El concepto de interés general. Una utilización arbitraria por parte de las instituciones canarias (1)

 
La intervención del Sr Melchior en el diario La Opinión de Tenerife el día 27.05.2010 a través de un entrevista-chat con los lectores del periódico, no ha podido estar salpicada de más cinismo.

Ante la pregunta de un participante (pregunta nº 4) sobre cuáles son las principales actuaciones que va a realizar el Cabildo a corto plazo, el Sr Melchior contesta del siguiente modo;

» En primer lugar nuestro objetivo fundamental son todas las actuaciones sociales: la atención a personas con discapacidad, los mayores y los menores, es decir, en el ámbito social seguimos haciendo el mismo esfuerzo. En segundo lugar, trabajamos en todo lo que se refiere a la conservación y mantenimiento de las carreteras, que están en una situación que requieren toda nuestra atención. Otro de nuestros objetivos es el medioambiente, la repoblación forestal y la prevención de incendio. Y, sin duda, también, el fomento de las actividades económicas para la generación de puestos de trabajo. Estamos impulsando las actividades estratégicas como son las telecomunicaciones y contar con una mayor y más barata red de comunicación con el resto del mundo (anillo de fibra óptica, cable y conexión con Europa, África y América), sin olvidar la movilidad dentro de nuestro territorio: guaguas, trenes, taxis…

Nos gustaría conocer cuáles son esas iniciativas centradas en aspectos sociales y ese esfuerzo que según él continúa realizando la institución tinerfeña en el ámbito social. Pero sobre todo nos gustaría saber por un lado, en qué consisten esos objetivos centrados en el medioambiente, la repoblación forestal y la prevención de incendios y por otro lado qué proyectos persiguen una mejora en la movilidad en el territorio. Es evidente que en estos aspectos las propuestas defendidas por el Cabildo no solo son insuficientes sino que menoscaban claramente los intereses medioambientales y de movilidad en la isla al impulsar obras de dudoso interés social como son la vía litoral, el anillo insular o el puerto de Granadilla entre otras muchas ya denunciadas en este espacio y que han contribuido a potenciar el importante déficit que tiene TITSA.

Si volvemos a la entrevista-chat, nos parece interesante resaltar la respuesta del Sr Melchior ante la pregunta del responsable de este espacio (pregunta 25) sobre el tema que nos ocupa en este artículo. El Sr Melchior utiliza toda su pericia dialéctica, demostrando gran capacidad de síntesis y compendio, así como nula disposición a argumentar, para responder de forma opaca y oscura a la pregunta formulada, lo que por otro lado no es sino una metáfora diáfana de cómo actúa la institución en muchas de sus competencias que afectan a la ciudadanía de la isla:

"Buenas tardes Sr Melchior: Tanto el Cabildo de Tfe como el Gobierno de Canarias han utilizado el concepto de interés general para justificar muchos de los proyectos de infraestructuras que promueven. A tenor de algunas resoluciones judiciales donde el Tribunal Supremo o el TSJC declara que esas obras no proceden o han sido paralizadas (embotelladora de Taguluche, Puerto de Granadilla, etc) ¿Está utilizando el Cabildo el concepto de interés general correctamente? ¿Lo utiliza de forma sesgada cuando no tiene argumentos contundentes que justifiquen esos proyectos? Cuando las instituciones públicas utilizan el concepto de interés general, la participación ciudadana es imperativa, lo dice la Constitución. ¿El Cabildo de Tfe, ha tenido en cuenta estas formas de participación? ¿Cómo? Muchas gracias

» Respuesta: El Cabildo de Tenerife cuando pide la declaración de interés general es porque está justificado"

¿En base a qué, Sr Melchior, el Cabildo utiliza la declaración de interés general? ¿Por qué está justificado en unos proyectos y no en otros? Con esta simple pregunta no le exigíamos un decálogo extenso y detallado del uso del concepto de interés general por parte de la institución. Esperábamos que, al menos, nos deleitara con alguna explicación breve sobre si el Cabildo emplea el concepto conforme a la ley y tiene en cuenta de alguna forma la participación ciudadana. Es evidente Sr Melchior, que el Cabildo no solo no tiene (ni ha tenido) en cuenta al conjunto de la Sociedad para impulsar muchas de las obras desarrolladas en la isla, sino que su actuación se ve lastrada por la participación de unos sectores muy concretos de la ciudadanía más emparentados con el poder económico y empresarial que dirige el cotarro en la isla, que con el resto. Como su propia respuesta indica implícitamente, la pedagogía de la institución para explicar la necesidad social de esas intervenciones o del uso del concepto de interés general para justificarlas es nula, porque son obras que se imponen directamente a la ciudadanía por encima de otras necesidades perentorias y sobre todo para satisfacer los intereses de ese poder económico y empresarial ya mencionado, un lastre Sr Melchior, que les lleva a utilizar el concepto de interés general de forma torticera y rodeado de toda la retórica dialéctica que ha caracterizado a la clase política canaria.

