Intereses privados vs intereses públicos

Son los acusadores, pura paradoja, los auténticos “nonoistas”. Ellos son lo que se oponen, no defienden o no impulsan, pongo por caso, las energías renovables y consideran la sostenibilidad coñazo de rojos.

José A. Alemán. El nonoismo verdadero. Canarias Ahora. 30.12.11 

Es la vieja política de los hechos consumados, en absoluto democrática, que en este caso juega con la confusión entre la legítima aspiración a no despilfarrar recursos públicos en sanidad y el deseo ilegítimo de cambiar un modelo sanitario por otro sin que las gentes se den cuenta apenas…

Adela Cortina. ¿Sanidad sostenible? El País. 04.01.2012

Hay gestos que dicen más que mil discursos. En la política actual donde predominan las declaraciones sin contenido y con dosis excesivas de grandilocuencia y ceremonia, debemos acudir a las acciones para entender qué, por qué y cómo se toman determinadas decisiones que benefician a un sector exclusivo de la sociedad en detrimento del conjunto de la ciudadanía.

El pasado mes de diciembre conocimos que el Tribunal Supremo (TS) avaló la decisión de la Consejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias de proceder a la ocupación urgente de los terrenos afectados por el cierre del anillo insular, una de las infraestructuras más impactantes que sufrirá Tenerife por imperativo caciquista. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) había anulado en 2008 el proceso de expropiación de terrenos bajo el procedimiento forzoso y urgente. No encontró justificación alguna para entender que el proceso se tramitara por el sistema excepcional de urgencia. Los afectados reclamaban que el procedimiento se desarrollara por el modo ordinario. Las obras, en cambio, se han venido acometiendo en cada uno de sus tramos. Como un tsunami imposible de parar se han construido las plataformas de rodadura, los viaductos que salvan los barrancos de la zona, los túneles que penetran las montañas del área, etc. La envergadura de los trabajos derriba por sí sola cualquier postura en contra y los hechos consumados imposibilitan la restauración de la zona ante una hipotética sentencia a favor de los vecinos afectados que, en este caso, no se ha producido.

Hospital del Norte de Tenerife. En la Voz de Icod de Los Vinos.

¿Cuáles son los argumentos que ha esgrimido la Consejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias para demostrar que dicha actuación era urgente? Según algunas informaciones, la alta siniestralidad de la zona, la elevada intensidad de tráfico, mejorar la seguridad del tráfico y la importancia estratégica de la infraestructura. Pero ¿Bajo qué datos se sustentan esos argumentos? ¿Cómo privilegiar esos argumentos frente a las necesidades ciertas de los vecinos que ven sus terrenos expropiados y ocupados a un precio por lo demás irrisorio? ¿Se dio voz a esos vecinos para que manifestaran sus perjuicios? ¿Se han discutido democráticamente las alternativas con todos los implicados? ¿Se han utilizado como arma arrojadiza esos argumentos para legitimar una megainfraestructura cuyo impacto excede los límites de la comarca donde se implantará?

En la práctica lo que dice el TS es que el beneficio económico y social que proporcionará el trazado de esta infraestructura es superior al perjuicio que sufrirán los 800 vecinos afectados por los trabajos. En última instancia los mismos argumentos del interés general, la importancia social de la obra y la necesidad imperiosa de acometerla porque redundará en el bien común. Razones utilizadas en un sin fin de actuaciones cuya necesidad social ha sido más que discutible. Lo que se ha demostrado en innumerables actuaciones acometidas por todo el territorio nacional al calor de una burbuja, la urbanística y la de infraestructuras, cuyos beneficiarios más directos han sido la burguesía empresarial que las ha impulsado y su efecto más palpable, contribuir a la ruina de este país.

