miércoles, 1 de junio de 2011

Crisis de representatividad; el resultado del 22-M

  
La democracia, al albergar dos términos contradictorios, pueblo y poder, arrastra una indefinición tan amplia que le permite oscilar entre el despotismo y la acracia según el poder se divorcie o se fusione más o menos con el pueblo. Ahora que casi todos los regímenes políticos se dicen democráticos, es el grado de participación efectiva del pueblo en la toma de decisiones públicas el que marca el lugar que ocupan en el amplio abanico de posibilidades antes mencionado. Y esta participación no cae del cielo, sino que depende de la existencia de unas instituciones que la propicien y de una ciudadanía activa e implicada.


Que la democracia es la mejor forma de gobierno de todas las que existen es una perogrullada que alcanza límites insospechados. Y quienes reiteran una y otra vez esta idea, retórica por evidente, esconden, a buen seguro, un personal interés en no reconocer que los sistemas políticos son mejorables y que se pueden perfeccionar con una decidida voluntad política. Mejoras que pueden orientarse en varios frentes, por ejemplo en alcanzar una mayor y mejor representatividad de los ciudadanos. Si los grandes partidos que dominan el tinglado político no desean avanzar en este aspecto es porque su actual grado de representación en las instituciones, es decir, su cuota de poder, correría peligro ante una eventual reforma y/o regeneración de los actuales mecanismos democráticos.

La primera conclusión que obtenemos al analizar los resultados electorales del pasado 22-M en Canarias, es que la primera fuerza política en las islas ha sido la abstención con 542.358 votos. La distancia respecto de la formación política más votada, el PP, es descomunal, un 88% más de sufragios. Este dato, que puede servir como indicador cuantitativo de la separación entre la política institucional y la ciudadanía, aunque se ha reducido respecto a las autonómicas de 2007 (casi un 9% menos), debería hacer reflexionar a toda la clase política en bloque sobre su capacidad para alentar la participación de la gente en un momento crítico como el actual, donde se necesita más y mejor política que nunca para superar una situación económica y social deteriorada. No es la primera vez que se registran tan altos índices de abstención, lo que demuestra que es un problema enquistado que solo es posible superar cambiando radicalmente el cómo y el qué se propone durante las campañas electorales. Aunque la mejor forma de alentar el voto es resolviendo los problemas de la ciudadanía durante la legislatura para lo cual es preciso un acercamiento a la gente corriente.

A la elevada abstención hay que sumar el crecimiento del voto nulo (25.191) y el voto en blanco (25.192), un crecimiento del 170% respecto al 2007. Al margen de las interpretaciones que se puedan realizar de cada una de estas dos modalidades de sufragio, lo cierto es que al nivel de abstención anterior hay que añadir 50.383 sufragios que no tendrán representación alguna ni en el Parlamento ni en el ámbito local. Por si solos, los votos nulo/blanco serían la quinta fuerza política en Canarias lo que viene a evidenciar un problema similar al anterior. Hay un elevado número de ciudadanos a los que les trae al pairo los despliegues políticos realizados durante las campañas electorales, sus propuestas, sus debates cara a cara, sus estrategias, sus declaraciones….¿No debería preocupar estos aspectos a nuestra clase política? ¿Cuál es su explicación para justificar tal nivel de desafección? ¿Han tomado alguna medida?

La tercera conclusión que obtenemos del pasado 22-M es que en Canarias, como consecuencia de una antidemocrática ley electoral, configurada por las tres formaciones mayoritarias del archipiélago y de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, hay un total de 94.541 individuos que no estarán representados en el Parlamento de Canarias los próximos cuatro años. Estas formaciones no han logrado superar una de las dos barreras electorales, la del 6% autonómico. Un porcentaje inadmisiblemente elevado que va en detrimento de la pluralidad parlamentaria. ¡Atención!, es como si más de toda la población de La Palma quedara al margen del proceso electoral. Una minoría, el 4,46% de toda la población de Canarias, pero cuyo silencio mayoritario en el Parlamento será ensordecedor.

La suma de todos estos votos (abstención, voto en blanco, voto nulo y sufragios a formaciones que no han podido acceder al Parlamento) hacen un total de 687.282, el 45% de toda la población de votantes. Una cifra que nos proporciona la verdadera envergadura de lo defectuosa que es nuestra democracia, de su crisis de representatividad, de la necesidad de una profunda reforma.

Hay más. Para facilitar la denominada gobernabilidad de las instituciones y toda esa retórica que persigue una presunta estabilidad, con la que se llenan la boca con mucha facilidad políticos varios, la ley permite habilitar pactos entre las fuerzas políticas presentadas a los comicios. La formación política más votada ha sido el PP pero, la aritmética electoral hace posibles otros escenarios de gobierno; escenario 1, que CC logre un pacto conjunto con el PSOE para erigirse como coalición gobernante. Escenario 2, aún más problemático para Canarias que el anterior, que consistiría en que CC o el PP gobernaran en minoría, al menos, hasta las próximas elecciones generales, tal y como indican algunos analistas. Y aquí viene la cuarta conclusión. Venimos de una legislatura donde los dos partidos conservadores se hicieron con el poder desplazando a la oposición al partido más votado, el PSOE, y en su última etapa la tercera fuerza política, CC, tomó el mando en minoría. Estrategias políticas que han generado continuas confrontaciones durante toda la legislatura entre los tres partidos mayoritarios. Ante la deteriorada situación económica y social en Canarias, no parece que sea lo más conveniente. Volver a reeditar una legislatura en estas condiciones, con un clima político enrarecido, supondría olvidar, una vez más, los problemas de una ciudadanía que está harta de su clase política desde hace mucho tiempo, más centrada en conservar sus cuotas de poder y sus parcelitas de influencia, a pesar de lo que trascienda en los medios.

En cualquiera de los tres escenarios posibles, gobierno en minoría del PP (19% de toda la población de votantes) o de CC (15% de toda la población de votantes), o gobierno de coalición entre CC y PSOE (27% de toda la población de votantes), será un gobierno de una minoría, al margen de que nuestros políticos se esfuercen en pregonar que gobernarán para la mayoría. Una situación perfectamente legal e incluso democrática porque así lo establece nuestro ordenamiento jurídico pero ¿Es legítima? ¿Es justa? ¿Es esta la democracia que queremos? Una nueva coalición conservadora, CC-PP, aglutinaría un mayor número de votantes, un 34% de toda la masa de votantes pero también en este caso sería una minoría quien haya erigido a la presidencia a nuestros gobernantes.

Esto son aspectos estrictamente numéricos. No hemos mencionado cuestiones como que algunos candidatos imputados por malversación, cohecho, prevaricación y demás delitos relacionados con la esfera urbanística han sido refrendados por el electorado. Canarias era la segunda comunidad autónoma con más candidatos imputados. Una depravación que está gangrenando nuestra democracia. Tampoco hemos hablado de las listas cerradas, la burocratización de la participación ciudadana en los asuntos públicos, la triple paridad electoral, la sobre-representación de las islas periféricas…

Si ante estas evidencias no resulta claro que nuestra democracia necesita una profunda renovación y/o regeneración, tanto en los mecanismos que la articulan como en la propia concepción de los partidos políticos encargados de aplicarla, es que se está cerrando los ojos irresponsablemente a una realidad que ya nos está pasando una factura muy cara.

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