La respuesta del Sr Melchior denota, además, cierta actitud mesiánica en el sentido de que la ciudadanía debe creer en la actuación neutral, objetiva, orientada al bien común y seguramente conforme a derecho de la institución, sin exigir contrapartida alguna materializada en algún tipo de control ciudadano más allá de las urnas. Sin embargo, no corren buenos tiempos para la creencia sin más, para la fe, para la confianza inmotivada en los prebostes de la vida política actual. Visto en retrospectiva ha quedado demostrado que las intervenciones del Cabildo, en lo relativo al impulso de determinadas infraestructuras, se han erigido en intervenciones sesgadas que lejos de perseguir el Interés General, han defendido el interés particular de unos pocos. Interés particular que luego han disfrazado de general con la retórica institucional habitual que emplea el Cabildo.

En el año 2003 el Sr Aznar declaró en el Congreso de los Diputados que debíamos creerle cuando decía que el régimen de Sadam Husein en Irak tenía armas de destrucción masiva. (Aznar: "Créanme, Sadam Husein está vinculado al terrorismo". El País. 14.02.03). Del mismo modo el Sr Zapatero, en plena campaña electoral en el año 2008 dijo, sin ningún tipo de rubor, que la economía española no se vería afectada por la crisis económica, la situación económica española evolucionaría según la metáfora de un "aterrizaje suave".

No son tiempos para la fe en la clase política Sr Melchior, que está muy lejos de solucionar o conectar con las mayorías que les votan. Sería un ejercicio de democracia y de respeto a la ciudadanía que dejase a un lado esas actitudes mesiánicas o esas apelaciones inmotivadas a la confianza.

La declaración de interés general de algunos de los proyectos promovidos por las instituciones canarias, no solo el Cabildo de Tenerife, ha estado sujeta en muchos de los casos, normalmente en proyectos de gran afección medioambiental, social y económica, a arbitrariedades de distinto signo que ponen en entredicho la idoneidad de esa declaración, lo que dinamita la calidad de la democracia que se practica en las islas y matiza la urgencia y la necesidad de muchos de esas intervenciones. Desde un punto de vista retrospectivo creemos que es útil recordar algunos casos paradigmáticos que permiten detectar el modo de actuación de las instituciones políticas canarias en este sentido:

Tendido eléctrico sobre Vilaflor. El triunfo de la Sociedad Civil

Quedó demostrado con la polémica del tendido eléctrico hacia el sur de la isla a principios de este siglo. En aquella ocasión las instituciones que promovían el proyecto manifestaban que garantizar el suministro eléctrico en el sur de la isla implicaba extender una línea de alta tensión de 220 KV por vía aérea. La propuesta atravesaba un total de cuatro paisajes protegidos por las medianías de Tenerife además de partir por la mitad el municipio de Vilaflor. La iniciativa fue defendida por todas las instituciones de la isla salvo por el ayuntamiento de Vilaflor, su gente y un gran número de ciudadanos del resto de la isla que no aceptaron la imposición de un proyecto que adolecía de un estudio serio de alternativas y que sospechosamente estaba emparentado con los intereses de la eléctrica. En los momentos de mayor confrontación, la compañía Unelco presionó efectuando apagones selectivos (e ilegales) en diferentes zonas del sur de la isla para demostrar a la opinión pública que la necesidad de la línea era perentoria.

Fue el ayuntamiento de Vilaflor al promover un estudio de alternativas realizado por la Universidad Politécnica de Madrid, quien demostró no solo que existían alternativas al proyecto del Cabildo de Tenerife sino que esas alternativas eran más eficientes y contenían una afección medioambiental, económica y social menor que la propuesta oficial del Cabildo.

El resultado de la polémica quedó resuelta el 23 de noviembre de 2002 cuando más de 100.000 personas salieron a la calle para protestar por la decisión tomada por el Cabildo en lo que fue un hito del movimiento ciudadano en toda Canarias. 24 horas después de la manifestación el presidente del Gobierno de Canarias en aquel entonces, Román Rodríguez, admitiendo que había escuchado

“alto y claro el mensaje del pueblo de Tenerife” (“Canarias retira a Endesa el permiso para un tendido eléctrico”. 26.11.2002. El País) derogó los permisos otorgados por su gabinete en agosto de aquel año a la filial de Endesa en las Islas, Unelco, para construir el tendido eléctrico.

En las hemerotecas quedarán imágenes como la de la policía ayudando a Ricardo Melchior, principal responsable de la propuesta inicial, a salir de la manifestación a la que había acudido en un intento de capitalizar el clamor ciudadano ante la inminencia de las elecciones autonómicas de 2003, auténtica cuadratura del círculo que quedará para la posteridad.

La embotelladora de Taguluche. Una industria en un paisaje natural protegido

En el municipio gomero de Valle Gran Rey hay una pequeña población agrícola denominada Taguluche situada al oeste de la isla de la Gomera. La población contiene uno de los paisajes más emblemáticos y espectaculares de la isla puesto que se unen numerosos palmerales, cultivos en bancales y caminos rurales con una orografía muy escarpada que alcanza un gran desnivel cuya cota más alta está situada en los 900 metros del Lomo del Carretón. Se trata de una franja de terreno muy abrupta, monumental y de gran valor paisajístico que contiene los manantiales naturales de Taguluche que surgen entre los 650 y 700 metros de cota. Los manantiales se nutren de un pequeño acuífero subterráneo colgado, que contiene una capacidad de 100.000 m3 y que se recarga gracias a la variable puvliometría de la zona

Según comenta Ángeles Rodriguez Mora en “El agua de Taguluche” desde los tiempos de la conquista de la isla, el agua de los manantiales se adjudicaba de forma proporcional al terreno a regar para su mejor aprovechamiento y a través del sistema de dulas. El aprovechamiento agrícola del agua que mana de forma natural se conserva en la actualidad y permite a los pueblos circundantes vivir del cultivo agrícola, principal actividad que sustenta el modo de vida de esta población junto con la actividad turística.

