subida del IVA prevista para el 2013 se le llame incremento de la imposición del consumo o que se denomine medidas excepcionales para incentivar la tributación de rentas no declaradas a legalizar la situación de los que han defraudado a la Hacienda Pública.

El Roto en El País el pasado día 12.06.12 
La estrategia nº 2 pone especial énfasis en explicar una situación vendiendo su opuesto. Sin las reformas, ayer se habría planteado la intervención de España dijo Mariano Rajoy el pasado 9 de junio. En este caso, el rescate a la banca, una intervención de facto, no lo es y por el contrario el ejecutivo actual habría evitado dicha intervención con sus negociaciones. También sirve de ejemplo la reforma laboral, decretada por el PP hace unos meses, que ha sido vendida como una herramienta para crear empleo, cuando no es más que un flagrante recorte de derechos laborales.

La estrategia nº 3 consiste en mentir descaradamente. No importa el foro, no importa el destinatario del mensaje. Se embauca a discreción cuando se socavan los intereses del grupo para los que gobiernan nuestros políticos electos, en este caso el sector financiero. Esto es lo que se deduce, por ejemplo, de las declaraciones de José Manuel Soria, ministro de Industria, cuando aseguró, horas antes de la conferencia de prensa de Luis De Guindos que el Gobierno no se plantea pedir ayuda hasta recibir nuevos informes. O cuando el propio Luis De Guindos, en la misma conferencia de prensa, es capaz de declarar que el rescate a la banca no impondrá condicionalidades macroeconómicas para España ¿De verdad alguien pensaba que los intereses del préstamo de 100.000 millones de € no iba contra el déficit presupuestario, o que la deuda pública española no se movería al recibir una inyección de capital de este calibre? Nadie da semejante inyección económica de forma gratuita. La gestión de la crisis se está realizando de forma muy favorable al sector financiero desde el principio, esta vez no iba a ser diferente.

Una estrategia de comunicación que demuestra utilizar el lenguaje como instrumento para trasladar una visión sesgada de las cosas. En este escenario el lenguaje se desprestigia. Se anula porque pierde su capacidad explicativa. Y cuando el lenguaje se utiliza de esta forma se deja de comunicar, desorientando a los ciudadanos y contribuyendo a socavar valores democráticos clave como la rendición de cuentas, la representatividad, la transparencia o la participación ciudadana, ya de por sí muy deteriorados. La Democracia se ha transformado en una ceremonia sin fondo, en un ritual sin contenido para beneficio de los agentes inductores de esta crisis, el sector financiero.

La pregunta que cabe realizar es si esta estrategia, que persigue devaluar el lenguaje y negar la realidad, desarrollada a menudo por parte de los poderes públicos, es consciente. Nuestra opinión es que sí, puesto que así se dinamita la capacidad de entendimiento de la ciudadanía y se desactiva su potencial de protesta. Una práctica que facilita que las élites gobernantes puedan hacer y deshacer a su antojo siguiendo las directrices que vienen desde Europa, en concreto desde Alemania y, más en concreto aún, desde el BCE y el sector financiero europeo. Y en este contexto de opacidad y engaños masivos, la capacidad crítica de la ciudadanía toma un cariz especial. Solo el análisis crítico de los acontecimientos, capaz de desbrozar la cantidad de información superficial e irrelevante con que nos bombardean a diario, y la movilización posterior que debe provocar, servirá para superar con justicia y equidad la encrucijada histórica en la que se encuentra el capitalismo y nuestro sistema democrático. La conclusión es clara, el bipartidismo español, PSOE-PP ha gobernado para gestionar la crisis con evidentes beneficios para el sector financiero, sin importarles el desprestigio de las instituciones políticas y económicas, llevando el país a la quiebra, con opacidad, mintiendo, de forma irresponsable y con impunidad. Todo ello convierte a esta crisis en una estafa organizada

viernes, 8 de junio de 2012

La farsa del Día Mundial del Medio Ambiente en Canarias


Han sido numerosos los actos, conmemoraciones y talleres, celebrados por las distintas administraciones públicas canarias con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el pasado día 5 de junio. El ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife organizó diferentes talleres de reciclado, desplegó carpas informativas sobre la importancia del ahorro del agua, la reutilización de aparatos eléctricos y organizó charlas informativas sobre separación de residuos. También repartió 5.000 bolsas reutilizables. El Cabildo de El Hierro impulsó unas jornadas con personas de edad avanzada sobre las potencialidades de los árboles herreños y entregó semillas endémicas para que nuestros mayores cuiden y planten nuevos ejemplares. El salón de plenos del Cabildo de La Gomera acogió una serie de conferencias organizadas por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias sobre La Gomera como núcleo de biodiversidad de la UE. En Las Palmas de Gran Canaria la temática consistió en potenciar las bondades del ahorro energético, el transporte sostenible o los huertos ubanos. ¡Cuida tu medio natural con entusiasmo, ciudadano! Este parece ser el lema de este derroche de civismo medioambiental promovido por las Administraciones Públicas canarias.