De forma más general cabe preguntarse ¿Cuál es el discurso que sustenta que el tramo Adeje-Santiago del Teide más la conexión con Fonsalía son imprescindibles socialmente para la comarca y para toda la isla de Tenerife? El argumento esgrimido reiteradamente por las instituciones públicas que tiene que ver con facilitar la movilidad de las personas entre el norte y el sur de la isla para fomentar la obtención de empleo, no solo es peregrino, es que no se sostiene en el caso de Canarias que mantiene la segunda mayor tasa de paro de toda Europa y no precisamente por carecer de equipamientos viarios. Otro argumento aportado ha sido la importancia estratégica de la obra. Permitirá facilitar la comunicación de la isla capitalina con el resto de las islas occidentales a través del futuro puerto de Fonsalía. Sorprende el argumento. ¿Realmente depende la conexión entre las islas del desarrollo de una infraestructura que incrementará el tráfico de carácter privado? ¿Se puede facilitar la relación entre las islas capitalinas bajo otras iniciativas más baratas y menos impactantes? En este caso también subyace el Gigantismo, esa costumbre elevada a rango de dogma en Canarias que persigue resolver problemas aportando soluciones más caras, de gran dimensión e irreversible impacto ambiental.

Obras en el Túnel de El Bicho. Anillo Insular. En el Digital Sur.

Podemos ir un poco más lejos aún ¿Cuál es la prueba última que lleva al TS, una institución jurídica de rango nacional, a contradecir la sentencia del TSJC, una instancia radicada en la Islas? ¿Reciben las dos instituciones los mismos argumentos y/o datos para llegar a una resolución justa del caso? ¿Ha tenido en cuenta el TS los efectos sociales y ambientales de dicha actuación?

Frente al cierre del anillo insular, una necesidad imperiosa a tenor de nuestras instituciones, es útil contraponer el reiterado aplazamiento de la construcción de la segunda fase del hospital del norte de Tenerife hasta que las disponibilidades presupuestarias lo permitan, según declaraciones de Margarita Pena, consejera insular delegada del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria. La conexión Adeje-Santiago del Teide salió a licitación con 200 millones de € y se adjudicó por 167. Las modificaciones acometidas hasta el momento sitúan su coste en 190 millones y a buen seguro, superará la cifra de licitación. Para finalizar la segunda fase del hospital del norte se requieren, en cambio, solo 4 millones de €. Esta segunda fase albergará las camas de media estancia, el centro de atención especializada, áreas de consulta, rehabilitación, radiología, administración y apoyo, urgencias.... Se trata de unas instalaciones que contarán con consultas médicas, salas de curas, áreas de observación y cabinas para tratamientos, entre otras dependencias y servicios.

Los puristas/burócratas, seguramente los mismos que a nivel nacional mantuvieron la Constitución sin reforma alguna hasta que se lo pidieron expresamente las instancias europeas sin mediar referéndum, aquéllos que declararon el Puerto de Granadilla y el de Arinaga de interés público de primer orden por imposición caciquista, dirán que se trata de partidas presupuestarias ya comprometidas, que estas cantidades de dinero no pueden tener relación alguna, que el dinero se perdería si no se emplea de este modo, que toca época de recortes y un sin fin de argumentos dirigidos a justificar con escasa solidez por qué razón un hospital, el del norte de Tenerife pero también el del sur, llevan retrasados tantos años. ¿Es legítimo o ético que en una situación de importantes carencias sociales y en un contexto de grave crisis se apueste por determinadas actuaciones, cuyos costes son elevados y sus beneficios no están correctamente justificados, frente a otras cuyo coste es infinitamente menor y su aportación al bienestar social imprescindible?

En Canarias, lo hemos denunciado muchas veces, es como mínimo sospechoso y discutible que todas las actuaciones que tiene que ver con el sector de la construcción y las infraestructuras son capaces de superar cualquier obstáculo, por insalvable que parezca a priori. Por el contrario todo aquello que tiene que ver con contrastadas necesidades básicas se estancan, se paralizan o se eternizan. Nos parece que lo que ocurre en Canarias desde hace mucho tiempo es que las necesidades privadas se anteponen a las de carácter público. Lo que tiene que ver con que la élite empresarial promotora de este tipo de megainfraestructuras tiene relación directa y sin cortapisas con los que toman las decisiones políticas.
Esta relación, derivada en nefasta influencia, les permite orientar esas decisiones hacia la satisfacción de sus intereses particulares. Lo que se llama simple y llanamente corrupción. Intolerable e inadmisible pero continúa pasando por estas islas.