En 1998 el Gobierno de Canarias (CC), el Cabildo gomero (PSOE) y el ayuntamiento de Valle Gran Rey (CC) promovieron la instalación de una embotelladora que sería gestionada por la empresa ICA Ingenieros SL y cuya materia prima sería el agua natural de los manantiales. El agua de la embotelladora se trasladaría a una nave industrial por medio de tuberías que se extenderían por todo el espacio natural protegido y que exigía obras de captación en la boca de salida de los manantiales para desviar el agua.

En la práctica el proyecto implicaba introducir una actividad industrial dentro de un espacio natural protegido (LIC de interés prioritario que forma parte de la Red Natura 2000) y además modificar el uso del agua. Del uso público, gratuito y sostenible del recurso, que era y es el sustento de la actividad agrícola de las poblaciones de Taguluche y alrededores, se pasaba al uso privado del mismo por parte de la embotelladora y que luego comercializaría para consumo privado previo pago de una cantidad de dinero. El proyecto de la embotelladora implicaba poner en peligro la actividad principal de dichas poblaciones, además de poner en riesgo la sostenibilidad del acuífero por cuanto que, mientras el uso del agua para cultivo agrícola respeta los tiempos de reposición del acuífero por tratarse de una actividad basada en la tradición y la costumbre, la extracción del agua para su comercialización por métodos industriales incrementaría la presión sobre las bolsas de agua que existen en el subsuelo. El Avance del Plan Hidrológico de La Gomera (1993) ya alertaba de que la cuenca de Taguluche era deficitaria.

En esta situación el Director General de Industria y Energía dependiente del Gobierno de Canarias acordó declarar de interés social el proyecto de envasado de aguas en resolución del 25 de mayo de 1998, sin considerar las opiniones de todos los colectivos que como resultado de la afección del proyecto se declararon en contra del mismo. Tampoco se facilitó un debate público e informado sobre la necesidad de dicho proyecto que además iba a ser financiado por el Cabildo de la Gomera (PSOE) y con el que todas las fuerzas políticas que dominan la vida política de la isla estaban de acuerdo. La declaración de interés social del proyecto permitiría, de facto, obtener la licencia de construcción en suelo rústico ante la Dirección General de Urbanismo, organismo que la concedió posteriormente pasando por alto la legislación del suelo que prohibía expresamente construir industrias en suelo rústico.

Ante este planteamiento los vecinos de las poblaciones afectadas interpusieron un contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). En diciembre del año 2000 el TSJC suspendió la construcción del edificio industrial como medida cautelar y en 2004 dio la razón a los vecinos indicando que “…nunca se puede anteponer el interés social de una industria al Interés General del que goza el espacio natural protegido Lomo del Carretón”. Apoyado en una sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 1992 donde se indica que “no puede la creación de nuevos puestos de trabajo superponerse a los valores ambientales, históricos, paisajísticos y convivenciales” el TSJC declaró ilegal la embotelladora y sentenció que: “Es más, basta aplicar la doctrina del Tribunal Supremo para poder denegar la existencia de un interés social, vimos que no es determinante la creación de puestos de trabajo, máxime lo exiguo de ello, 7 puestos; tampoco un abaratamiento de costo. Pero sobre todo, según el alto Tribunal, no se puede superponer un interés económico a otros valores ambientales.”

Ante esta resolución, el Gobierno de Canarias abandonó el caso mientras que el alcalde, Esteban Bethencourt, decidió continuar el proceso judicial hasta el Supremo. En 2009 el Tribunal Supremo declaró que no ha lugar al recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Valle Gran Rey en contra de la sentencia de TSJC que declaraba ilegal la embotelladora que el Gobierno de Canarias, el Cabildo gomero y el ayuntamiento promovieron y defendieron en contra de los vecinos y de las leyes.

Con esta sentencia la ley demuestra que la instalación de la embotelladora era manifiestamente ilegal desde el punto de vista ambiental, económico y social, lo que deja en muy mal lugar la actuación de las instituciones canarias y la declaración de interés social del proyecto. Declaración arbitraria y oportunista que se utilizó para justificar la idoneidad del proyecto.

En la actualidad aún existe el edificio de la embotelladora de dos plantas con sótano y depósitos de 20.000 m3 para el almacenamiento del agua. Construcción realizada con recursos públicos destinados por el Cabildo de la Gomera y que ahora habrá que derribar o destinar a otros usos también con dinero público.

Referencias utilizadas para elaborar este artículo:

DE LA EMBOTELLADORA DE TAGULUCHE AL PUERTO DE GRANADILLA. Eustaquio Villalba Moreno

LA EMBOTELLADORA DE TAGULUCHE Y LA JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA. Eustaquio Villalba Moreno

Foto 1: Torre de Alta Tensión.