El objetivo de tales actividades parece ser trasladar a los ciudadanos canarios la importancia de los valores medioambientales, la sostenibilidad y el cuidado del entorno natural, fomentando conductas y hábitos cívicos respetuosos con el territorio. La conducta de nuestra administración parece perseguir que los agentes activos de la comunidad canaria se conviertan en garantes entusiastas de la protección del medio natural que les rodea. Esto es, individualizar la resolución de la problemática medioambiental de nuestra era, particularizar su responsabilidad. También, reducir al ámbito privado el compromiso por el cambio. Bajo esta interpretación, las transformaciones comenzarían en el ámbito más pequeño, el ciudadano. Pero ¿Es coherente y posible transformar los hábitos medioambientalmente reprobables mientras las principales administraciones locales y autonómicas de Canarias son artífices de los mayores atentados contra el medio natural? Desde su ámbito local o doméstico ¿Puede el ciudadano contribuir a la mejora de su entorno cuando desde los poderes públicos (también desde los económicos) se transita en el sentido contrario? ¿Es el ciudadano, tomado individualmente, comparable, desde el punto de vista de su poder de influencia, a un actor público como la Administración? No parece o al menos es una contradicción.

Complejo Medioambiental en Arico. Tenerife
En Guerras Climáticas Harald Wezer lo expresa claramente al indicar que esta clase de consejos no solo guarda una desproporción grotesca con las dimensiones del problema en cuestión, sino que además reduce extremadamente el nivel y la complejidad de los aspectos referentes a la responsabilidad y al compromiso ante el cambio climático al convertir esos aspectos en una cuestión individual. La hipótesis según la cual las transformaciones sociales comienzan en las pequeñas cosas, que siempre fue errónea pero es altamente sugestiva, se vuelve ideológica cuando no incluye a los actores corporativos y políticos en la responsabilidad, y se vuelve precisamente irresponsable cuando sostiene que el problema puede contrarrestarse con cambios en el nivel del comportamiento. Con esta interpretación no queremos decir que las acciones individuales sensibles con el respeto medioambiental deban erradicarse o no carezcan de utilidad alguna. Lo que queremos expresar es la imposibilidad de solucionar el problema medioambiental mientras exista un actor con gran capacidad de influencia y un comportamiento tan irresponsable medioambientalmente, la Administración Pública. Es decir, ¿Pueden las acciones individuales del ciudadano dirigidas a ahorrar agua, contrarrestar los impactos medioambientales que están ocasionando y ocasionará, por el efecto atractor sobre el uso del vehículo privado, el gasto de agua o el consumo de energía, la construcción de la vía litoral en Santa Cruz de Tenerife? ¿Se puede neutralizar la completa ausencia de una política pública de reciclaje de basuras cuando el ciudadano, diligentemente, opta por separar sus residuos domésticos? Bajo nuestro punto de vista no. Otra cuestión diferente es que como resultado de la auto-organización de un grupo numeroso de individuos que hayan optado por una actitud responsable medioambientalmente, se logre obligar a los actores públicos a cambiar un comportamiento insano con el territorio y estos atiendan al cambio por cuestiones electorales.

A pesar del incremento de la parafernalia ambientalista organizada en efemérides de esta índole (el día mundial sin coches, el del agua, el de la Tierra, etc), lo cierto es que Canarias continúa siendo un territorio castigado por la emisión de contaminantes a la atmósfera, por una movilidad insostenible, por una presión turística asfixiante, por la construcción de infraestructuras desproporcionadas y masivas, por la ausencia de una política seria de reciclado de residuos, por una desmesurada dependencia del consumo de combustibles fósiles, etc. Y en cada uno de estos problemas tiene una responsabilidad enorme la Administración que nos gobierna. Es la propia Administración quien profundiza la huella ecológica de Canarias al omitir tomar medidas que defiendan el territorio o al impulsar acciones profundamente impactantes. La consecuencia es que la problemática ambiental en Canarias ha pasado a ocupar, desde hace ya mucho tiempo, un ritual protocolario inocuo y políticamente correcto en el discurso de nuestras Administraciones Públicas. Ello en un contexto donde priman los gestos políticos de cara a la galería, la política de eufemismos que persigue subvertir el lenguaje para evitar llamar a las cosas por su nombre o las mentiras evidentes con las que nos castigan diariamente políticos de toda condición. Todo ello en completa ausencia de iniciativas verdaderas que ataquen las causas últimas de un desgaste medioambiental preocupante.