Foto 2: Ricaldo Melchior escoltado por la policía al salir de la manifestación contra las torres de Vilaflor. En www.atan.org/energia/torres.htm

Foto 3: Palmeral Lomo del Carretón. En www.rinconesdelatlantico.com

El minimalismo urgente del Ministerio de Fomento

En esta época de carta de ajuste, la ironía nos asalta con fuerza. Los estados que rescataron con grandes y generosas inyecciones de dinero público hace un año el sistema financiero internacional, maltrecho por el contagio global de las hipotecas subprime, son en la actualidad los que están contra las cuerdas y en manos de los actores de ese mismo sistema financiero que contribuyeron a rescatar. El déficit, la deuda pública y las tasas de paro elevadas amenazan la solvencia financiera y política de esos estados, presos de un sistema económico donde la economía virtual y la financiera dominan sobre la economía real y social.

Fueron necesarias tres reuniones del G-20 (Washington, Londres y Pittsburg) para que los gobernantes allí reunidos hace dos años, emitieran discursos de gran pomposidad y con pretensiones históricas sobre la necesidad de que el sistema financiero internacional tenía que ser regulado en un intento de limitar la libertad (libertinaje) de la que habían disfrutado durante los últimos 25 años. Era la nueva refundación del capitalismo se decía. Se llegaron a comparar estas citas con las reuniones de Bretton Woods celebradas a finales de la 2º Guerra Mundial (¿Qué fue Bretton Woods? El País. 15.12.2008)

Ese sistema pendiente de regulación y refundación es el que ha declarado por medio de sus principales actores, FMI, Banco Mundial, agencias de rating y especuladores varios, es decir, instituciones que están lejos de ser democráticas pero que se inmiscuyen en la soberanía de cada país, que no hay otra alternativa de política económica que recortar el gasto público por medio de la reducción de la inversión y el gasto social. Ni rastro de modificar las partidas de ingresos por medio de una fiscalidad progresiva sobre las rentas del capital más altas, ni hablar de elevar la tributación a las grandes compañías multinacionales que operan en cada país y por supuesto ninguna mención a imponer una tasa que grave los movimientos bancarios con el fin de crear un fondo contracíclico que contribuya a paliar las crisis financieras. Tampoco hay intenciones de tocar el gasto militar o nuestra presencia en Afganistán. Un auténtico y vital ejercicio de pensamiento único. Le han dado la vuelta a la tortilla. Está clara la relación de fuerzas. El resultado más evidente será un recorte de medio punto en la previsión de crecimiento de la economía española para el 2011 (El ajuste del gasto recortará medio punto el crecimiento en 2011)

Con motivo de ese recorte en el gasto público que deberá acometer España en los próximos meses a la medida y el dictado de los organismos que manejan el cotarro financiero internacional, el Sr José Blanco, actual ministro de Fomento del gobierno de España, ha dicho que todas las obras de Fomento se retrasarán al menos un año en un intento de dar preferencia solo a las obras realmente necesarias (Todas las obras de Fomento se retrasarán al menos un año)

Esta invocación fortuita y urgente al minimalismo constructivo, a hacer más con menos con apremio, demuestra implícitamente que aún no siendo necesarias se han acometido muchas intervenciones de difícil justificación económica, social y medioambiental en los últimos años. Ahora, según el ministro, antes de "construir más, debemos ser capaces de sacar mejor rendimiento a las que tenemos"

No sorprenden las palabras del ministro, teniendo en cuenta que el ministerio ha impulsado un plan de infraestructuras descomunal y derrochador de recursos con una inversión en los últimos cinco años que ha pasado de los 10.000 a los 19.000 M €. Además, “El ministro destacó que a partir de ahora se incluirán medidas como un análisis de las previsiones de demanda y de explotación de instalaciones viarias, ferroviarias, aeroportuarias y de los puertos. Esto afectará también a los que se encuentran en fase de redacción, con el fin de "considerar la viabilidad económica de los proyectos y la conveniencia de ejecutarlas por fases, para acomodar así la inversión a las necesidades reales de la demanda". (Fomento cierra el grifo de las obras públicas. Expansión. 20.05.2010)

Celebramos que el ministro haya prescindido del habitual discurso retórico y reconozca que es necesario reconsiderar muchos de los proyectos en redacción aunque solo sea implícitamente y por obligación como producto del plan de austeridad. Lo que sorprende es que esta evocación de la eficiencia haya llegado tan tarde. ¿Es que esto no se hacía antes? ¿Acaso la viabilidad económica de los proyectos no traía aparejada un estudio riguroso de las necesidades reales y de la demanda? ¿Responden los proyectos de infraestructuras a criterios económicos y sociales o a otras consideraciones de índole política? ¿Se utilizan las infraestructuras como moneda política de cambio en algunas comunidades autónomas? ¿Impulsan las grandes intervenciones determinados grupos económicos que mantienen una alta connivencia con el poder político en cada zona?

La realidad es que, como garante del dinero de los contribuyentes y de la eficiencia en la aplicación del gasto que se supone que es, al menos en teoría, el Ministerio de Fomento, no ha sido capaz de proponer planes de infraestructuras menos lesivos con el territorio que los impulsados hasta el momento

Se han echado de menos intervenciones que valoraran, con análisis serios e independientes, la verdadera necesidad de las mismas, proyectos que incorporaran criterios de sostenibilidad ecológica y social, en fin, planes que privilegiaran el carácter cualitativo de las obras y no la bulimia constructiva per se que ha llenado el paisaje español de estaciones de AVE, aeropuertos, soterramientos de vías de transporte, puentes, desdoblamientos de autopistas, circunvalaciones, etc. (Punto final al festín de las obras públicas. El País. 16.05.2010)

En Canarias también se ha vivido una voracidad constructiva desproporcionada en los últimos 15 años, producto del dinero a raudales que ha entrado en las islas con cargo a los fondos de cohesión europeos y de la ausencia total de un debate público que justificara económica, social y ambientalmente muchos de los proyectos planteados. Proyectos impuestos en muchas ocasiones por las administraciones promotoras haciendo un uso erróneo, por no decir fraudulento, de un concepto, el de interés general, muy socorrido cuando de lo que se trataba era de justificar una infraestructura sobre el papel pero sin argumentos precisos e independientes. Es decir, pura retórica institucional de la que daremos cuenta en los próximos artículos.

Foto 1: Highway #1. Los Angeles, California, USA, 2003

Foto 2: Nanpu Bridge Interchange. Shanghai, China, 2004. Edward Burtynsky

Canarias Negra

“Vivimos en lo que se llama una democracia, el gobierno de la mayoría. Un espléndido ideal si fuese posible hacer que funcionara. El pueblo elige, pero la maquinaria del partido nomina, y las maquinarias de partido, para ser eficaces, necesitan mucho dinero. Alguien se lo tiene que dar, y ese alguien, ya sea individuo, grupo financiero, sindicato o cualquier otra cosa espera cierta consideración a cambio”

El magnate Harlan Potter a Philip Marlowe en “El largo adiós”. Raymond Chandler. Pág. 307. Ed Cátedra. Madrid. 2005

Vivimos en una realidad con trazos de la mejor serie negra que emula las brillantes y sobresalientes tramas narradas por Hammett y Chandler. Pero la realidad siempre supera a cualquier clase de ficción. De un tiempo a esta parte (quizás siempre estuvieron ahí, solo que ahora se hacen más evidentes) proliferan personajes del poder económico que corrompen el interés público de algunos de los miembros más conspicuos del poder político a base de regalos como contraprestación a la adjudicación de contratos. Tesoreros de algunos partidos políticos están presuntamente implicados en turbias tramas de financiación irregular. Protagonistas de la alta política (que no hace mucho defendían un plan hidrológico nacional basado en obra hidráulica) son imputados por cohecho, malversación, blanqueo y delito electoral y confiesan en televisiones públicas que no es una excepción que lo presupuestado en muchos proyectos públicos se exceda como norma. Importantes elementos del poder judicial serán sentados en el banquillo de los acusados por colectivos de la extrema derecha tributaria del franquismo, en el mismo instante en que ese mismo juez destapa uno de los mayores casos de corrupción que apunta al centro de la actual oposición española.

Y mientras todo eso ocurre los dos grandes partidos de este país continúan rechazando de mutuo acuerdo las iniciativas propuestas por la izquierda parlamentaria de tipificar como delito la verdadera esencia de la cuestión, la financiación ilegal de los partidos, que ni siquiera es delito. Porque, no nos engañemos, en esta sociedad democrática desconocemos por completo las tripas de los partidos que nos gobiernan, convirtiéndolos en uno de los entes más oscuros y opacos del sistema, lo que constituye un verdadero problema democrático.

Tampoco falta la necesaria dosis de cinismo y propaganda del aparato de los grandes partidos respecto a la limpieza de sus miembros imputados, apelando a la presunción de inocencia desde una posición, la del político, cuyo nivel de responsabilidad pública debería obligarle a tener en alta consideración aspectos tales como la dimisión, el comportamiento ejemplar y la renuncia al puesto ante el menor indicio de sospecha fundada. No sorprende por tanto, que en la última memoria del fiscal general del Estado, se indique que hay abiertas 720 causas judiciales contra cargos públicos, de las que unas 500 corresponden al PSOE y al PP. Todo ello viene a constatar que la corrupción no es, ni mucho menos, una anomalía del sistema. Todo lo contrario, se trata de un tumor con metástasis que está en el mismísimo corazón del sistema, pervirtiendo su funcionamiento y degenerando su naturaleza. La problemática se extiende a las penas por corrupción. No hay más que echar la vista atrás y analizar las condenas de los imputados por casos de corrupción para concluir que las conductas corruptas salen muy baratas. En los últimos 10-12 años se han extraído más de 4.158 millones de euros según se deduce de las memorias de la Fiscalía Anticorrupción y muchos de los condenados han cumplido condenas irrisorias además de ser readmitidos por sus partidos una vez cumplidas las condenas (“La corrupción política ha sustraído al menos 4.158 millones en 10 años” ).

En Canarias la situación no es diferente. Se mantienen causas abiertas contra representantes de los tres grandes partidos en las islas lo que nos indica que meter la mano en la caja no es cosa de ideologías. A izquierda y derecha e incluso en posiciones nacionalistas, cuando se trata de dinero, parece que la única ideología que rige el comportamiento es la del dinero fácil y si puede ser público mejor. El caso Teresitas, el caso Arona, el caso eólico, el caso Tindaya, las irregularidades destapadas en Mogán o Telde en Gran Canaria, y el desaguisado que ocurre en Lanzarote, con la operación Unión y Jable, que dejan más de 50 detenidos (“La semana de la operación Jable´”. La Provincia. 24.04.10) así lo atestiguan.

En una sociedad como la actual, con grandes desequilibrios económicos y sociales y una simbiosis tan fuerte entre el poder económico y el político conviene fortalecer los principales elementos constitutivos del poder judicial para avanzar en la constitución de una sociedad más justa y democrática decidida a compensar la natural tendencia del poder económico a concentrarse y extenderse.

Nos referimos a trabajar por la independencia de los tribunales superiores de justicia y apoyar sin concesiones las actividades de los fiscales anticorrupción en todas aquellas actuaciones irregulares susceptibles de investigación.

También parece indiscutible la necesidad de respaldar la acción de los juzgados de primera instancia o de instrucción de cada territorio. Se trata de los órganos más cercanos a la población y a la unidad administrativa más sensible a los casos de corrupción, los ayuntamientos, por cuanto que son las administraciones locales las que tienen la llave del negocio al ser éstas las que en última instancia autorizan las recalificaciones de terrenos.

En suma, como procedimiento fundamental parece necesario contribuir a despolitizar el poder judicial y respetar la separación de poderes, esencia de la auténtica democracia. No parece de recibo que en un sistema que se dice democrático se coarte continuamente la acción de los jueces. Las continuas referencias a la adscripción ideológica de los magistrados por parte de ciertos medios y de muchos políticos o la exigencia de algunos partidos de renovar a los miembros de sus órganos supremos cada vez que se dictan sentencias que no son favorables a sus intereses, nos muestran intenciones denodadas de la clase política y de algunos medios de comunicación dirigidas a desprestigiar y debilitar la autonomía del poder judicial.

Todo ello complementado por el apoyo a la acción fiscalizadora del Tribunal de cuentas como entidad encargada de comprobar si la actividad económico-financiera del sector público respecta los principios de legalidad, eficiencia y economía.

En esta tarea de construir una sociedad más justa y democrática, juega un papel fundamental la influencia y el empuje de una Sociedad Civil activa, dinámica y exigente que sea capaz de influir en las agendas políticas y económicas reivindicando mayor participación social en las principales decisiones que se toman como modo complementario de ejercer un contrapeso sobre las derivas del poder económico y político. Al fin y al cabo es la Sociedad Civil junto con los demás agentes que conforman la Sociedad, los últimos afectados por las decisiones que se toman al más alto nivel político y económico. Pero esto será objeto de otro artículo posterior.

Un comentario final.
En el artículo de El País, publicado el domingo 16.05.2010 y titulado "Jueces bajo sospecha" aparece una interesante reflexión que profundiza en la idoneidad de que los medios de comunicación y los propios partidos políticos etiqueten a los miembros del poder judicial desde el punto de vista ideológico, lo que profundiza en la politización de la Justicia y contribuye a que los jueces, en su labor de dictar sentencias, lo hagan bajo sospecha de parcialidad, lo que supone desestabilizar su independencia y menoscabar el sistema democrático.

Deepwater Horizon, Canarias y la Sociedad del Riesgo

“…la miseria es jerárquica, el smog es democrático”

“Los riesgos afectan más tarde o más temprano a quienes los producen o se benefician de ellos”

La sociedad del riesgo. Ulrich Beck. 1986.

En el año 2008, alentado por los elevados precios del petróleo, Repsol YPF, recuperó la idea de que al este de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, a unos 50 km de distancia, podía existir una gran bolsa de hidrocarburos con más de 1.000 millones de barriles de petróleo. Cifra que según las estimaciones de la petrolera equivalían a todo el consumo nacional de petróleo durante 2 años. (“Repsol cree que podría haber 1.000 millones de barriles de petróleo en Canarias”. Canarias 7. 11.06.08). La petrolera se apresuró a solicitar la ampliación de los permisos pertinentes para continuar realizando estudios concretos y prospecciones en la zona. No se trataba de un proyecto nuevo. En el año 2001 el gobierno del PP presidido por José María Aznar autorizó inicialmente las prospecciones que luego fueron anuladas por el Tribunal Supremo por entender que incorporaban un defecto de forma en la solicitud de los permisos. Al parecer no respectaban las normas medioambientales.

Afortunadamente el actual gobierno central manifestó su oposición al proyecto a esta segunda intención de la petrolera de iniciar las prospecciones y en todo caso se declaraba partidario de que estuviese sujeta al consenso social y político entre todas las partes implicadas. Los grupos ecologistas apoyados en parte por los socialistas regionales fueron los únicos que manifestaron una oposición rotunda a la propuesta, mientras que CC y PP mantuvieron posturas más ambiguas.

Un proyecto, que tampoco se nos escapa, podía consistir en una simple iniciativa por parte de la petrolera española de buscar una revalorización en la cotización bursátil de la segunda compañía nacional, en un sistema donde la economía financiera y especulativa dicta las normas a la economía real. Sin embargo, de realizarse, el proyecto incorpora un obstáculo adicional; la bolsa de hidrocarburos estaría situada en el límite de las aguas entre España y Marruecos cuya jurisdicción reclama el país africano, lo que se presenta como el principal escollo a superar ya que exigiría negociar con el controvertido gobierno marroquí la delimitación de las aguas territoriales.

Lo que ha ocurrido el pasado 20 de abril en el Golfo de México nos muestra con toda su crudeza que no podemos pasar por alto el riesgo que un proyecto de estas características tendría para Canarias y que está emparentado con otra iniciativa que presenta características similares y que consiste en instalar una central nuclear en Marruecos a solo 200 km de las islas más orientales de Canarias (“La posibilidad de una central nuclear en Marruecos despierta la reacción de los partidos canarios).

La catástrofe ecológica que va a tener lugar en el Golfo de México tiene su origen en la explosión y hundimiento de la plataforma petrolera Deepwater Horizon cuyo propietario es la compañía Transocean pero su gestión corre a cargo de British Petroleum (BP) (Las autoridades de EE UU cierran dos plataformas en el golfo de México por seguridad). La plataforma contenía 2,6 millones de litros de petróleo en depósito y extraía cerca de 1,27 millones de litros por día. En el accidente han desaparecido 11 trabajadores que se han dado por muertos. El pozo submarino desde donde se extrae el crudo tiene tres filtraciones que están provocando la expulsión de unos 5.000 barriles de petróleo al día. Este dato, que en un principio solo se cifró en 1.000 barriles al día pero que algunos expertos estiman en unos 40.000 barriles diarios, situaría la catástrofe en la más grande de la historia, superando incluso al hundimiento en 1989 del Exxon Valdez frente a las costas de Alaska.

La Tierra sangra oro negro en el Golfo de México a mar abierto y la metáfora es ilustrativa. Una historia recurrente en esta Sociedad del Riesgo parafraseando al Ulrich Beck. Una empresa, BP, incapaz de cerrar la herida del Planeta a más de 1,5 km de profundidad. Un vertido de proporciones gigantescas que amenaza con contaminar las costas de Luisiana, Misisipi, Florida, Alabama y Texas. Las del estado de Luisiana ya fueron castigadas en el 2005 por el huracán Katrina y se trata de una zona con gran diversidad de vida marina que alberga gran parte de la producción pesquera de EE.UU. En la zona no sólo hay un área de descanso para más de un 70% de las aves acuáticas, sino que en ella se pesca el 50% de la producción de gambas salvajes, el 35% de los cangrejos azules y el 40% de las ostras de Estados Unidos además de contener la Reserva Nacional Breton y la Reserva Nacional Pass a Outre. Un planeta esquilmado por el hombre que adelgaza a tiempo record por un sistema de producción basado en la quema de combustibles fósiles. Un modo de producción claramente obsoleto. Unas reservas de petróleo que llegan a su fin.

El accidente debe hacernos reflexionar de una vez por todas de hasta qué punto los riesgos derivados de esta etapa del capitalismo no son solo “incuantificables sino incontrolables, indeterminables e inatribuibles” (“La irresponsabilidad organizada”. 1991. Ulrich Beck) y que otro suceso, esta vez de origen natural, se ha encargado de mostrarnos en las últimas semanas. La erupción en Islandia del volcán Eyjafjalla, colapsó por completo las líneas aéreas de medio mundo por la expansión de una gigantesca nube de cenizas que ocasionó pérdidas multimillonarias al sector y a muchas empresas cuyo suministro se realizaba por vía aérea.

La mayor parte de estas amenazas, (las centrales nucleares y la energía atómica representan el culmen de este tipo de catástrofes) presentan dificultades explícitas para delimitar su impacto desde el punto de vista espacio-temporal y desde el punto de vista social, característica definitoria fundamental de esta sociedad postindustrial. ¿Cómo cuantificar su impacto o se puede cuantificar si quiera? ¿Cómo delimitar sus responsables en un sistema donde la asignación de responsabilidad se diluye en un entramado burocrático altamente organizado? ¿Cómo recuperar las zonas afectadas ante unos riesgos sobre los que no hay protección y donde se desconocen las consecuencias inmediatas de esos riesgos no conocidos? ¿Hasta qué punto los informes de impacto ambiental son elementos de evaluación de los riesgos reales o no son más que meros instrumentos no independientes que avalan proyectos cuyos riesgos se subvaloran o simplemente se ignoran? Según publica el diario El País en “Obama se enfrenta a la marea negra”.

"…se ha tenido acceso a documentos de BP que, en 2009, aseguraban que las posibilidades de un suceso que provocara un vertido masivo de crudo eran "poco probables" o "virtualmente imposibles". En el análisis de impacto medioambiental que cita la agencia Associated Press, la compañía admite que un derrame de crudo podría afectar a las playas, los pantanos y la flora y la fauna del lugar, pero argumenta que "debido a la distancia que está de la costa (77 kilómetros) y la capacidad para responder que se tiene, no se esperarían impactos adversos significativos"

Si esto se confirma parece evidente que el análisis de impacto medioambiental mencionado no solo ignora deliberadamente los peligros probables que podía generar el proyecto sino que se convierte en una herramienta que habilita el desarrollo del proyecto con argumentos de dudosa profesionalidad. Lo que apoya la tesis de Ulrich Beck:

"…cuantificación, responsabilidad, compensación, previsión. No son más que conceptos vacíos; en última instancia, la seguridad política y social acaba descansando en una sobrevaloración de las posibilidades de la técnica. Para comprender la actitud de los sistemas políticos frente a los inmensos riesgos contemporáneos es necesario, (…) reparar en la contradicción social existente entre burocracias altamente desarrolladas y encargadas de la seguridad y la previsión, por una parte, y la legalización abierta y despreocupada de riesgos de magnitud hasta ahora desconocida, por otra"

Beck, Ulrich. (1991), “La irresponsabilidad organizada”, Debats, Marzo-Junio, pp. 30-37.

Burocracias y entramados de organizaciones que sirven para descargar de responsabilidad a los causantes de estos riesgos, diluyéndola en una urdimbre de expertos y subcontrataciones que les permite trasladar las consecuencias de esos riesgos al resto de la sociedad. Algo de esto se detecta ya en el caso de BP;

"Somos responsables", dijo ayer Tony Hayward, el consejero delegado de la compañía. Sin embargo, Hayward quiso matizar que su responsabilidad se limitaba a "la limpieza y el control de la fuga de crudo" y que, "en el peor de los escenarios", esto último podría tardar "hasta tres meses” (…) Bajo una ola de críticas que no para de crecer, todos y cada uno de los actores hacia los que se puede dirigir un dedo acusador están estos días intentando limitar su culpa o mirar para otro lado (…) Cierto es que la antigua British Petroleum acepta su responsabilidad pero a continuación matiza que la maquinaria que falló en la plataforma y condujo al vertido era propiedad de la empresa Transocean, dueña de Deepwater Horizon, operada por BP. O sea: no son culpables del accidente. "No vamos a especular", se informó desde Transocean a través de un comunicado que concluía así: "Esperaremos a tener conocimiento de todos los hechos para sacar conclusiones".

“BP admite que sellar la fuga de crudo puede llevar tres meses”. El País. 04.05.2010

En la zona en la que se pretendía llevar a cabo las prospecciones y posterior extracción de crudo en Canarias se desarrollan dos fenómenos naturales que provocaría que todo tipo de contaminación derivada de dicha actividad terminase alcanzando las costas Canarias. Por un lado, un viento constante dirección noreste provocado por los vientos alisios procedentes del Anticiclón de las Azores. Por otro lado la corriente marina fría de Canarias que desarrolla un itinerario norte-sur entre la costa de Marruecos y las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Además, se podría ver afectado el abastecimiento de agua potable realizado en las dos islas más orientales a partir de la desalación de agua de mar desde los años 60. Todo ello sin mencionar la principal actividad de la que vive Canarias, el turismo de sol y playa que representa más del 70% de la actividad económica canaria.

El dramático accidente ocurrido en el Golfo de México y las especiales condiciones en las que se encuentra Canarias debe posicionarnos en contra de este tipo de proyectos que por un lado suponen perpetuar un modelo de desarrollo obsoleto abocado al fracaso en un plazo de tiempo que cada vez está más cerca, y por otro lado implican unos riesgos de tal magnitud que hace recomendable reivindicar el principio de precaución como iniciativa preliminar para estudiar otro modo de hacer las cosas y de investigar la adopción de otros sistemas de producción alternativos menos agresivos con la naturaleza porque:

“…la naturaleza ya no puede ser pensada sin la sociedad y la sociedad ya no puede ser pensada sin la naturaleza”

Beck, Ulrich. (1986), La sociedad del riesgo. Ed Paidós

Un comentario final

En el artículo publicado el 11.05.2010 en el diario El País titulado "Cruce de acusaciones por el vertido en el Golfo de México" se muestra claramente como la tres compañías implicadas en el accidente de la plataforma petrolífera, a saber, Transocean (propietaria de la plataforma), BP, (petrolera) y Halliburton (encargada de sellar los pozos abiertos) se dedican a lanzarse acusaciones de negligencia en las audiencias organizadas por el senado de EE.UU. que intentan esclarecer las razones y los responsables del accidente. La actitud de los tres principales actores persigue liberarse de la responsabilidad del accidente. No es más que una muestra clara de la irresponsabilidad organizada que mencionábamos más arriba, donde las compañías que generan los riesgos están inmersas en un entramado de subcontrataciones, vacíos legales y ausencia de protección medioambiental con límites legales de contaminación que junto con la falta de verdadera voluntad política de control se termina por protejer de forma indirecta a los que potencian o comenten esos delitos. Veremos cómo termina este asunto pero no tiene visos de que las compañías implicadas en el accidente sufran un castigo ejemplar tal y como pasó con el vertido en Aznalcollar por parte de Boliden o las compañías que fletaban el Prestige. Mientras tanto el vertido de petróleo ya ha tocado las costas de EE.UU. Particularmente ilustrativo es lo publicado el día 13.05.2010 en el diario El País en el artículo "La planta de BP no superó un examen rutinario de control" donde se indica que:

"Por el derecho a explotar el yacimiento Misisipi Canyon Area, en el cuadrante MC 252, BP pagó al Gobierno federal 26 millones de euros. De ese dinero, ni un céntimo fue a parar a las arcas del Gobierno de Luisiana, que ahora se enfrenta a un desastre antológico"

Lo cual demuestra que en muy pocas ocasiones las zonas donde se desarrollan las prospecciones se benefician de los ingresos que genera la extracción.